> Reto al Ceepac > El desquite
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Preguntas y respuestas
Quién sabe si en el Ceepac, cuando establecieron que no investigarían si la celebración de los 20 años de gallardismo eran o no un acto adelantado de campaña, a menos que existiera una denuncia específica, previeron qué hacer en caso de que esa condición se cumpliera.
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El abogado Luis González Lozano asumió esa tarea y el Ceepac ya recibió la querella, que involucra al PVEM, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva, acusándolos de promoción adelantada, uso de recursos públicos, además de coerción y dádivas para asegurar una copiosa asistencia.
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El balón está del lado del Ceepac, que, sin embargo, ya empezó a matizar algunos ángulos, luego de que puntualizara que no podía actuar de oficio para investigar.
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Esto cuando señaló que habría diferencias entre un evento legítimo y uno adelantado. La disposición del órgano electoral local estará a prueba en estos días y definirá si el Ceepac tiene voluntad para sancionar cualquier conducta irregular o la dejará pasar.
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La Secretaría de Finanzas está por abrir su temporada de caza de causantes omisos que no abran su buzón tributario, una "innovación" fiscal conocida a fines del año pasado, que cobró vigencia con la Ley de Hacienda de este año.
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Ya cerca la fecha límite para abrir esa herramienta fiscal, la Sefin deberá ofrecer la información que sea necesaria a los contribuyentes para evitar la generación de onerosas multas.
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Secuela del hundimiento de la Ley Serrano es la situación de las dos creadoras de contenido que fueron encarceladas gracias a los artículos reformados y los que creó esa reforma al Código Penal.
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La Constitución prevé el principio de retroactividad en beneficio, cuando éste ayude al sentenciado. Si se determina que este es el caso, sus efectos inmediatos serían la extinción de las penas que se le impusieron, y que, de acuerdo a la información que se conoció, fueron la prohibición de salir del estado, la obligación de firmar en un juzgado y, las dos más relevantes, la prohibición de recurrir a la conducta sancionada y la reparación del daño.
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Adicionalmente, con el delito inexistente, no tendrían registrados antecedentes penales.
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El alcalde Enrique Galindo, opositor declarado a la Ley Serrano, sugiere que las afectadas tramitaran una indemnización, pero eso dependería de la decisión de las detenidas.
