> Efecto inesperado > Oportunidad perdida
El tiempo es uno de los factores más relevantes a la hora de sopesar el impacto de los hechos en una sociedad. Y esto aplica incluso en el caso de una tragedia causada por la actividad criminal.
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El décimo quinto aniversario del ataque de un comando criminal a funcionarios del gobierno de Estados Unidos en la carretera 57, en territorio de Santa María del Río, da la oportunidad para recordar el infierno que vivía el estado entonces.
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En 2011 se registraron 402 homicidios dolosos. Y ya en febrero de ese año, el mes del atentado, ya iban 64. Más allá de las cifras, era el tiempo en que los potosinos enfrentaban el miedo de salir a la calle o a la carretera, de los tiroteos a plena luz del día, de la difusión de los espeluznantes videos de las ejecuciones de aquellos cuyos cuerpos aparecerían luego en los baldíos, de la amenaza directa a la prensa.
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¿Estamos mejor hoy? No tanto como se desearía. En 2011 se contaron oficialmente 37 mil 308 delitos. El año pasado se convirtió el de mayor actividad criminal desde que se registra la estadística, en 1997, con 60 mil 68 crímenes.
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Pero hay que reconocer que la confusión de un puñado de criminales que, por querer robar una camioneta, generaron un conflicto con el gobierno más poderoso del mundo, quizá le evitó más sufrimiento a los potosinos.
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Porque la presión contra ellos, y la propia decisión de la cúpula del grupo delictivo dominante, borró del mapa a los que quizá fueron los jefes de plaza más sanguinarios que se recuerden.
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No es que se San Luis se hubiera convertido en un paraíso pacífico después de eso, ni siquiera lo es ahora. Pero sí fue notoria la disminución de la brutalidad con que se venía manejando la actividad delictiva, en especial si se recuerda la espiral delictiva en que se hundieron otros estados en donde ese grupo conservó su estructura.
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A veces, las consecuencias de hechos fortuitos, incluso los más siniestros, generan efectos inesperados.
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El Congreso perdió una oportunidad de refrescar el anquilosado formato de las comparecencias de funcionarios estatales después de los informes de gobierno.
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El diputado Marco Gama presentó una iniciativa de reforma del Reglamento del Congreso para incluir que todos los diputados, individualmente, o las fracciones tuvieran la oportunidad de cuestionar a los funcionarios, además de limitar el número de funcionarios comparecientes a dos por día.
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Pero para evitar que la Junta de Coordinación Política prohibiera el control de un acto que cada vez es menos interesante, la iniciativa fue desechada.
