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Preguntas y respuestas
Las consultas ciudadanas se han convertido en el talón de Aquiles jurídico del Ejecutivo y del Congreso del Estado.
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En especial las ligadas a las reformas electorales.
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Su más reciente versión no sólo fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el nuevo partido Somos México, sino también por el gobierno federal.
Se entiende que un partido político lo hiciera, pero que interviniera la autoridad federal implica un desafío mucho más complejo.
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Un rompecabezas que el Congreso, como institución, lleva años sin poder resolver.
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Y es que no es la primera vez que la reforma legal se impugna ante la SCJN.
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En 2020 ya había sido invalidada precisamente por fallas en la celebración de las consultas públicas. En ese año, la SCJN declaró inconstitucional la totalidad de la legislación electoral por la ausencia de consultas.
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En 2022, la Corte anuló nuevamente varias disposiciones al considerar insuficiente el procedimiento realizado.
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Y aunque el plazo para cumplir esa resolución venció en octubre de 2025, las consultas no se realizaron y, en 2026, el Congreso aprobó nuevas modificaciones que ahora son impugnadas tanto por Somos México como por el Ejecutivo federal.
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Resulta muy preocupante que ante esta serie de fracasos, ni en el Congreso ni en Palacio de Gobierno hayan aprendido cómo salir del bucle de error. Y están pagando el costo.
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Ayer, el Mercado República fue escenario de un amago de violencia política que puso en evidencia la absurda situación que provocan los actos adelantados de campaña y justifica dramáticamente la aplicación de una decisión que nadie quiere tomar: evitar la ocurrencia de estos actos.
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El aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Gerardo Sánchez Zumaya, visitó ayer el mercado. El recorrido fue interrumpido por un grupo de personas que de los gritos, pasó a los jaloneos. En el boletín de la denuncia, el equipo del empresario afirmó que hubo agresores que lanzaron gritos a favor del alcalde Enrique Galindo Gallardo.
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El edil se deslindó y, a su vez, reveló que los grupos de agresores provenían de anexos cercanos y, peor aún, les habían pagado para hacerlo.
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Lo anterior sugiere que un tercero no identificado quiso pescar en aguas revueltas, enviando un falso ataque para afectar a dos rivales. No es difícil suponer el origen.
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El caso es que ahora no sólo tenemos actos adelantados de campaña, sino también ataques a estos eventos. Lo paradójico es que ni uno ni otro, es decir, el evento de Sánchez Zumaya ni el intento de sabotaje, deberían de haberse realizado, porque los tiempos de campaña están aún muy lejos.
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Pero todos los aspirantes, ninguno se salva, han arrancado antes de tiempo, sin ninguna consecuencia.
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Esto porque las autoridades electorales, en lugar de imponer la normatividad, o crear la que se necesite, se han quedado pasmadas, convirtiéndose sólo en testigos.
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El roce de ayer demostró lo riesgoso que es que las autoridades no actúen y partidos y candidatos pongan sus intereses por encima de la ley.
