Los ejes de la reforma Parte I: ¿un árbitro austero?
La reforma electoral está ya en el centro del tablero político. Ya no es un rumor: existe una primera propuesta que fue entregada a la Presidencia para su revisión, ajuste y eventual envío al Congreso. Hay que aclarar que no estamos todavía ante un dictamen legislativo ni ante un texto cerrado; estamos en el punto donde la arquitectura institucional empieza a ser "negociable". Y en esa fase, cuando el documento aún es maleable, suele aparecer la tentación de realizar ajustes cuestionables a cambio de una mayoría que gaga transitar su aprobación.
Se ha hablado de varios frentes: reglas de representación, financiamiento a partidos, rediseño de órganos electorales, eventuales candados a propaganda y al uso de tecnología en campañas, e incluso medidas para enfrentar la intromisión del dinero ilícito. No todo tiene la misma naturaleza. Dejemos a un lado "lo que el pueblo pide" porque aparentemente el pueblo no está en la mesa de discusión. Hay cambios que buscan eficiencia; hay cambios que buscan control. Y esa distinción es fundamental, porque una democracia puede modernizarse sin perder garantías, pero también puede "reformarse" para quedar más vulnerable.
Hoy quiero concentrar la atención en la etiqueta más seductora del momento: un árbitro austero. La propuesta que circula plantea reducir el número de consejerías del Instituto Nacional Electoral (de 11 a 9) y compactar los órganos superiores de dirección de los organismos públicos locales electorales (de 7 a 5). Sobre el papel, la oferta parece sensata: menos integrantes, menor costo. El problema es que el árbitro electoral no es un área administrativa cualquiera. Cualquier diagnóstico serio colocaría sobre la mesa, con pesos y centavos, el ahorro que generará tal reforma y lo balancearía con los efectos o beneficios que esta propuesta conlleva. Pero no es así, no hay tal dato. La lógica es esta: menos es mejor. ¿por qué?, Porque sí. ¿Cuánto? Eso.
La reducción de consejerías puede discutirse, sí, pero solo si se hace con argumentos técnicos y no con consignas. Un consejo colegiado no existe por capricho o porque una democracia se vea más bonita con un consejo de notables -una corte celestial le llaman en algún lado-. Su número, su pluralidad interna y su deliberación funcionan como mecanismos de seguridad institucional. En un órgano electoral, cada silla cumple una función de contrapeso: distribuye el peso de la decisión, reduce la posibilidad de captura y obliga a construir mayorías con argumentos, no solo con disciplina. Se lo digo con conocimiento de causa. Menos integrantes significa más carga por persona, más presión concentrada y una capacidad disminuida de abarcar. En un país donde cada proceso electoral despierta tensiones, reducir amortiguadores internos es jugar con fuego.
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En la propuesta hay un giro que merece una alerta mucho más fuerte. En el caso de los OPL, no solo se sugiere compactar su integración; se plantea modificar el mecanismo de designación de sus consejerías para que la decisión recaiga en el Senado. Ahí está el punto crítico. Déjeme recordarle que el mecanismo de designación de consejerías de OPL (el CEEPAC, en San Luis Potosí) no era un tema instalado en la conversación pública como una necesidad imperiosa. No estaba en discusión, con seriedad, la neutralidad o la capacidad técnica de las consejerías locales como para justificar que el nombramiento vuelva a la órbita de la negociación partidista nacional. Y, sin embargo, se abre esa puerta.
¿Por qué importa tanto el método de nombramiento? Porque la independencia no se proclama: se diseña. La capacidad técnica no se supone: se evalúa. Un árbitro es tan autónomo como las reglas que lo separan del poder que debe vigilar. El modelo surgido de la reforma de 2014 trasladó la designación de consejerías de los OPL al Consejo General del INE justamente para elevar estándares y reducir la captura local. La lógica fue simple: los poderes locales suelen mecanismos para domesticar a la autoridad que los arbitra. Por eso el nombramiento no debía depender de los mismos actores que compiten o gobiernan en el ámbito inmediato. Ya tuvimos ese modelo previo a la reforma de 2014. Ese modelo en el que no había alternancia local como la tenemos el día de hoy.
El modelo de designación por parte del Senado tiene su fundamento republicano. Estoy de acuerdo con eso. Actualmente las magistraturas electorales son designadas por ese mecanismo. Y a pesar de que existe un procedimiento de "valoración curricular" y de entrevistas, me resulta paradójico que para el cargo de magistraturas electorales no es necesario presentar un examen estandarizado de conocimientos como los que actualmente se presentan en CENEVAL para las consejerías electorales de los OPL. ¿En verdad le queremos devolver a los partidos la capacidad de decidir con sus mayorías a los árbitros?.
Cambiar eso y llevar la designación al Senado se vende como un mecanismo de legitimidad política. En realidad, es un retorno a la lógica de cuotas, pero ahora con un escenario más grande, más ruidoso y más expuesto. Se dirá que se exige mayoría calificada, que habrá comités técnicos, que existen salvaguardas. Bien. Pero la historia institucional mexicana enseña que la mayoría calificada, muchas veces, no evita el reparto: lo vuelve formal. La cuota deja de ser un pecado vergonzante para convertirse en una "negociación necesaria". Y en materia electoral, esa normalización de la cuota es veneno lento. Porque el árbitro no solo debe ser imparcial; debe parecerlo y, sobre todo, debe estar estructuralmente protegido de la deuda política.
La paradoja es evidente. Si el discurso rector es la austeridad, ¿por qué el cambio más delicado no está en el gasto sino en el control del nombramiento? Si lo que se buscara fuera eficiencia, habría rutas menos riesgosas: reorganizar áreas administrativas, compartir servicios, afinar procesos, invertir con inteligencia en tecnología y simplificar cargas operativas sin tocar las defensas esenciales. Pero cuando lo que se modifica es quién designa a quién, ya no estamos frente a un recorte: estamos frente a una redistribución de poder.
En las próximas semanas podremos entrar a los otros temas que se han puesto sobre la mesa. Hoy bastaba con fijar un principio: un árbitro austero no debe ser un árbitro debilitado, y mucho menos un árbitro con la independencia hipotecada. Lo barato, aquí, puede salir carísimo.
Déjeme regresar al inicio. Se habló de que el sistema electoral del país es de los más caros del mundo (obviemos ya la parte de demostrar esas afirmaciones) y en el nombre de eso, se propone eliminar a 2 consejerías del INE. Ajá, 2 consejerías. Y a otras 2 por cada Estado de la República para el caso de los OPL. La modificación del mecanismo de designación de las consejerías de los OPL es lo que me resulta claramente regresivo y riesgoso. ¿Puede funcionar el sistema de esa manera? Sí. ¿Es el tipo de árbitros que necesitamos? ¿Usted qué piensa?.
La caminera
Una cosa que no cambia es usar a las embajadas y consulados como premios, a veces de consolación. Ay de Matías Romero.
x.@marcoivanvargas
