Maru y Rocha Moya
"A los amigos, justicia y gracia.
A los enemigos, la ley a secas".
Frase atribuida falsamente por AMLO a Benito Juárez
La energía con que la FGR está persiguiendo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta participación de cuatro agentes de la CIA -dos de ellos fallecidos-- en un operativo conjunto de la fiscalía de Chihuahua y el Ejército Mexicano contra un narcolaboratorio, contrasta con la desidia en la investigación del gobernador morenista con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya.
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La FGR no solo ha tomado la decisión de llamar a declarar a cuando menos 50 funcionarios de Chihuahua, aunque a nadie del Ejército, sino que lo anunció en un video del fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, uno de los más encumbrados integrantes de la familia de la 4T. Es una forma de subrayar la importancia de la medida. Las acciones y declaraciones contra Campos se han convertido en una prioridad política para la 4T. La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y varios legisladores, piden que se le acuse de "traición a la patria".
El vigor de la persecución contra Maru contrasta con la laxitud en el caso de Rocha Moya y nueve coacusados. La fiscalía se ha limitado a declarar que no hay "pruebas contundentes" en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No se ha anunciado que alguien haya sido llamado a declarar.
Una de las acusaciones es que en las elecciones de 2021 para gobernador de Sinaloa los Chapitos se comprometieron a garantizar el triunfo de Rocha Moya quien, a cambio, les ofreció protección y apoyo. Se ha documentado que cientos de representantes y candidatos de la oposición fueron secuestrados por grupos del crimen organizado para impedir su trabajo antes de la votación. La magistrada que dio el triunfo a Rocha Moya, Aída Insunza, es hermana de Enrique Insunza, el senador morenista también acusado de narcotráfico. Sorprende que la FGR no haya encontrado a quién preguntarle.
La gobernadora Campos ha declarado que no fue informada de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo del 18 de abril. Los mandos del Ejército tampoco han reportado que hayan actuado agentes extranjeros. Una investigación interna del gobierno de Chihuahua señaló que Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, llevó a los agentes, pero dos de ellos. así como el propio Oseguera, fallecieron en un aparente accidente.
No hay duda de la presencia de los agentes, pero no hay indicios de que hayan tenido un papel activo. Si acaso, fueron testigos. Tampoco de que la gobernadora supiera que estaban allí. La gobernadora se reunió con el secretario de seguridad Omar García Harfuch el 23 de abril y siempre ha estado dispuesta a cooperar con las autoridades federales. El fiscal estatal César Jáuregui renunció el 27 de abril.
En el caso de Rocha Moya lo único que ha hecho la FGR es pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite "pruebas" al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha desacatado la solicitud de detención provisional con propósitos de extradición que le da a Estados Unidos 60 días para entregar pruebas que muestren una probable responsabilidad, pero no "pruebas contundes" que confirmen la culpabilidad, ya que estas solo deben presentarse en el juicio en Nueva York.
Una vez más es claro que en México hay dos sistemas de justicia. El primero es estricto y se aplica a la gente común y corriente y a la oposición. El otro no solo es suave sino cómplice, y protege a los amigos del gobierno.
Aeropuertos
Nos dijeron que con el AIFA aumentaría la capacidad de tráfico aéreo del valle de México, pero resulta que en 2025 el AICM y el AIFA solo tuvieron 51.7 millones de pasajeros, apenas arriba de los 50.3 millones de 2019. La aviación civil está estancada. En Estambul, en cambio, el nuevo aeropuerto pasó de 52 millones de pasajeros en 2019 a 84 millones en 2025.
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