La política de las urgencias: cuando gobernar consiste en apagar incendios

Hace algunas semanas sostuve en este espacio que gobernar no siempre significa transformar el sistema, sino aprender a sobrevivir dentro de él. Más recientemente señalé que la separación entre la política pública y la política social ha contribuido a explicar por qué muchos problemas nacionales permanecen intactos a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Hoy quisiera añadir una tercera pieza a ese diagnóstico: México parece haber quedado atrapado en la política de las urgencias.

Los países no fracasan únicamente por tomar malas decisiones. También fracasan cuando dejan de distinguir entre lo urgente y lo importante. México parece haber caído precisamente en esa trampa. La agenda pública cambia todos los días. Una semana el debate gira en torno a la inseguridad; después aparecen las presiones migratorias, la sequía, la inflación, la violencia, el déficit presupuestal o las amenazas comerciales provenientes de Estados Unidos. Ninguno de estos problemas puede ignorarse. El verdadero problema surge cuando cada nueva crisis desplaza a la anterior y obliga al Estado a concentrar sus recursos políticos, financieros e institucionales en atender la coyuntura inmediata.

Así nace una forma de gobernanza que podríamos denominar Gobernanza Reactiva: aquella en la que el Estado deja de conducir el desarrollo para limitarse a responder, una tras otra, a las crisis que nunca alcanza a prevenir.

El caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, ilustra con claridad esta lógica. La incertidumbre en torno a su revisión, las amenazas arancelarias y las tensiones geopolíticas con Estados Unidos obligan al gobierno mexicano a reaccionar con rapidez. Es comprensible: México mantiene una profunda integración comercial con su vecino del norte y cualquier alteración en esa relación puede afectar la inversión, el empleo y las cadenas productivas.

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Sin embargo, existe una pregunta mucho más importante y mucho menos frecuente: ¿qué ha hecho México durante los últimos años para depender menos de esa incertidumbre? Mientras discutimos la siguiente negociación comercial, seguimos posponiendo el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación de exportaciones, la inversión en innovación, la formación de capital humano y la incorporación de mayor valor agregado a nuestra producción. En otras palabras, administramos las consecuencias sin transformar las causas.

Esta lógica también se manifiesta en la política social. Durante los últimos años se avanzó en la constitucionalización del bienestar, al convertir diversos apoyos sociales en derechos reconocidos formalmente. Este proceso representó un cambio relevante en la relación entre el Estado y la población, porque dotó de mayor estabilidad jurídica a programas destinados a grupos vulnerables. Sin embargo, la ampliación constitucional de derechos coexistió con una progresiva desinstitucionalización de los procesos de gobernanza. Se debilitaron organismos técnicos, mecanismos de evaluación, capacidades administrativas y espacios de coordinación que permitían diseñar, implementar y corregir las políticas públicas. De este modo, el bienestar fue fortalecido como promesa constitucional, pero debilitado como proceso institucional.

La paradoja es evidente: el Estado puede reconocer más derechos y, al mismo tiempo, perder capacidad para garantizar que esos derechos se traduzcan en resultados sostenibles. Cuando las transferencias inmediatas sustituyen a la planeación, la evaluación y la construcción de capacidades, la política social corre el riesgo de convertirse en una respuesta urgente frente a carencias que requieren soluciones estructurales.

La política de las urgencias tiene un costo silencioso. Lo urgente consume presupuesto, atención, tiempo y capacidad institucional. Lo importante (educación, productividad, ciencia, infraestructura, planeación estratégica y fortalecimiento institucional) queda permanentemente relegado porque sus resultados no caben en el calendario político de un sexenio ni en la lógica electoral de la inmediatez. Ahí se encuentra el vínculo entre la gobernanza reactiva, la desinstitucionalización y el espejismo del bienestar. Un Estado que concentra sus esfuerzos en responder a la presión del presente puede repartir apoyos, contener temporalmente una crisis o negociar una amenaza comercial; pero difícilmente transforma las condiciones que producen la desigualdad, la dependencia económica o la fragilidad institucional.

Gobernar no debería consistir únicamente en reaccionar mejor que ayer. Gobernar implica anticipar los problemas de la próxima década. Los países que hoy admiramos no se hicieron fuertes porque resolvieran mejor las emergencias, sino porque construyeron instituciones capaces de impedir que las emergencias definieran permanentemente su destino. Quizá el mayor desafío del Estado mexicano no sea responder con mayor rapidez a la siguiente crisis, sino recuperar algo que parece haberse perdido entre la coyuntura y la inmediatez: la capacidad de planear el futuro. Porque un país que vive apagando incendios difícilmente encontrará el tiempo para construir el edificio que algún día quiso habitar.

louis.mballa@uaslp.mx