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> Será por eso > Acertada petición

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.

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Desde hace ya muchos años un mal aqueja a la ciudad en relación a la procuración de justicia. Una mínima parte de los delitos cometidos se denuncian y de ellos menos aún terminan judicializados.

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Es un lugar común hablar de la desconfianza que hay entre los afectados por el hampa

en acudir ante un agente del Ministerio Público para formalizar su querella y cuando llegan a hacerlo las investigaciones avanzan...si es que llegan a ser iniciadas. No lo sabemos de cierto, pero las cifras de impunidad en México deben ser de las más altas en el mundo mundial.

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Por ello resultan reveladores estudios como los de México Evalúa que buscan dar con algunas de las causas de este aparente desdén por parte de las autoridades de procurar el llamado pomposamente "Estado de Derecho" y que no es más que un anhelo cada vez más lejano.

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La organización presentó su reporte "Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México", en el cual analiza las capacidades tecnológicas de las fiscalías del país en tareas de investigación del delito y en la integración de casos con solidez probatoria para su presentación en juicio.

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Explica la organización que el mencionado estudio se elaboró a partir de cuestionarios respondidos mediante solicitudes de acceso a la información por parte de las fiscalías del estado y las de San Luis son poco alentadoras.

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La FGE potosina reportó que apenas y cuenta con seis herramientas digitales, pero no precisó si dispone de un sistema de geolocalización o de seguimiento en tiempo real de sus patrullas. Tampoco señaló si tiene o no sistemas de monitoreo de cámaras corporales. Ello orilla a pensar que los agentes potosinos, muy probablemente ni siquiera cuentan con este tipo de herramientas.

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El informe advierte que, pese a tratarse de herramientas tecnológicas básicas, su implementación no figura como una prioridad en diversas fiscalías estatales, entre ellas la potosina.

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También preocupante resulta el dato de que en materia de sistemas de identificación facial, la Fiscalía de San Luis Potosí se encuentra entre las 19 entidades que reportaron no contar con este tipo de tecnología. No hay herramientas para desbloquear y extraer información de teléfonos celulares, rastrear direcciones IP, levantar denuncias en el lugar de los hechos ni tampoco hay equipo para realizar análisis masivo de datos relacionados con casos de investigación. Para llorar. ¿Será por eso que no avanzan las poquísimas investigaciones de las poquisísimas denuncias que se presentan?

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Ya lo decíamos ayer. Nadie en su sano juicio podría manifestarse en contra de que quienes aspiren a cargos de elección popular se sometan a pruebas toxicológicas, psicológicas, y de entorno socio-económico.

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Uno de los apuntados para contender por la gubernatura es el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Lo ha dicho abiertamente en repetidas ocasiones e incluso aprovecha los fines de semana para visitar municipios del interior para reunirse con "amigos" y "construir estructuras". 

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De esta manera tenía que reaccionar a la propuesta del diputado Héctor Serrano de introducir dicho requisito para el proceso electoral de 2027, pero...interpone una gran limitante: que en dichas evaluaciones nada tenga que ver la autoridad estatal. Tiene razón.

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Animal político a final de cuentas, Galindo Ceballos no podía dejar pasar la oportunidad de arremeter contra quienes podrían ser sus opositores electorales y, así, de pasadita mencionó que quienes proponen las pruebas "ni siquiera han hecho un examen de control y confianza ni han sido sometidos a él". ¡Sopas perico!, dirían en el barrio. 

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Informa que se trata de un examen altamente invasivo y él lo sabe pues ha sido sometido seis veces a las pruebas. El alcalde y aspirante a más considera que se debe saber en manos de quién quedará esa información.