Ambigüedades y omisiones

Toda la discusión sobre el fracking en la Huasteca Potosina no es una controversia menor. Quizás no  lo admitan, pero es una prueba de la disposición de los gobiernos federal y estatal para proteger el agua, el territorio y los derechos de las comunidades frente a proyectos extractivos de alto impacto.

Para comenzar, una precisión: hasta este momento no existe evidencia pública definitiva y concluyente de que esté operando un pozo de fractura hidráulica en San Luis Potosí. Petróleos Mexicanos ha negado realizar fracking en el estado y sostiene que el oficio enviado al Ayuntamiento de San Antonio se relaciona con la conservación de un permiso para el posible uso de explosivos en trabajos de "adquisición sísmica" -una radiografía del subsuelo-, no con la perforación o fractura de un pozo.

Ese oficio, por sí solo, no demuestra la existencia de fracking. Pero tampoco resuelve públicamente la controversia. La pregunta a PEMEX no es únicamente si hoy existe un pozo activo, sino qué actividades de exploración se preparan, qué áreas abarcan, qué tecnologías podrían utilizarse y qué permisos se están tramitando.

La desconfianza tiene su causa. El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 estima que México dispone de alrededor de 64 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en yacimientos de "geología compleja", concentrados principalmente en las cuencas de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro Picachos y Burgos. El mismo documento señala que PEMEX cuenta con 23 asignaciones con potencial en esas formaciones y prevé programas iniciales de evaluación.

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Ese plan -que Usted puede consultar en internet- también contempla gestionar permisos, realizar evaluaciones de producción durante 2026 y desarrollar posteriormente otras áreas. Aunque no podemos concluir que esos programas se localicen en San Luis Potosí, sí muestra que la evaluación de este tipo de yacimientos forma parte de la estrategia vigente. 

Aquí se encuentra la contradicción que PEMEX debe aclarar. Puede ser cierto que un permiso de explosivos no equivale a una autorización de fracking. Pero la empresa sí considera la evaluación de yacimientos complejos y el uso de estimulación hidráulica. Por ello, una negativa genérica resulta insuficiente: debe explicar de forma fehaciente y documentada si los campos de la Huasteca forman parte o no de esos programas.

Del lado de la ciudadanía. Organizaciones y representantes comunitarios han denunciado posibles afectaciones a cientos de localidades de distintos municipios, así como la ausencia de un proceso adecuado de consulta. También han difundido cifras sobre cuerpos y corrientes de agua potencialmente expuestos. Y esos son los datos deben ser cotejados con polígonos oficiales, cartografía y programas de trabajo. Pero ese trabajo no se puede hacer porque la autoridad no proporciona elementos para ello.

Transparentar no consiste solamente en negar que una actividad se encuentre en ejecución. Implica mostrar las áreas comprendidas en lo que sí se va a realizar, los objetivos de los estudios sísmicos, los programas de evaluación, las fuentes previstas de agua, el tratamiento de los fluidos residuales y las autorizaciones ambientales, sociales y municipales (sí, las autorizaciones municipales también importan).

La postura del gobierno estatal tampoco ha sido consistente. Primero se afirmó que la posibilidad de utilizar fracking era remota y que no existía autorización alguna; posteriormente, cuando hubo un poco de más presión, se aseguró que la administración estatal no permitiría esa técnica. Aunque esa declaración es más contundente, deja pendiente una cuestión elemental para quien no se queda con la declaración de banqueta: ¿qué instrumentos jurídicos, ambientales o administrativos utilizará el gobierno estatal para impedirla?

En la Huasteca Potosina, el agua sostiene la vida cotidiana, la agricultura, la ganadería, el turismo y la subsistencia comunitaria. Por ello, no basta con pensar la probabilidad de un accidente. También deben evaluarse sus posibles consecuencias, la capacidad institucional de supervisión y las posibilidades reales de reparar un daño.

Si las autoridasdes aseguran que no habrá fracking, deben explicar qué proyectos sí existen. Si solo se realizarán estudios sísmicos, deben publicar sus objetivos, ubicación y efectos -cosa que no ha sido informada-. Si los campos huastecos están excluidos de los programas de evaluación, Pemex debe demostrarlo documentalmente.

A veces pienso que tenemos autoridades expertas en la ambigüedad y la omisión. Su recurso es reducir el debate a un malabarismo semántico entre "geología compleja", "estimulación hidráulica", "exploración", "adquisición sísmica" y "fractura". Cada expresión designa una etapa diferente, pero las comunidades tienen derecho a conocer la cadena completa de decisiones, en términos que todas y todos podamos comprender.

La verdadera prueba de Estado no consiste únicamente en determinar si hoy existe un pozo activo. Consiste en saber si las instituciones son capaces de anticipar los riesgos, transparentar sus planes y respetar los derechos comunitarios. Hasta ahora, esa respuesta no ha sido clara. 

La Caminera

A veces sospecho que los gobiernos estatal y municipales han dejado de gobernar para dedicarse, con admirable anticipación, a lo que verdaderamente parece importarles: la elección de 2027. Faltan todavía 326 días —diez meses y veintidós días—, pero la maquinaria electoral ya trabaja a tiempo completo; la gubernamental, en cambio, parece operar con horario reducido.

X. @marcoivanvargas