Conflicto legal entre el gobierno de Trump y la justicia

WASHINGTON (AP) — Un juez federal dijo el miércoles que ha encontrado causa probable para declarar al gobierno del presidente Donald Trump en desacato penal al tribunal por violar sus órdenes de hacer volver a aviones que transportaban deportados a una prisión en El Salvador.

La decisión del juez federal de distrito, James E. Boasberg, quien Trump ha dicho que debería ser destituido, marca una dramática batalla entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno sobre los poderes del presidente para llevar a cabo prioridades clave de la Casa Blanca.

Boasberg acusó a los funcionarios del gobierno de apresurar la salida de los deportados del país bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado antes de que pudieran impugnar su expulsión en el tribunal, y luego desobedecer intencionadamente su orden de que los aviones ya en el aire debían regresar a Estados Unidos.

El juez advirtió que podría celebrar audiencias y potencialmente remitir el asunto para su enjuiciamiento si el gobierno no actúa para remediar la violación. Si el Departamento de Justicia se niega a enjuiciar el asunto, Boasberg dijo que nombrará a otro abogado para hacerlo.

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"La Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla", escribió Boasberg, el juez principal del tribunal federal de Washington.

El gobierno federal señaló que apelará.

"El presidente está 100% comprometido a garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país", escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

El caso se ha convertido en uno de los más contenciosos en medio de una serie de batallas legales que se libran contra el gobierno republicano que ha puesto a la Casa Blanca en curso de colisión con los tribunales federales.

Los funcionarios del gobierno han criticado repetidamente a los jueces por restringir las acciones del presidente, acusando a los tribunales de afectar indebidamente sus poderes ejecutivos. Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg, lo que provocó una inusual declaración del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo que "la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial".

Boasberg dijo que el gobierno podría evitar los procedimientos de desacato si toma la custodia de los deportados, que fueron enviados a la prisión de El Salvador en violación de su orden, para que tengan la oportunidad de impugnar su expulsión. No estaba claro cómo funcionaría eso porque dijo que el gobierno "no necesitaría liberar a ninguno de esos individuos, ni necesitaría transportarlos de regreso a su país de origen".

En un caso separado, el gobierno federal ha reconocido haber deportado por error a Kilmar Ábrego García a la prisión de El Salvador, pero no tiene la intención de devolverlo a Estados Unidos a pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordena a la administración "facilitar" su liberación. La jueza federal a cargo de ese caso ha dicho que está determinando si emprender procedimientos de desacato, diciendo que los funcionarios "parecen no haber hecho nada para ayudar en la liberación de Ábrego García de la custodia y su regreso a Estados Unidos".

El mes pasado, Boasberg, quien fue nominado al tribunal federal por el expresidente demócrata Barack Obama, ordenó al gobierno no deportar a nadie bajo su custodia bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Trump invocó la ley de tiempos de guerra de 1798 por lo que afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Cuando se le informó a Boasberg que ya habían despegado los aviones con destino a El Salvador, que ha acordado albergar a los migrantes deportados en una prisión notoria, el juez ordenó hacer devolver las aeronaves a Estados Unidos. Pero horas después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados habían llegado a su país.

El gobierno de Trump ha argumentado que no violó ninguna orden, señaló que el juez no incluyó la directiva de dar la vuelta en su orden escrita y dijo que los aviones ya habían salido de Estados Unidos cuando se emitió esa orden.

Hace unas semanas, la Corte Suprema anuló la orden temporal de Boasberg que bloqueaba las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero dijo que a los inmigrantes se les debe dar la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de ser expulsados. La mayoría conservadora dijo que las impugnaciones deben llevarse a cabo en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.

Boasberg escribió que aunque la Corte Suprema encontró que su orden "sufría de un defecto legal", eso "no excusa la violación del gobierno".

Escribió que la "conducta del gobierno traicionó un deseo de eludir el alcance equitativo del poder judicial".

"La corte no llega a tal conclusión a la ligera o apresuradamente; de hecho, ha dado a los Demandados amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria", escribió Boasberg.