¿De dónde salieron los "superpoderes" de la presidencia del INE?

Se ha dicho que el Tribunal Electoral le entregó a la presidencia del INE el control de los nombramientos. La cronología permite distinguir dos decisiones radicalmente distintas que suelen confundirse.

En enero de 2024, la Sala Superior resolvió sobre el plazo de las encargadurías provisionales de los puestos ejecutivos del INE. Nueve meses después, el Congreso cambió quién podía nombrar a los titulares. Esa es la diferencia que se ha perdido en el debate.

En 2014, el propio Consejo General aprobó el Reglamento Interior del INE (INE/CG268/2014). Su artículo 16 facultó a la presidencia para designar a quienes se harían cargo del despacho en ausencia de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, de una dirección ejecutiva o de una unidad técnica. La regla permitía que las áreas siguieran trabajando mientras se cubría la vacante. Para nombrar a los titulares, la ley exigía una propuesta de la presidencia y al menos ocho votos del Consejo General.

En diciembre de 2023, ante varias vacantes y con el proceso electoral federal en marcha, el Consejo General aprobó un mecanismo extraordinario (INE/CG686/2023). Dio a la presidencia treinta días para presentar propuestas de nombramiento, fijó un máximo de doce meses para las encargadurías y añadió condiciones para ocuparlas. El PRI, Morena y el PT impugnaron el acuerdo.

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El 10 de enero de 2024, la Sala Superior dejó sin efecto, en lo sustancial, el tope de doce meses para las encargadurías de despacho (SUP-RAP-388/2023 y acumulados). ¿Qué pasaba si se cumplía el año y el Consejo seguía sin reunir los votos para nombrar a un titular? Áreas indispensables del INE podían quedarse sin quien las dirigiera. Ese riesgo pesaba en plena organización de las elecciones de 2024 y podía repetirse en los comicios de 2025. La Sala dio prioridad a que esas áreas siguieran funcionando durante el proceso que ya estaba en marcha.

Había, además, una razón jurídica. El Consejo puede dictar acuerdos para aplicar la ley. Al fijar un plazo que ni la ley ni el Reglamento Interior de 2014 preveían, restringió una facultad que la presidencia ya tenía. Con ello, excedió su potestad reglamentaria y vulneró el principio de subordinación jerárquica. El Consejo conservó la facultad de nombrar a los titulares en cualquier momento.

El cambio de fondo llegó el 14 de octubre de 2024. El Congreso reformó el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y facultó a la presidencia del INE para nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas. La Secretaría Ejecutiva siguió sujeta a la aprobación del Consejo General. En febrero de 2025, seis integrantes de la Suprema Corte votaron por invalidar la reforma. Como hacían falta ocho votos, la disposición siguió vigente, lo cual le dio una presunción de validez constitucional.

Ya con la nueva ley, la Sala Superior conoció las impugnaciones de integrantes del Consejo General contra las designaciones en las unidades técnicas de Transparencia (SUP-JG-10/2025) y de Fiscalización (SUP-JG-35/2026). Confirmó ambos nombramientos en lo que fue materia de impugnación. Al hacerlo, examinó el ejercicio de una facultad que el Congreso había incorporado a la ley y cuya invalidez la Corte no alcanzó a declarar. Precisó, además, que, si bien la presidencia del INE tiene margen para elegir, esa decisión está sujeta a los requisitos legales y a revisión judicial.

¿Qué hizo, entonces, el Tribunal? Dejó sin efecto el tope de doce meses para las encargadurías. Ese plazo carecía de sustento en la ley y en el Reglamento Interior de 2014. Su vencimiento tampoco aseguraba que hubiera un relevo. En pleno proceso electoral, la Sala privilegió la continuidad de las áreas del INE, y el Consejo General conservó la facultad de nombrar a sus titulares. Nombrar temporalmente encargados del despacho en puestos ejecutivos no implicaba otorgar a la presidencia del INE un poder distinto del que ya tenía desde 2014.

Fue la reforma legal de octubre de 2024 la que hizo la diferencia y la que otorgó a la presidencia del INE la facultad de nombrar «a dedazo» a los titulares definitivos de las áreas esenciales de esa institución.

*Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación