> Con razón > Mano blanda
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Cuando se analiza la situación de la terrible opacidad que afecta a la difusión de la información pública, las declaraciones del comisionado presidente de la agonizante Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), Gerardo Navarro, arrojan mucha luz.
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Sin mucho futuro en el cargo, el presidente de la CEGAIP señaló que las dependencias que ocultan información tienen luz verde para hacerlo bajo el pretexto de que, de estar en proceso de fiscalización, pueden reservar sus datos hasta que la autoridad revisora concluya con su labor, para evitar que la "difusión anticipada" pueda tener un carácter "tendencioso", término demasiado nebuloso para usarlo como justificación, o "utilizarse para otros fines", algo aún más indefinido.
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También lo exhibe el desconocimiento sobre las solicitudes de información bloqueadas por la reserva de información ni la duración de esas reservas.
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Lo cierto es que la normatividad que aún está vigente, tanto federal como local, establecen que una auditoría no justifica en automático la declaratoria de reserva.
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Y aún así, documentación como los contratos, facturas y expedientes de adquisiciones y obra pública, al ser considerados como documentos fuente, generados antes de la fiscalización, no podría ser declarada como reservada.
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Que el presidente de la CEGAIP justifique estas decisiones es un fuerte indicativo del lamentable estado del derecho a la información pública en el estado.
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La Contraloría General del Estado busca la paja en el ojo ajeno, cuando tiene una enorme viga incrustada en el propio.
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Ayer estableció que se coordina con el obsequioso Instituto Superior de Fiscalización del Estado (IFSE) para investigar el costo "real" del puente del bulevar Jacobo Payán Latuff, que construye el ayuntamiento capitalino.
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El problema, por cierto, lo inició el titular de la dependencia, Arturo Aguiñaga, cuando le mandó al gobernador Ricardo Gallardo el presunto costo de la obra, que no coincide con lo establecido en los documentos que la propia CGE administra, como los que maneja el Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental, que desmintieron el presunto sobrecosto.
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Y mientras aplica la justicia a secas a los rivales políticos del gallardismo, trata con una excesiva mano blanda a instancias como el patronato de la Fenapo, que se escuda cada que puede en las auditorías para ocultar los contratos que otorga, o la Seduvop, que simplemente se olvidó de registrar sus documentos en el sistema que maneja la CGE.



