¿Defensa de la soberanía?

Bajo una absurda narrativa de nacionalismo trasnochado, Morena ha implantado la idea de que toda crítica a su gobierno y partido es un atentado contra la soberanía que se ve vulnerada por la intervención de actores extranjeros. Bajo esa lógica, cada fricción diplomática, investigación judicial o presión comercial se presenta a la opinión pública como una agresión existencial. 

La soberanía así entendida deja de ser el principio político de ejercicio del poder para convertirse en un fetiche geográfico y un escudo retórico que clausura el debate público mientras esquiva la pregunta incómoda de qué pasa cuando el control del territorio se pierde no frente al exterior, sino al interior de sus fronteras por la acción de la delincuencia organizada.

Desde Jean Bodin hasta Max Weber, el concepto de soberanía manifiesta la capacidad de ejercer autoridad sobre un territorio determinado y el Estado la institución que reclama el monopolio legítimo de la violencia. La repercusión de esta definición es devastadora, pues cuando organizaciones criminales controlan regiones completas, regulan actividades económicas, cobran tributos, imponen normas de conducta y determinan quién vive y quién muere, la pregunta por la soberanía deja de ser quién gobierna jurídicamente y pasa a ser quién manda realmente.

La confusión entre legalidad, legitimidad y soberanía ha ocultado esta realidad durante años. La legalidad corresponde a quien ganó la elección, la legitimidad apela a la autoridad moral y política de quien ejerce el poder y la soberanía refiere a la capacidad efectiva de mando. Aunque las tres son dimensiones distintas de la autoridad; en una democracia sana, legalidad, legitimidad y soberanía deberían coincidir en el gobierno. Tristemente, en México no ocurre así.

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Un gobierno puede ganar una elección, contar con respaldo popular significativo y aun así perder la soberanía si amplias porciones del territorio permanecen bajo el control de poderes paralelos que desafían o sustituyen las funciones fundamentales del Estado.

La soberanía pertenece a la nación, no a un partido ni a una facción ideológica. Sin embargo, los populismos suelen recorrer un camino perfectamente identificable. Primero afirman representar al pueblo auténtico, luego identifican al pueblo con la nación y finalmente equiparan al partido con el Estado. Cuando ese proceso se consolida, cualquier crítica al gobierno es interpretada como una agresión contra México mismo. El adversario político deja de ser un ciudadano con opiniones distintas y pasa a ser un enemigo de la patria.

La reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral merece una reflexión adicional. Cuando el concepto de injerencia es tan ambiguo, cualquier investigación, denuncia o informe de organizaciones internacionales es susceptible de ser utilizado en una disputa electoral y transformar la soberanía en una herramienta para proteger al poder.

Las naciones no pierden su soberanía de forma súbita; comienza cuando el Estado descuida sus atribuciones y el crimen ocupa los espacios vacíos que dejan las instituciones estatales; una consecuencia inevitable del arribo a los espacios de la función pública de criminales que compraron el acceso al poder. 

Cuando el poder político es cooptado por la delincuencia, cualquier investigación se interpreta como agresión a la autodeterminación. Los políticos criminales, al verse expuestos por una fuerza externa, no defienden la independencia de la nación; defienden la soberanía de la impunidad.

La soberanía no desaparece cuando una nación extranjera opina acerca de los asuntos nacionales; lo hace cuando el Estado renuncia a ejercer el poder que le corresponde, cuando las instituciones son subordinadas a intereses facciosos y cuando el lenguaje político se utiliza para ocultar aquello que debería ser investigado. La soberanía se pierde cuando quienes gobiernan dejan de defender al Estado y empiezan a defenderse a sí mismos.