> Bajo sospecha > Transporte riesgoso

El gobierno del estado lo volvió a hacer. El viernes pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una ceremonia para dar el banderazo de arranque a la construcción de la ampliación de la Vía Alterna, entre los ejes 122 y 140 de la Zona Industrial.

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El ceremonial fue el usual, triunfalismo, cifras alegres y autoelogios. Lo único que faltaba era el contrato de la obra.

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De acuerdo con el cronograma de la Secretaría de Desarrollo urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), todavía quedaban hasta tres fases dentro de todo proceso licitatorio: la presentación y la apertura de las propuestas de las empresas interesadas en el contrato, que son cinco; el fallo y la firma del contrato.

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La primera de esas fases que han sido relegadas estaban previstas a concretarse en esta semana que inicia y la firma del contrato estaba programada hasta dentro de tres semanas, en la última de julio.

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No se ve una explicación para este montaje, así como tampoco la hubo para tres ocasiones anteriores en que el gobierno gallardista incurrió en la misma maniobra.

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Esta práctica se inauguró con el proyecto insignia de este gobierno, la Arena Potosí. En abril de 2023, se empezaron a erigir varias columnas semanas antes de que se firmara el contrato, lo que ocurrió en mayo.

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La táctica se repitió en marzo de 2025 en el puente vehicular en el cruce del Periférico Oriente y la carretera a Rioverde. El arranque de la obra se dio cuando el contrato se firmó hasta el 10 de abril

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El más reciente apresuramiento ocurrió con el paso a desnivel construido en el cruce del Circuito Potosí y la Avenida de las Torres. La inauguración se dio en febrero, aunque la licitación se concretó semanas después.

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Irregularidades en el proceso licitatorio, prisas, maniobras de calendarización presupuestal o simplemente adelantar eventos porque la agenda está muy floja o hay que distraer la atención de un tema incómodo. A saber cuáles son los motivos por los que el gobierno gallardista reincide en esta p´ractica. Pero suena muy irregular.  

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La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoce el alto grado de irregularidad que presenta el negocio del transporte de personal.

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Tres de cada cuatro unidades opera sin cumplir las normas, reconoce la dependencia que tiene la responsabilidad de controlarlo. Lo anterior no deja muy bien parada a la dependencia.

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Ya que reconoció que no tiene el control, la SCT haría bien en intentar recobrarlo. Los accidentes de unidades de transporte de personal irregulares, algunos de ellos mortales, no han sido infrecuentes.

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Si escapan a la regulación, también es muy probable que tampoco cumplan con las disposiciones en materia de seguridad.