Los gemelos del no
De manera casi permanente, pero especialmente en los últimos años, los desafíos que enfrentan las políticas hídricas del estado han impactado gravemente las estrategias oficiales para abastecer del líquido a la población.
Algunos de estos retos son naturales, como la sequía, financieros, como la eterna falta de recursos, y de infraestructura, como el desastre del acueducto de El Realito.
Pero no menos grave ha sido la politización de prácticamente casi todos los aspectos en materia hídrica, que le agregan una capa de complejidad innecesaria a un asunto que, en estricto sentido, clama por soluciones técnicas y financieras.
Ahí está, por ejemplo, el permanente jaloneo por la definición de las tarifas del Interapas, en la que los diputados adoptan el criterio populista de mantenerla a costos irrealmente bajos antes que aceptar el costo político de incrementar
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las tarifas.
Peor aún es la estéril batalla que han desatado las administraciones estatal y de la capital, que ha sustituido con ataques y bloqueos a lo que debiera ser un trabajo coordinado.
En este orden de problemas, el de la politización de las estrategias hídricas, en los últimos días se han registrado episodios de otra arista de este tipo de problemas: el del desprecio a organismos eminentemente técnicos y científicos que revelan hechos incómodos para las dependencias encargadas del agua.
El Grupo Universitario del Agua (GUA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reveló la semana pasada un estudio sobre avances de la agenda hídrica en el que advirtió que la presencia de contaminantes del agua extraída de los mantos subterráneos, marcadamente flúor y arsénico, alcanza ya concentraciones de riesgo en 13 por ciento de los pozos.
Prácticamente todo el surponiente de la zona metropolitana está afectado por los dos elementos, y una franja del norte hay presencia de arsénico.
Además, también se detectó la presencia de contaminantes generados por la actividad humana en la superficie, como hidrocarburos y microplásticos.
El documento también apuntó que hacen falta métodos técnicos que no se usan actualmente, como el tratamiento de osmosis inversa, para eliminarlos y evitar que sean consumidos por la población.
Las respuestas de los gobiernos de Ricardo Gallardo Cardona y de Enrique Galindo Ceballos al estudio fueron muy reveladoras.
El presidente municipal desestimó de inicio el estudio. Sin ofrecer pruebas de su dicho, le achacó al documento manejar datos obsoletos, de 2007, y aconsejó actualizarlo.
"No los quiero contradecir", señaló el alcalde en una entrevista, refiriéndose a los académicos detrás del estudio. Pero lo hizo.
No tardó el desmentido del GUA, que exhibió el desconocimiento del alcalde al hablar de desactualización. Los datos son más que recientes, pues se han recabado desde 2024 a la fecha.
Y además de la corrección, reiteraron la invitación del trabajo coordinado.
El varapalo surtió efecto y el alcalde cambió su discurso, reconociendo que no conocía el estudio, que lo iba a analizar y, lo más relevante, que estaba abierto a trabajar de manera coordinada con los académicos.
Es de reconocerse el gesto, pero eso no borra que la reacción inicial del alcalde fue la negación y la minimización de la situación expuesta por el GUA.
Más desafortunada, pero nada sorprendente, fue la reacción del otro organismo rector de la administración del agua en San Luis, la Comisión Estatal del Agua (CEA). Pascual Martínez Sánchez, su más reciente titular, también desestimó los resultados del estudio, pero fue más allá y sugirió una intención de generar alarma en la población.
En su caso, no ha habido una corrección, parece que puede más la mala fe que ha mostrado la administración gallardista contra todo lo que tenga que ver con la UASLP.
No sería la primera vez que ocurre esto. El año pasado, en lo más agudo de la crisis generada por la sequía y las innumerables fallas del acueducto de El Realito, el gobierno estatal revivió al Consejo Hídrico Estatal (CHE), un órgano consultivo ciudadano y plural, que colabora con autoridades en el diseño de la política hídrica.
No fue por un afán de impulsar la ciudadanización de las políticas públicas, sino que el gobierno gallardista buscaba generarle al Interapas un nuevo frente en la guerra política que sostiene contra el organismo.
Con el tiempo, los integrantes del CHE demostraron que no se prestaban a ese propósito, y en su lugar, se dedicaron a hacer el trabajo para el que fueron requeridos: apuntar a los problemas y plantear soluciones.
Obviamente, la CEA pronto perdió el repentino interés sobre el organismo. No sólo eso, lo convirtió en un adversario más.
Eso lo refleja el último round sostenido entre las dependencias. El CHE demandó una reunión con la CEA para conocer los proyectos que la dependencia tiene en su materia, entre los que está el polémico relanzamiento del parque acuático Splash, rebautizado como Dino Oasis. En un escenario de penuria hídrica, esa obra es vista por muchos como un desperdicio de recursos para generarle oropel populista al gobierno gallardista. Y entre ellos, el CHE expresó sus dudas.
Esa acción desató una airada respuesta de la CEA, cuyo titular dijo que sus integrantes sólo querían figurar, les achacó un intento de politizar los proyectos y les sugirió no hablar de un proyecto que, irónicamente, implica un desperdicio de agua.
El rechazo automático de los organismos de agua a la actividad de organismos técnicos externos en la materia ha convertido una oportunidad de mejora en un obstáculo para la definición estrategias pertinentes. Como si estos no fueran ya demasiados.
Cobro en círculos
En materia presupuestaria, la administración de Ricardo Gallardo Cardona se ha caracterizado por una política de restringir la entrega de recursos a otras instancias en tiempo y forma.
De ello pueden dar cuenta instituciones como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e incluso los dos poderes que están a la par del Ejecutivo: el Congreso y el Poder Judicial. Amén de que en las dependencias del Ejecutivo, más de un titular se quejando, no públicamente, por supuesto, del estrangulamiento presupuestal al que Palacio de Gobierno somete incluso a los de casa.
Lo anterior pese a los indicios de que, en tiempos recientes, ha contado con recursos de sobra para cumplir con las formalidades financieras. Sólo el año pasado, la Secretaría de Finanzas tuvo a su disposición recursos excedentes por cinco mil millones de pesos, lo que elevó el presupuesto estatal de 65 mil millones de pesos a 70 mil millones, de acuerdo a la cuenta pública del ejercicio fiscal pasado.
Si las dependencias enfrentan esa pichicatería oficial, existen dos posibilidades: o existe un terrible descontrol en la Secretaría de Finanzas, que se ha registrado desde el inicio de este gobierno, o se trata de un descarado mecanismo de control del Ejecutivo, para someter a las dependencias.
Lo terrible de esta situación es que, por lo que se ha visto, ambas situaciones pueden aplicar al gobierno gallardista.
La cuenta pública del 2025 que presentó el Poder Judicial del Estado al Legislativo da buena cuenta de este retorcimiento de la política presupuestal del gobierno estatal.
No es un secreto que el PJE ha estado sometido a penurias presupuestales, mismas que se han agudizado desde 2021.
Un ejemplo: desde mediados del año pasado, el PJE demandaba una extensión presupuestal de casi 500 millones de pesos para enfrentar las liquidaciones derivadas de la demolición del antiguo entramado del PJE. Finanzas sólo entregó 57.7 millones de pesos.
Al final del ejercicio fiscal pasado, el PJE presenta en su cuenta pública final la sección de pasivo circulante un adeudo de 127.1 millones de pesos con ¡la Secretaría de Finanzas!
Es decir, la dependencia estatal no sólo no le entrega las partidas presupuestales a tiempo, sino que además, el Poder Judicial le debe.
La explicación del pasivo es surrealista. Desde el inicio de este gobierno, se inauguró la entrega incompleta de recursos. En ese año, el PJE no recibió 48.1 millones de pesos del presupuesto de ese año.
Al acudir a la Sefin a pedir el dinero, la dependencia informó que no contaba con recursos presupuestales disponibles, pese a que la partida estaba definida desde que se concretó el presupuesto de egresos de ese año.
Pero la alternativa que ofreció fue rocambolesca: que el PJE pidiera un préstamo por esa suma... ¡¡¡a la Secretaría de Finanzas!!!
Es decir, que la dependencia estatal decía no tener recursos para cumplir una obligación primaria, pero sí para prestarle provisionalmente. La suma se recuperaría, fue la segunda parte del planteamiento, dependiendo de cómo se desarrollaría la recaudación ese año.
Sin mucho margen, los magistrados contrajeron esa deuda.
El sinsentido se repitió en 2022. Finanzas no entregó 73.8 millones de pesos del presupuesto asignado, pero pidió que de nuevo se le pidiera prestada esa suma, de la que sí disponía. El adeudo ascendió a 122 millones de pesos.
Y a contramano de la promesa de que el adeudo se recuperaría con la recaudación, Finanzas solicitó un abono a la suerte principal de 29.9 millones de pesos para,,, dárselos de nuevo al PJE como parte de la "recuperación".
Así, el adeudo se redujo a 92.1 millones de pesos.
Pero el malabar financiero se repitió en 2023. Esta vez, Finanzas no entregó 35 millones de pesos y puso al PJE en "una situación apremiante", pues debía cubrir el pago de la nómina.
De nuevo, se le pidió a los magistrados pasar a la caja de Finanzas por un nuevo préstamo, que de nuevo, fue otorgado, elevando el adeudo a su estado actual.
Adicionalmente, la Sefin no entregó al PJE 34.5 millones de pesos en 2024 y otros 9.2 millones de pesos el año pasado. El documento no consigna si en esos casos, se repitió la propuesta de solicitar un préstamo.
En términos prácticos, Finanzas incumple con la entrega de recursos previamente presupuestados, y "soluciona" este fallo ofreciendo "parches" con préstamos para los cuales sí dispone de recursos y así, patear un balón que, sin embargo, siempre se le regresa.
¿Por qué simplemente no se hacen las cosas de acuerdo a lo establecido y paga el dinero en tiempo y forma? Misterio.
Pero las alternativas son igual de negativas: incompetencia o perversidad política.
