> Anomalías confirmadas > Caza de brujas
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La diputada morenista Gabriela Torres, y la bancada guinda en general, confirmaron la serie de anomalías que rodearon la iniciativa de modificación constitucional en torno a los nuevos requisitos para elegir a la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
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Exclusiones, apresuramiento en el trámite, falta de claridad en los motivos de la reforma, incertidumbre sobre si en realidad se celebraron todas las sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales, inconsistencias en los dictámenes, fueron algunas de las irregularidades que la bancada morenista expuso en un posicionamiento publicado minutos antes de que se celebrara la sesión.
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Sobre la celeridad, habría que apuntar que una velocidad para concretar el proceso legislativo de esa iniciativa sólo se ha visto en las propuestas en las cuales el Palacio de Gobierno tiene especial interés, como la aprobación de la Ley Serrano, su derogación o el mismo proceso que siguió la reforma que obligaba a proponer sólo candidatas mujeres a la gubernatura en la próxima elección y su posterior veto.
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Por ahí se podría calcular el origen del interés sobre la aprobación de esta reforma.
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El Congreso del Estado abrirá una "cacería de brujas" para encontrar la fuente de filtraciones documentales que, según el diputado que hizo el anuncio, el verde Héctor Serrano Cortés, se realizan con fines partidistas.
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La polémica sobre la renovación de los requisitos que deberá cubrir la persona encargada de la FGE tuvo, entre otros factores generadores, la publicación de dos versiones del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya validez fue puesta en duda por la bancada morenista.
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Esto fue interpretado por la bancada oficialista como la filtración que favorecía a la oposición.
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Al darle ese ingrediente político a la denuncia, más que por una infracción contra los
procedimientos legislativos, parece que el enojo es porque la revelación documental afectó la imagen oficialista.
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Llama la atención este repentino interés legislativo sobre las filtraciones documentales en organismos públicos, cuando en casos anteriores, ha guardado el más absoluto silencio, como cuando los medios detonaron la investigación de la Fiscalía General del Estado, un caso de violación de una alumna de la Facultad de Derecho en la UASLP, una organización que ha enfrentado los ataques del gallardismo.
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La indignación selectiva contra las filtraciones, dependiendo si afecta o no al grupo político dominante, luce más como un arrebato oficialista.
