La lupa blanda
El martes pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el primer paquete de revisiones al gasto de las dependencias federales, estatales, municipales y autónomas que dispusieron en el ejercicio 2024 de recursos federales.
La ocasión detonó una reacción triunfalista del gobierno del estado, que señaló que San Luis era un "ejemplo nacional de transparencia" debido a que la ASF no emitió observaciones a su cuenta pública 2024.
Eso, según el comunicado oficial, ponía al estado entre "las entidades más responsables en el ejercicio del gasto público".
Para enfatizar el logro, el comunicado señalaba que el resultado se logró "en una de las fiscalizaciones más amplias y rigurosas en la historia reciente".
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Y remata con el obligado elogio al gobernador Ricardo Gallardo Cardona al atribuirle "un firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas".
El detalle es menos glamoroso. La histórica, por su rigurosidad y amplitud, revisión sólo incluyó tres auditorías, realizadas a los fondos federales de Aportaciones Múltiples, de Aportaciones a la Educación Tecnológica y de Adultos, además de la Distribución de las participaciones federales. Que sumaron siete mil millones de pesos de un presupuesto ejercido en 2024 de alrededor de 60 mil millones de pesos, de acuerdo a la cuenta públicas del año pasado. Es decir, va revisado el 11 por ciento del recurso ejercido.
El logro de las cero observaciones, desafortunadamente para el discurso oficial, se ve deslucido por la existencia de dos de ellas, registradas en las dos primeras auditorías mencionadas líneas arriba. Esto generó que tampoco exista un juego perfecto en el rubro de monto observado, que fue de un millón 737 mil 300 pesos.
Muy bajo, sí, pero no fue cero.
Pero más allá de señalar el manejo propagandístico que le está dando el gobierno estatal a este hecho, la aparición del reporte genera la ocasión de echar una mirada más amplia al comportamiento fiscalizador de la ASF en el pasado reciente.
Y las estadísticas muestran un fenómeno poco tranquilizador: parece que la lupa del principal órgano fiscalizador del país está perdiendo aumento, al menos el caso del gobierno estatal potosino.
De hecho, más preocupante, el resultado de las fiscalizaciones en San Luis Potosí está tomando dos vertientes: mimos para el gobierno estatal y dureza para quienes son los malqueridos del Palacio de Gobierno.
Y otro filón negativo es la discordancia entre los resultados que revela la ASF, casi prístinos en los últimos años, y los casos existentes de opacidad y nula voluntad de rendición de cuentas que desde su inicio generó el gobierno estatal potosino.
Entre 2009 y 2020, el promedio del monto de las observaciones impuestas a todas las dependencias de San Luis, que incluyen estatales, municipales y autónomas, fue de mil 051.9 millones de pesos.
En ese lapso, hay dos grandes picos, la cuenta de 2018, con Juan Manuel Carreras López, que alcanzó la cifra más alta de anomalías en los últimos años, con cinco mil 431.5 millones de pesos; el 2015, el último de la administración de Fernando Toranzo Fernández, en que lo observado ascendió a mil 630.8 millones de pesos.
En los diez años restantes del periodo, las observaciones oscilaron en montos menores, de 255 millones de pesos en 2012 a 859 en 2014.
De 2021, cuando inició esta administración, a 2023, la última cuenta pública completamente fiscalizada por la ASF, los montos observados a San Luis han sido de 315.8 millones de pesos en 2021; 51.3 millones de pesos en 2022 y 478.9 millones de pesos, el mayor monto en este lapso, pero que presenta una particularidad, que se verá más adelante.
Es decir, se trata de cifras muy lejanas a los mayores montos de años anteriores e incluso, el gobierno gallardista presenta el menor monto observado en 16 años revisados.
En cuanto al número de auditorías realizadas a instancias potosinas, el comportamiento es opuesto: el número de revisiones ha ido en aumento en los últimos años. En 2012 eran sólo 17 y en 2023, la ASF realizó el mayor número de revisiones, 49.
Igual sucede con el monto auditado, lo que es natural si tenemos en cuenta el incremento anual de los presupuestos. En 2010, la ASF revisó el ejercicio de 11 mil 221 millones de pesos. En 2023, el monto auditado ya era 4.3 veces mayor, para llegar a 48 mil 368.9 pesos.
Más revisiones, a mayor presupuesto y menos recursos observados, es la tendencia marcada entre 2021 y 2023.
Pero el escenario se maximiza cuando se excluye a las instancias ajenas al gobierno del estado de los datos.
Partiendo del histórico 2019, cuando se registró el mayor monto observado al Ejecutivo potosino, el porcentaje de esas observaciones que corresponde a instancias del Ejecutivo se ha ido desplomando dramáticamente, e incluso ha revertido la tendencia.
Ese año, el 95.6 por ciento del monto observado correspondió al Poder Ejecutivo. El indicador disminuyó en los dos años subsiguientes, 94.1% y 82.6 %; pero en 2021, el desplome fue notable: 59.30 por ciento.
En 2022, el primer año completo de Ricardo Gallardo en el gobierno, la tendencia se rompió y con el 44.4 del monto observado, el Ejecutivo ya no fue el mayor generador de presupuesto observado.
Y en 2023, disminuyó dramáticamente al 8.6 por ciento. La lupa parece enfocarse a otras instancias. En las dos últimas revisiones, marcadamente al ayuntamiento capitalino, non grato para Palacio de Gobierno.
¿Se ha instaurado un régimen de honradez y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos? Cuando un gobierno genera casos como el de la Arena Potosí, los puentes "atirantados", el oscuro gasto en la Fenapo, el creciente endeudamiento con proveedores y bancos a través de préstamos quirografarios y otras tantas anomalías que desde el inicio de este gobierno se han ido documentando, especialmente en los medios de comunicación, la respuesta es que no es creíble.
Entonces queda el fiscalizador. ¿Se ha ablandado a la ASF? En el mismo lapso en el que se ha registrado la baja de montos observados por ese órgano, el gobierno potosino ha tenido una luna de miel con el organismo.
El torneo de elogios mutuos con David Colmenares Páramo tuvo un episodio en mayo pasado aquí, cuando el auditor Colmenares Páramo estuvo en una jornada de capacitación. El funcionario fue calurosamente recibido por el Ejecutivo, y saldó con creces la deferencia con un discurso muy favorable al gobierno potosino. Quedar bien con el auditor da ventajas, como bien lo sabe la UASLP.
En contraste, si no hay contactos, la suerte puede cambiar. Y que lo diga la alcaldía capitalina, como se muestra en el otro texto de esta entrega.
Nada claro
A principios de marzo pasado, en la entrega de esta columna de esa semana se trató el tema de los resultados de la auditoría 2023-D-24028-23-1796-2024 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó a varios contratos de obra que el gobierno de Enrique Galindo Ceballos celebró en 2023 con una decena de contratistas que se encargaron de varias obras municipales.
Esa entrega se tituló "La red millonaria" porque el conjunto de contratos sumaba 452 millones de pesos, todos de origen federal, de los cuales, de los cuales 125 millones de pesos fueron observados por diversas irregularidades, como subcontrataciones presuntamente indebidas, sobreprecios, conflicto de intereses, participación de exempleados de alguna empresa participante que se benefició de los contratos cuando la persona fue nombrada funcionario de la Dirección de Obras, dudas sobre la situación fiscal y en el IMSS de algunas de las empresas ganadoras, entre otras.
En el texto, se señalaba la particularidad de que el ayuntamiento capitalino fuera señalado por anomalías en obra pública, cuando lo usual era que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública fuera el blanco de críticas por esas irregularidades.
En sus respuestas, tanto oficiales como ofrecidas por otros canales, la alcaldía optó por patear el bote y que el tiempo enfriara el asunto. En ambas se usó el argumento de que las observaciones estaban en vías de solventación, por lo que habría que esperar su resolución.
Y dieron un plazo, de dos meses, para cumplir con ese proceso, que debería haberse cumplido a principios de mayo.
Prácticamente ha pasado el doble de tiempo y la alcaldía no volvió a hablar del tema. Pero, de acuerdo a datos de la ASF, el ayuntamiento de San Luis Potosí no ha solventado una sola de las observaciones hechas a principios del año.
El órgano fiscalizador maneja una herramienta, disponible en la página web www.asfdatos.gob,mx, que permite monitorear el grado de cumplimiento de las dependencias estatales, federales y municipales que son auditadas por la ASF.
Analizando el avance que presenta la auditoría 1796, se concluye que el ayuntamiento no ha cumplido una sola de las 19 observaciones para las cuales la ASF ordenó alguna acción.
En contraste, siete asignaciones de acción que la Auditoría estableció para sí misma y para el IMSS aparecen cumplidas.
Seis casos corresponden a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria encargadas a la Dirección General de Investigación de la propia ASF, que básicamente implica la indagación de contratistas, un exfuncionario y un funcionario de la alcaldía capitalina, responsables de presuntas anomalías para determinar si se les imponía un castigo.
Las irregularidades van desde el pago de una factura por servicios de TV por cable, concepto no previsto en el contrato, simulación de requisitos, subcontratación entre empresas, colusión de contratistas para ganar los proyectos; y, en el caso de los servidores públicos, la usurpación de funciones en la firma de documentos oficiales.
La otra promoción cumplida le fue encomendada al IMSS, para que verificara omisiones en el registro de información de 11 contratistas relacionada con las obras contratadas "a fin de constatar el cumplimiento de obligaciones fiscales".
El reporte indica que el estatus de estas observaciones es que fueron cumplidas, pero no el sentido del cumplimiento, es decir, si hubo o no contratistas o servidores públicos sancionados.
Y en el caso de las 19 observaciones restantes, todas correspondientes al ayuntamiento, y que implican la recuperación de los recursos públicos municipales utilizados, el estatus es "en seguimiento".
Por ende, no hay recuperación de un solo peso de los 125 millones de pesos involucrados en estas anomalías. En todos los casos, se presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
Y esto ocurre cuando ya está más que vencido el plazo establecido por la propia alcaldía para aclararlas.
