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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una controversia constitucional presentada por el ayuntamiento capitalino por el bloqueo de la Contraloría General del Estado a 14 de sus obras exhibe a la dependencia estatal.

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Esto debido a que confirma que incurrió en una omisión que retrasó el desarrollo de estos proyectos, una situación de la que el gobierno de Enrique Galindo Ceballos se ha venido quejando.

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Una de las fases del proceso que sigue una obra pública municipal es someterse al escrutinio de la CGE, que verifica el cumplimiento de los requisitos administrativos que exige la normatividad.

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Tras el examen, la dependencia emite un dictamen de no objeción para que siga el proceso o le hace observaciones que son informadas a los ayuntamientos para que las resolvieran.

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En el caso de la capital, varias de estas obras, incluyendo la del paso vial en El Saucito, estaban detenidas porque la CGE no emitía el documento de no objeción ni hacía observaciones. La acción se enmarca en la tirante relación ente los gobiernos de Galindo Ceballos y Ricardo Gallardo Cardona.

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Contra esa omisión, la alcaldía presentó una controversia constitucional ante la SCJN. También tenía otros reclamos, como las acciones para evitar reintegrar casi 50 millones de pesos de origen federal por la caducidad de los trámites o la anulación de requisitos que el ayuntamiento alega son improcedentes.

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La SCJN sólo le concedió a la alcaldía la orden a la CGE para destrabar los trámites. Pero no es un logro menor. Quizá Galindo Ceballos incluya en su informe el destrabe de alguna de estas obras.

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El reporte del Inegi sobre el crecimiento del parque vehicular en la entidad demuestra que San Luis, particularmente la capital, es territorio "cochista", y eso se refleja en que la inmensa mayoría de las obras viales están centradas en los vehículos automotores.

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Esto actúa en detrimento de peatones y ciclistas, que todavía padecen los efectos de esta omisión.

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No obstante la preferencia por la infraestructura vehicular, el arribo de nuevos autos colapsa las vías, lo que incrementa los embotellamientos. 

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Urge que las autoridades gestionen la política de infraestructura y reequilibren los beneficios hacia el sector peatonal y ciclista de la población.   

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La ruptura entre Morena y el partido del Trabajo parece decidida. El comisionado especial petista en San Luis, Gerardo Acosta, lanzó críticas al proceso de selección de precandidatos establecido por Morena, alegando que hubo exclusión a su propuesta, el polémico empresario Gerardo Sánchez Zumaya.

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Al señalar que en el PT potosino y en la dirigencia nacional de ese partido hay respaldo "total y absoluto" hacia Sánchez Zumaya, el partido apunta a que ya abandonó la alianza con Morena.