Lobos al acecho

El éxito alcanzado por la Ley Serrano como instrumento coercitivo de la libre expresión parece haber alentado a sus promotores para dar un segundo paso en la creación de instrumentos que les sirvan como garrotes legales confeccionados a modo para cuando consideren necesario usarlos.

Ahora, ese control pretende avanzar por el lado de una iniciativa que busca regular portales y páginas electrónicas informativas para garantizar la identificación de los medios, además de fortalecer el derecho de réplica.

Quien reveló esto es Héctor Serrano, el mismo diputado local que impulsó la reforma penal que criminaliza ciertos usos de la IA.

En esta ocasión, sin embargo, atribuye la paternidad de la idea a los propios periodistas y directores de medios de comunicación, a los que no identificó, que plantearon esas inquietudes dentro del debate de la reforma penal que lleva su apellido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No tiene nada que ver con otra cosa más que con identidad; es decir, el derecho equilibrado de que se pueda sacar una nota y que la contraparte pueda replicar y contrarreplicar una nota y presentar evidencias, fotografías y todo", justificó en una entrevista banquetera que ofreció el pasado martes.

La existencia de portales y páginas que no identifican a los responsables de la información difundida, aseveró, se la ponen difícil a quienes se sientan afectados por publicaciones que consideren perjudiciales.

La iniciativa esbozada haría obligatorio que esos medios presenten directorio y datos de contacto. Y para los que no cumplieran "habría sanciones". No explicó si serían como las que posibilitó la Ley Serrano.

En un revelador comentario dentro de esta entrevista, el diputado dejó entrever quiénes serían los beneficiarios reales de su norma.

Para Serrano Cortés, la difusión de la "información inexacta" "es denostar. A través de redes sociales te descalifican, ¿Y cuál es la intención? Que si eres candidato, ya vas lastimado con una serie de agravios?"

Una reforma hecha para los políticos, en especial, aquellos que se lancen, o estén, en campaña. 

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo secundó, haciendo una división entre los medios que cumplen con estos requisitos, a los que etiquetó como "serios", y las "páginas falsas" y cuentas de redes sociales que no lo hacen. 

Compartió el disgusto serranista hacia medios anónimos y que no ofrecen canales para la réplica.

También le dio un carácter político a estas conductas y se pronunció a favor de penalizarlas.

Para seducir a los medios con la idea, pidió regular el robo de notas y el refriteo de información sin conceder créditos, lo que, en efecto, es una monserga para el reportero y los medios que son blanco de ellos, pero que es más un problema de ética profesional que delictivo.   

En la entrega de hace dos semanas, en este espacio se habló de la Ley Serrano y los riesgos que entraña para el periodismo real. Se comentó que desde la década del 2000, los delitos de calumnia y difamación fueron derogados del Código Penal para ser transferidos al ámbito Civil.

En la práctica, la Ley Serrano revivió la naturaleza penalista que tenían esos delitos, que eran las herramientas disuasorias del poder contra la libertad de expresión.

En el caso de la eventual reforma sobre la identificación y el derecho de réplica en los medios, ocurre algo parecido.

Pero ni el diputado ni el gobernador están descubriendo un derecho que carece de protección legal.

En 2007, a la Constitución federal se le añadió al primer párrafo de su artículo sexto, el que establece la protección a la libertad de expresión, una acotación: "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley".

No fue sino hasta noviembre de 2015 cuando se emitió la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Réplica. 

De carácter federal y sin ningún equivalente en los estados, sus 42 artículos norman los procedimientos que los medios de comunicación de cualquier índole, incluyendo los electrónicos, deben seguir para garantizar este derecho.

Entre ellos está la identificación del mismo, con un responsable, teléfono, dirección física y correo electrónico para tramitar cualquier petición.

Establece también las sanciones aplicables en caso del incumplimiento. Castigos que son de índole monetaria y en ningún caso implican cárcel.

Es decir, no es necesaria una nueva legislación sobre la materia. Ya existe. Igual de innecesaria es la criminalización de la IA, toda vez que cualquiera que se sintiera afectado por su uso, puede acudir a una demanda civil en materia de difamación y calumnia.      

En el lance de allegarse un segundo garrote contra la incómoda libertad de expresión, al diputado Serrano Cortés no le importó exhibirse, pues un congreso estatal, al emitir una ley para una situación que ya está reglamentada por una norma federal que, además, es general, estaría invadiendo competencias y el producto de esa intención sería pasto de una controversia constitucional ante la SCJN.

Si ignora esto, o si lo sabe y aun así no le importó arriesgarse, es igual de grave.    

Por otro lado, la intención de normar la identificación y el derecho de réplica en los medios destapa una situación que demuestra su hipocresía, pues el Congreso potosino es un promotor activo de la conducta que ahora se quiere combatir.

De los cinco meses completos transcurridos este año, el legislativo local sólo ha entregado a la Plataforma Estatal de Transparencia tres reportes de sus egresos, correspondientes a enero, febrero y marzo pasados.

En ese lapso, el Congreso emitió 106 pagos, que sumaron dos millones 575 mil 322 pesos, que fueron pagados a 89 empresas o particulares que manejan medios de comunicación impresos, radiofónicos, televisivos y digitales por servicios informativos.

Al verificar el cumplimiento de estos medios a las condiciones que Héctor Serrano sugirió debían ser normadas en una eventual iniciativa, la existencia de directorios, datos de contacto y la garantía al derecho de réplica, se descubrió que sólo ocho, entre los que están los dos pertenecientes a Editora Mival, cubrían los tres requisitos.

Es decir, los 83 restantes estarían fuera de esa categoría y, como lo dijo el legislador, serían objeto de sanciones en caso de que la idea de regularlos se concretara.

Pero actualmente, reciben pagos del presupuesto legislativo por proporcionar al Congreso servicios informativos.

En cierto modo, el Congreso estaría financiando con dinero público una actividad que ahora el legislador Serrano considera lesiva para los derechos ciudadanos por la indefensión de no saber a quién acudir cuando se consideren afectados por una información que vean como inexacta.

En contraste, el Congreso sí sabe quién está detrás de cada medio, pues la identificación de todo proveedor de una dependencia pública es obligada para poder concretar un pago.

Ante la repentina preocupación del diputado Serrano Cortés por los medios que no se identifican ante sus audiencias, ni les permiten el derecho de réplica, ¿por qué no modificar las normas sobre adquisiciones de todas las dependencias estatales y municipales, no sólo el Congreso, y establecer como requisitos obligados para que las empresas periodísticas e informativas que quieran contratos públicos, el tener un directorio, acreditar las notas y disponer de mecanismos claros y visibles para la réplica que marca la Ley Reglamentaria?  

Quizá porque, por un lado, se malograrían los jugosos negocios que nacen del presupuesto de las oficinas de comunicación social.

Pero establecer eso implicaría a los promotores de la idea de no disponer de una herramienta de control de esos mismos medios, que para este tecleador, es la intención oculta de la repentina fiebre reguladora del Congreso.

Hoy 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, lloverán las felicitaciones de dependencias y funcionarios hacia quienes se dedican a alguna actividad relacionada con el periodismo.

Los mismos que aspiran a someterlos bajo el disfraz d ela legalidad..