Portarse bien en la era digital

Durante años hemos visto con una mezcla de inquietud y suficiencia hacia la idea del llamado "crédito social". Nos tranquiliza pensar que se trata de una cuestión propia de sociedades donde un Estado absoluto observa a los ciudadanos, califica su conducta y termina determinando quién merece confianza y quién debe sufrir las consecuencias de no haberse comportado como se esperaba. China, por ejemplo.

Sin embargo, no hace falta semejante sistema, ni una computadora central ni mucho menos una dictadura, para que la reputación termine gobernando buena parte de nuestra vida. Es suficiente con que algunos de los espacios de los que dependemos estén administrados por organizaciones privadas capaces de observar nuestro comportamiento, interpretarlo y decidir qué consecuencias tendrá después. En ese momento la reputación deja de ser aquello que los demás piensan de nosotros, como ocurrió durante siglos, y se convierte en algo mucho más importante porque comienza a determinar lo que podremos hacer mañana.

Ahí encontramos un cambio poco visible del poder contemporáneo. El Derecho nació y creció pensando principalmente en un poder centralizado en el Estado, y precisamente porque sabíamos dónde estaba pudimos construir durante siglos mecanismos para contenerlo y ponerle freno. La autoridad debía explicar por qué actuaba y, cuando afectaba suficientemente a una persona, tenía que permitirle defenderse. El diseño podía funcionar mal, como sabemos de sobra en México, pero el principio era comprensible, pues cuanto más grave fuera el poder ejercido sobre alguien, mayores debían ser las razones para justificarlo.

Sin embargo, hoy una parte cada vez más importante de nuestra existencia transcurre dentro de infraestructuras que no pertenecen al Estado y que, sin embargo, poseen una enorme capacidad para organizar las condiciones bajo las cuales trabajamos, nos comunicamos, somos encontrados o participamos económicamente. Eso no convierte a las empresas tecnológicas en gobiernos disfrazados ni detrás de cada algoritmo se esconde algún siniestro plan de dominación mundial. Precisamente lo interesante es lo contrario, ya que el sistema puede funcionar sin que nadie lo haya concebido de manera completa.

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Una relación puede seguir siendo jurídicamente privada y producir, sin embargo, consecuencias que difícilmente pueden seguir explicándose como un sencillo acuerdo entre dos particulares libres e iguales. Si alguien ha empleado años construyendo una trayectoria dentro de determinada infraestructura, la posibilidad jurídica de marcharse siempre estará ahí, pero quizá sea una libertad bastante peculiar cuando hacerlo supone abandonar junto con ella una parte considerable de lo que ha construido.

La reputación acumulada adquiere valor y, por lo mismo, la amenaza de perderla comienza a influir en el comportamiento. El poder ya no necesita presentarse con uniformes, sellos oficiales o mandamientos escritos; puede actuar de una manera bastante más discreta, modificando simplemente las condiciones bajo las cuales una persona continuará participando. Ése es el fenómeno que propongo llamar gobernanza reputacional privada.

La expresión suena más complicada que la idea. Consiste simplemente en reconocer que la reputación cambia de naturaleza cuando alguien tiene capacidad de convertir lo que sabe, cree o infiere acerca de nosotros en una condición para nuestras oportunidades futuras. Lo verdaderamente importante, por ello, no es que exista una calificación ni que podamos verla en una pantalla. La cuestión es saber quién puede darle esos alcances y consecuencias.

Acaso la forma más refinada de controlar una conducta no consiste en prohibirla, sino en conseguir que cada uno calcule, antes de realizarla, cuánto podría costarle.

Redes sociales con cuentas suspendidas, publicaciones "bajadas" o restricción de uso de plataformas de transporte o entrega de comida. Y puede seguir la enumeración de "castigos privados".

X: @jchessal