No era fiesta, era ensayo general

Hay fiestas que son fiestas. Reuniones para celebrar, recordar, agradecer, abrazar una historia o cerrar un ciclo. Nadie tendría por qué escandalizarse de que un partido político conmemore su origen, reúna a su militancia o presuma, dentro de los límites legales, lo que considera su trayectoria.

El problema empieza cuando la fiesta deja de parecer fiesta y cuando hay escenario masivo, estructura partidista, miles de asistentes, discurso rumbo al siguiente proceso electoral, aspirante vitoreada, narrativa de continuidad, funcionarios en primer plano, cobertura mediática amplificada y una frase que no deja mucho espacio para la interpretación: "en 2027 va a ganar el Partido Verde".

Entonces la pregunta cambia. Ya no es: ¿puede un partido celebrar un aniversario? Claro que puede. La pregunta verdadera es otra: ¿puede disfrazarse una campaña anticipada como celebración partidista? Porque en San Luis Potosí hay una línea que se está volviendo peligrosamente borrosa: la que separa al gobierno del partido, al funcionario del operador, a la celebración del mitin, al informe del posicionamiento, a la estructura pública de la maquinaria electoral.

El evento por los 20 años del llamado gallardismo no fue un asunto menor. No fue una reunión discreta de militancia. No fue una charla interna en una oficina partidista. No fue un brindis entre simpatizantes. Fue un acto masivo, visible, mediático, cuidadosamente organizado y políticamente útil. Un evento que, por su dimensión y contenido, parecía menos una conmemoración y más un ensayo general de campaña.

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No hace falta ser especialista en derecho electoral para advertir lo evidente: cuando desde el poder se construye un mensaje de continuidad, se exalta una fuerza partidista, se anticipa la próxima elección y se posiciona públicamente a quienes podrían participar en ella, el calendario oficial se vuelve una formalidad. La campaña quizá no ha empezado en la ley, pero ya empezó en la realidad.

Las reglas electorales no existen para estorbar la política. Existen para impedir que alguien llegue a la competencia con ventaja indebida. Existen para evitar que quien gobierna use su investidura, sus recursos, su estructura, su poder de convocatoria y su presencia pública para adelantar la carrera mientras los demás siguen esperando el disparo de salida.

Si todos compiten, todos deben arrancar en condiciones razonablemente parejas. Pero cuando alguien empieza antes, con reflector público, estructura partidista, narrativa oficial y una maquinaria de movilización aceitada, la elección futura llega contaminada desde antes de nacer.

Eso es lo delicado, porque se avecina una ELECCIÓN DE ESTADO.

No se trata de tenerle miedo a la política. La política es necesaria. Los partidos son parte del sistema democrático. La militancia tiene derecho a reunirse. Las personas públicas tienen derecho a expresarse. Nadie discute eso. Lo que no se puede aceptar es que la libertad de reunión se use como coartada para vulnerar la equidad, ni que el derecho de asociación política sirva para esconder actos de posicionamiento anticipado, ni que un aniversario se convierta en vehículo para instalar una candidatura antes de tiempo.

Porque la democracia no sólo se rompe cuando se roban votos. También se debilita cuando se normaliza la ventaja anticipada. Cuando se usa el aparato público para construir inevitabilidad política. Cuando se pretende convencer a la sociedad de que el futuro ya está decidido. Cuando antes de que empiece el proceso electoral ya se nos presenta una ruta, una narrativa y una sucesión como si fueran destino inevitable.

Por eso importan los actos anticipados y el problema se agrava cuando quienes protagonizan esos actos son personas servidoras públicas. Porque entonces ya no hablamos sólo de militantes o dirigentes partidistas, sino de autoridades que tienen una obligación constitucional reforzada de imparcialidad y neutralidad. Gobernar no autoriza a convertir la investidura pública en plataforma de partido. Administrar recursos públicos no permite ponerlos, directa o indirectamente, al servicio de una causa electoral.

El artículo 134 constitucional no es adorno. Es una advertencia civilizatoria: los recursos públicos deben aplicarse con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos. La razón es sencilla: el gobierno pertenece a todas y todos, no al partido que ganó la elección anterior.

Una obra pública no es patrimonio familiar. Un programa social no es herencia partidista. Un teatro público no es salón privado de campaña. Una investidura no es micrófono electoral permanente.

Cuando esos límites se confunden, la ciudadanía tiene derecho a incomodarse. Más aún: tiene derecho a DENUNCIAR, y ESO ES LO QUE HICE, porque simplemente me INDIGNA (palabra que a los potosinos se nos ha olvidado).

Delírium trémens.- Cada 17 de julio (en el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales) México recuerda a quienes defienden la vida donde otros sólo ven tierra, agua o negocio. Defender el medio ambiente no debería costar amenazas, cárcel ni muerte; debería merecer respeto, protección y gratitud. Porque quien cuida un árbol, un río, una montaña o una comunidad, también está cuidando el futuro de todas y todos. 

@luisglozano