El Imperio efímero y la nación inacabada

La memoria cívica en México es selectiva y, a menudo, prefiere la épica del inicio que la complejidad de los procesos y mucho menos de la consumación. Cada septiembre nos volcamos en la celebración del Grito, el estallido popular y violento de 1810. Sin embargo, solemos pasar por alto que un día como hoy en el que escribo,  28 de septiembre, pero de 1821, la historia de nuestro país tomó su forma jurídica fundacional con la redacción y firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano.

Lo que nació en aquella jornada, tras la entrada del Ejército Trigarante a la capital, no fue la república democrática y federal que hoy damos por sentada, sino una monarquía constitucional. Fue, en estricto sentido, un pacto cupular. Las élites novohispanas, temerosas del liberalismo gaditano que cobraba fuerza en España, optaron por romper con la metrópoli para conservar el statu quo. La independencia se consumó bajo la promesa de un trono, ofreciendo un andamiaje institucional que intentaba conciliar la autonomía política con el orden tradicional.

Ese diseño estatal, encabezado por Agustín de Iturbide, estaba condenado a la fragilidad. Como bien documenta Enrique Krauze en su imprescindible Siglo de Caudillos (1996), el siglo XIX mexicano se caracterizó precisamente por la profunda orfandad de poder que dejó la Corona española. Krauze nos recuerda que, ante la ausencia de la figura del monarca y la inoperancia de unas leyes constitucionales que resultaban abstractas para la realidad del país, el vacío fue rápidamente ocupado por los hombres de carne y hueso: los caudillos. La monarquía constitucional fue apenas el primer experimento fallido de una larga serie de ensayos para gobernar un territorio fragmentado, donde las lealtades regionales y el carisma personal pesaban mucho más que cualquier documento firmado en la capital.

A más de dos siglos de aquel 28 de septiembre, la reflexión resulta inevitable. Aquella tensión originaria entre el diseño institucional escrito en el papel y el ejercicio personalista y descarnado del poder sigue siendo el gran drama de nuestra vida pública. Las formas han cambiado, los títulos nobiliarios desaparecieron, pero la tentación de concentrar la autoridad en figuras providenciales en detrimento de las instituciones persiste en el ADN político nacional.

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Revisitar el Acta de 1821 no es un mero ejercicio de nostalgia por los archivos, sino un recordatorio de que México sigue siendo un país en construcción. La consolidación de un Estado verdaderamente republicano, donde la ley opere como límite efectivo frente al poder y no como un instrumento a su servicio, es una tarea inacabada. El pacto de Iturbide nos dio una patria independiente; sin embargo, la construcción de una república de ciudadanos, libre de los resabios del caudillismo y de las hegemonías unipersonales, es un proceso histórico que todavía se conjuga en tiempo presente.