La muerte de un derecho

La ofensiva que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para eliminar a las organizaciones que suponían un contrapeso para sus planes y proyectos incluyó al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, creado en 2022, para garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información pública.    

La reforma de 2024 a diversos lineamientos que permitían la existencia de esa y otras dependencias posibilitó, gracias a la mayoría necesaria alcanzada por Morena y sus aliados del PVEM y el PT, la extinción de esas dependencias, con el pretexto de que se propiciaría un ahorro de recursos presupuestados para ellas.

La realidad lisa y llana era que al gobierno de López Obrador, la transparencia le estorbaba, en la medida en que, o se veía obligado a exponer la información que le ponía en posiciones incómodas, o si la escamoteaba, su administración quedaba exhibida como opaca. 

Entre esos dos extremos, López Obrador optó por eliminar el control externo de la información pública, que la Constitución le daba al INAI, para centralizarla en las propias dependencias. Con ello, salvaba su imagen y sus proyectos, pero se cargó un derecho que a la ciudadanía le llevó años conquistar.

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El daño de esta decisión se amplificó al resto de la administración pública, incluyendo la de los estados y municipios, al obligar a la repetición de las reformas a nivel local.

Así, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) tenía los días contados desde la reforma federal y esta semana que concluyó, cayó la guillotina.

El Congreso potosino aprobó el miércoles pasado la reforma a la Constitución local, en sus artículos 17 y 31, además de la legislación secundaria para extinguir a una comisión que nació en 20074.

Al mismo tiempo, impuso el nuevo modelo, que otorga a las propias dependencias las facultades que tenía la CEGAIP, con base en una pulverización del Derecho que luce amenazante para la ciudadanía que quiera ejercerlo.

Y es que la modificación no sólo cambia el andamiaje legal y administrativo que sostenía a este derecho, sino que redefine, para mal, la relación entre el poder y el escrutinio público. 

A la CEGAIP, de inicio, la va a sustituir un órgano desconcentrad, a cargo de la instancia del gobierno del estado que se encarga de auditarlo, mientras que ahora, cada dependencia será "garante" del derecho de los ciudadanos.

Es decir, que la Seduvop, que ha publicado escasos contratos de obra pública; la alcaldía soledense, que todavía ayer mantenía el nombre de la exalcaldesa Leonor Noyola, que salió hace años del cargo, en su página de transparencia; y la Dirección de Pensiones, que dejó de informar hace años el monto de la deuda que mantiene el gobierno del estado en materia de pensiones; todo esto cuando existía el organismo que supuestamente debía controlarlos en materia de transparencia, serán los encargados de manejar su propia política de opacidad.

En la práctica implica que, por ejemplo, la resolución de quejas, que se tenía que ceñir a un solo criterio técnico para todas las dependencias, ahora serán resueltas bajo criterios distintos, tantos como sujetos obligados existen. 

El paso del modelo autónomo al centralizado en las dependencias implica, además, la negativa extinción del concepto de imparcialidad. Ahora, cada dependencia va a ser "juez y parte" en materia de transparencia, eliminando la figura que existía, al menos nominalmente, de un árbitro imparcial.

El ciudadano ahora deberá pedirle a una oficina del Gobernador que obligue a otra oficina del mismo Gobernador a entregar información.

Además, deberá enfrentar a múltiples autoridades, lo que le complica el camino.

Y la tercera gran dificultad es el debilitamiento de las medidas de apremio. En el papel, la CEGAIP sancionaba a los opacos. No es que la hoy extinta dependencia se manejara con puño de hierro, pero al menos existía este control. Ahora, al ser las dependencias las que se autoadministran, el riesgo de que las de por sí débiles sanciones se degraden a meras llamadas de atención internas, reduciendo el costo político y administrativo de ocultar información.

La CEGAIP tenía muchos defectos. De inicio, se convirtió en una oficina de privilegio para quienes eran designados comisionados. La gran mayoría depredó el escaso presupuesto que se le asignaba a la dependencia para autoasignarse grandes beneficios laborales y capacidades de ejercer a discreción los recursos.

Los señalamientos hacia la CEGAIP en las auditorías que le hacían los órganos fiscalizadores giraban en estas anomalías.

Tampoco fue un garante eficiente del derecho a la transparencia. Beneficiaba a las dependencias con una muy conveniente displicencia y en realidad nunca fue fuerte a la hora de imponerse a los sujetos obligados.

Pero existía, y ahora ante el oscuro panorama de que las propias dependencias pueden simplemente relegar sus obligaciones de transparencia, era preferible una dependencia ineficiente y blanda a no tener nada.   

El principal argumento que está detrás de la extinción de la CEGAIP es la del ahorro de recursos, con todo y que la comisión nunca dispuso de un presupuesto oneroso.

Sin embargo, será más caro para la ciudadanía afrontar el blindaje contra la transparencia que hoy las dependencias potosinas tienen la oportunidad de forjar.  

De víctima a combatiente

Una historia ligada a la entrega del pasado 8 de febrero, en la que se pasó revista al historial documental desclasificado de Estados Unidos sobre el atentado contra dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por su acrónimo en inglés, ocurrido hace 15 años en San Luis Potosí es el arco que siguió el agente sobreviviente, Víctor Ávila, desde casi morir a manos del narco mexicano en una carretera cercana a Santa María del Río hasta ser parte de la cúpula de uno de los organismos de combate a estos grupos criminales en los tiempos más agresivos de Washington contra estas bandas.

Luego del ataque del 15 de febrero de 2011, en el que murió su compañero Jaime Zapata, Ávila se recuperó de sus heridas. Temiendo represalias, el gobierno de Estados Unidos puso un océano de por medio entre él y Los Zetas, el grupo que perpetró el ataque, y lo asignó a labores en España y Portugal. 

Regresó a Estados Unidos, donde se dedicó a impartir conferencias en las que compartía su traumática experiencia con fines inspiracionales.

En paralelo, impulso en el Congreso de EUA una iniciativa, que terminó convirtiéndose, en 2021, en una norma que lleva su nombre y el de su compañero, que mejora la protección a agentes federales de EUA en el extranjero, ante las críticas que recibió el gobierno por estimar que no hubo suficiente apoyo para las víctimas del ataque en San Luis.

Y apenas el  seis de enero de este año, la Casa Blanca puso al frente de su Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la instancia que coordina a las agencias federales contra ese delito y articula la política antidrogas, a Sara Carter, periodista de origen y conservadora en lo político, e identificada como "halcón" en un gobierno que de por sí ha subido la presión a los países en los que opera el narco y en el que, obviamente, está incluido México.  

Casi inmediatamente, Víctor Ávila fue nombrado subdirector de esa oficina, en la que tendrá a su cargo el diseño de la agresiva estrategia antidrogas del gobierno trumpista.

Todavía no se percibe si la terrible experiencia que enfrentó en San Luis Potosí influya en las decisiones que desde la oficina estadounidense se tomen en torno al problema del narco en México.

Pero no es improbable que lo que vivió ese día en la carretera 57 lo encaminara al camino que siguió tras el ataque.