Billetazos de impunidad
A billetazos de impunidad la presidenta pretende comprar la unidad de su partido. Tan insegura se encuentra todavía de su liderazgo que está dispuesta a pagar altísimas cantidades a la red de extorsionadores que el patriarca encumbró. Para Sheinbaum no se trata solamente de una decisión electoral. La competencia con la oposición no le quita el sueño. Lo que la inquieta es la posibilidad de una rebelión interna. Un partido de brazos cruzados le haría un inmenso daño. Por eso se muestra dispuesta a proteger a los barones del partido y emplea todos los instrumentos de su extraordinario poder para garantizar su impunidad. A los secretarios del gobierno anterior, a sus enviados diplomáticos, a sus compadres y parientes se atreve de pronto a marcarles alguna distancia. Pero de inmediato les ofrece garantías de que la ley no los incomodará en lo más mínimo. Las investigaciones del huachicol fiscal se cerraron tan pronto apuntaban a las alturas de la Secretaría de Marina, el desplazamiento del coordinador morenistas fue un castigo de frío, no de ley. No se le molestó siquiera con una pregunta sobre su vínculo con el funcionario que resultó la cabeza de una organización criminal. No se hizo ninguna investigación sobre la escandalosa incoherencia de sus declaraciones administrativas. Como único castigo, el alejamiento del primer círculo del poder.
Ningún ejemplo tan escandaloso como la permanencia del funcionario de la SEP que describe la política educativa de este sexenio como una imperdonable traición al movimiento. Resulta difícil imaginar algún otro gobierno que se comportara de esa manera ante una denuncia que viene desde dentro. Un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum traiciona eso que llaman graciosamente "humanismo mexicano". La acusación es la más grave que pudiera imaginarse dentro de la secta. El burócrata se coloca como defensor de la pureza ideológica y llama infiel a la jefa del estado mexicano. Seguro de su blindaje, el autor de los bodrios de texto gratuitos convoca a la insurrección magisterial, y lo hace desde su oficina en el gobierno federal. La presidenta Sheinbaum decide no escuchar la amenaza, ignorar el llamado a la rebeldía y dejar al insurrecto en su escritorio y con su quincena intacta.
El propósito de la unidad no proviene de un mero cálculo electoral. Se trata de una estrategia de gobierno, de una confesión de debilidad. El ejecutivo más poderoso de las últimas décadas se percibe frágil. Vulnerable, sobre todo, a las extorsiones que vienen de dentro. Por ello, más que ganar elecciones, lo que busca la presidenta es garantizar la gobernabilidad en el país a través de una cadena de concesiones. Si hay un reflejo distinguible en la política de Sheinbaum es ese: ceder, conceder. De la misma manera que actúa frente a Trump, es decir, cediendo y cediendo, se comporta frente a los poderes reales dentro de su coalición. Ese es, hasta el momento, el resorte primario de la presidencia de Sheinbaum. Afuera y adentro: ceder.
La moneda de la impunidad es, desde luego, la justicia selectiva. A unos se premia, a otros se les aleja. A quienes se persigue es, siempre a los prescindibles. El lema es claro: en la aplicación de la ley, por el bien de la unidad, primero los débiles. A quienes carecen de conexiones políticas, a quienes están fuera del circuito del padrino puede aplicarse con toda severidad la ley. El caso del tren interoceánico es indignante. En la maraña de irresponsabilidades criminales, un conductor es elegido para cargar con la culpa de decenas de muertes. El castigo del personaje más débil es empleado para justificar el discurso de que la ley es igual para todos y que la presidenta se toma la justicia en serio. El crimen del tren pone en práctica la doctrina oficial de la impunidad.
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Una de las consecuencias de tener una fiscalía dependiente es que cada decisión que venga de ese órgano ha de ser interpretado como una decisión presidencial. Al no haber ningún margen de autonomía, debe entenderse que la persecución del delito es, de manera directa, instrucción del ejecutivo. Cuando la fiscalía persigue a unos y protege a otros es la presidencia la que carga con la responsabilidad política de la acción y la omisión.
