Canibalización del combate a la corrupción

A Jorge Alatorre, in memoriam.

Durante la segunda década de este siglo, distintos países de América Latina experimentaron una sacudida en el combate a la corrupción. Casos emblemáticos como "La línea" en Guatemala —una red de defraudación aduanera que se pudo documentar con el apoyo de las Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)— llevaron, en 2015, a la renuncia y enjuiciamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina. Junto a él renunció la mitad de su gabinete.

En Argentina, al registro de sobornos en obra pública que involucró a una amplia red de funcionarios y empresarios, se le llamó los "cuadernos de las coimas". Los cacerolazos iniciales terminaron en expedientes contra más de 85 personas, incluida —en 2025— la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

El caso de la constructora brasileña Odebrecht —destapado también a mediados de la década pasada— con su supuesta "división de operaciones estructuradas" (alias departamento de sobornos), extendió sus tentáculos hasta diez países de la región incluido México. Debido a ello, Perú, Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia tuvieron cismas políticos, como el trágico suicidio del expresidente peruano Alan García.

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En México, hubo coraje e indignación por la Casa Blanca, por Ayotzinapa, por el grosero endeudamiento en los estados, por la constructora OHL, la Operación Safiro en Chihuahua y tantas transas más que falta espacio para enlistarlas. El hartazgo y la movilización ciudadana llevaron a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya fuente de legitimidad social partió de ciudadanos organizados exigiendo respuestas al gobierno. Con optimismo, el esfuerzo se conoció como "la Primavera mexicana". La participación de la sociedad se imaginó exigente, informada, amplia y diversa. Por eso se pensó que ciudadanos con trayectoria y capacidad de convocatoria, ayudarían a blindar de ambiciones e intereses particulares cualquier esfuerzo anticorrupción. La realidad, diez años después, ha probado ser muy distinta. Salvo algunas muy honrosas excepciones que dejaron huella, los llamados Comités de Participación Ciudadana (CPC) han sido o bien irrelevantes o bien un ariete para dinamitar cualquier esfuerzo contra la corrupción.

Actualmente, el panorama es desolador: de los 760 puestos de los sistemas anticorrupción, están pendientes 271 designaciones. La mayoría corresponde al brazo ciudadano. Desde hace más de un año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) cuenta con un encargado de despacho. Su titular fue removido por acusaciones de corrupción sin evidencia. En estos días, las instituciones que conforman el SNA han respondido, por la vía legal, que dichos señalamientos contra el funcionario fueron, además, realizados sin autorización colegiada del Comité Coordinador. Otras once demandas por causas similares esperan ser resueltas. En Oaxaca, Aguascalientes y Guanajuato también hemos visto a ciudadanos denunciando a ciudadanos. Absurdo reducir a esto la participación ciudadana cuando es mucho más. Mientras tanto, los corruptos, felices.

@louloumorales

(Coordinadora del Programa de Ciudadanía en México Evalúa)