Busca la UASLP anular contrato "desfavorable"

PRIMERA PARTE

El polémico contrato de arrendamiento de un predio de su propiedad a una empresa privada prendió los focos rojos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pues pese a llevar negociándolo desde diciembre de 2022 y de haberlo firmado en abril de 2024, la institución apenas reparó a fines del año pasado que contenía cláusulas desfavorables, lesivas para la Universidad y que la dejaban en riesgo de verse afectada por la eventual derrota en un litigio en caso de embarcarse en el intento de rescindirlo.   

Se trata del contrato firmado con la empresa Distribuidora VEM SA de CV, cuyo propietario mayoritario es el político y exdiputado local Fabián Espinosa Díaz de León.

Durante esa sesión, se reveló que el contrato, negociado y firmado a nombre de la UASLP por el entonces titular de la Oficina de la Abogacía General, Joel González de Anda, estaba "deficientemente construido", contenía incongruencias y que no tenía cláusulas sobre la rescisión del documento en caso de incumplimiento, que ponían a la UASLP en una posición vulnerable en caso de litigio.

Con esta entrega, Editora Mival inicia la publicación de una serie de textos que analizan diversos aspectos controvertidos de este negocio promovido por el rector Alejandro Zermeño Guerra y aprobado por el CDU de la UASLP. 

OFERTA ATRACTIVA

El contrato, firmado el 12 de abril de 2024, ampara la renta de un predio propiedad de la UASLP, de 46 mil metros cuadrados, para que la empresa construya un centro deportivo universitario, que incluyera canchas y negocios. 

Sin embargo, las primeras propuestas ocurrieron, según documentos universitarios, desde diciembre de 2022. El análisis de la viabilidad del negocio propuesto fue encomendado por la rectoría a la Comisión de Hacienda de la UASLP, que en ese año la integraban el director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán; la directora de la Facultad de Economía, Graciela Vélez Dávila; la secretaria administrativa de la UASLP, Hilda Borjas García, y el abogado general, Joel González.

Tras dos ofertas iniciales, Distribuidora VEM convenció finalmente a la UASLP con el ofrecimiento de pagar una renta de tres millones 450 mil pesos anuales durante 20 años forzosos, además de beneficiar a la institución con el otorgamiento de cajones de estacionamiento y tarifas preferenciales a la comunidad universitaria para disfrutar las instalaciones deportivas.

Además de canchas, el Centro Deportivo Santa Fe, como fue bautizado, tendría espacios comerciales, de servicios y de recreación, sin especificar puntualmente su naturaleza. El diseño del proyecto sería acordado entre las partes.

El contrato preveía un año de gracia para la empresa para que pudiera realizar las inversiones iniciales, que correría a partir del 12 de abril de 2025.

Por esa razón, el beneficio global para la UASLP sería, por los 19 años pagados, de 65.5 millones de pesos. Al final del plazo, señalaba el contrato, la infraestructura pasaría a ser propiedad de la UASLP.

En varias sesiones celebradas durante 2023, la Comisión de Hacienda trató el tema, evaluando las alternativas y buscando mejores ofrecimientos. Finalmente, en noviembre de ese año, determinó factible realizar el contrato, estableciendo condiciones como la salvaguardia de la estabilidad financiera de la Universidad, se definiera claramente el destino del predio y se determinara con la mayor claridad posible las medidas para que realmente se estableciera un centro deportivo.

El 23 de noviembre de ese año, la propuesta de la comisión fue presentada por el rector Zermeño Guerra al CDU y fue aprobada por unanimidad. 

ESCÁNDALO DESATADO

El contrato no se hizo público por parte de la UASLP, hasta que el portal Astrolabio lo reveló en noviembre del año pasado.

De inmediato surgieron cuestionamientos debido a que Distribuidora VEM presentó un proyecto a construir en ese terreno un desarrollo muy distinto al acordado, bautizado como Distrito Santa Fe, que más que un centro deportivo, tenía más pinta de plaza comercial, con tiendas ancla, una distribuidora de BMW y decenas de negocios; al tiempo que reducía bastante el espacio para instalaciones deportivas.

Adicionalmente, se cuestionó el bajo monto cobrado por la UASLP, dado la ubicación del inmueble, en una zona premium de la capital, cuyas cotizaciones inmobiliarias son mucho mayores.

Un experto consultado en el tema señaló que la UASLP podría bien haber recaudado en el lapso del contrato 681.7 millones de pesos, a precios reales, en lugar de los 65.5 millones de pesos pactados, es decir, 10 veces más.

Descubierto el asunto, el rector Zermeño Guerra, en una sesión celebrada el mismo noviembre pasado admitió que la empresa había presentado un proyecto distinto al que se acordó, pues si bien dijo que habría negocios como una cafetería y una tienda de deportes, no una plaza comercial. 

Por ello, encomendó a la oficina de Abogacía General, con Urenda Navarro Sánchez al frente, tras haber sustituido a González de Anda, y a la Comisión de Hacienda que revisaran el asunto para detectar si la empresa había incumplido y, en ese caso, cancelar el convenio.   

DE BUENO A MALO

 La decisión de explorar la rescisión del contrato fue aprobada por el CDU en su sesión el 13 de diciembre de 2024 y se tomó con base en las conclusiones adoptadas por la oficina de Abogacía General y la Comisión de Hacienda, según informó Urenda Navarro.

Según acta de esa sesión, en poder de este medio, la abogada expuso al CDU que se buscaba una estrategia legal para rescindir o terminar anticipadamente el contrato "en razón a los incumplimientos en los compromisos y obligaciones contraídas por el arrendatario". 

Así, la comisión acordó presentar al CDU la propuesta de la rescisión del contrato.

A poco de ocho meses de que el CDU aprobara el contrato, Pedroza Gaitán reveló a ese mismo cuerpo colegiado que la Comisión de Hacienda advirtió que "en el documento hay situaciones que pudieran ser constitutivas del incumplimiento puntual del contrato". 

Añadió que se hallaron situaciones "que pudieran constituir también alguna situación que no fuese acorde al cuidado de los intereses de la Universidad, a su objetivo de la Universidad y a la imagen institucional". 

Los señalamientos de Pedroza Gaitán insisten en las deficiencias del contrato al señalar que "no se estaban cumpliendo cabalmente con los propósitos desde un inicio establecidos". 

ESTRATEGIA SECRETA

Ya en el tema jurídico, Pedroza Gaitán indicó que el Código Civil del Estado prevé alternativas como la terminación anticipada y la rescisión. 

Apuntó que en el dictamen, la comisión analizó la situación bajo ese escenario. Indicó que la abogada general ha reunido pruebas para justificar esa determinación. 

Luego, Urenda Navarro explicó que en la investigación, se buscó si había situaciones que pudieran generar un incumplimiento.

También, indicó, buscaron posibles salidas de la UASLP, encontrándose 3 alternativas: la terminación anticipada, la nulidad por incumplimiento por un ejercicio indebido del mandato, y la rescisión.

De las tres, la abogada general indicó que esta última era la opción más segura, pues las otras implicaban "circunstancias que tal vez no fueran favorecedoras para una posible situación litigosa para la Universidad".

Anunció a los integrantes del CDU que no sería revelada la estrategia jurídica que seguiría la UASLP en el caso debido a cuestiones de secrecía, argumentando que la contraparte "seguramente accionará".

Se adoptó la reserva de la estrategia, insistió, porque implica salvaguardar los intereses de la Universidad frente a un posible litigio. 

Sin embargo, pase a la insistencia en la secrecía de la estrategia, Pedroza Gaitán dio un esbozo de ésta.

Dijo que si bien en el contrato se preveía la terminación anticipada del contrato, resultaba más relevante que el Código Civil preveía la figura de la rescisión ante el incumplimiento de una de las partes. 

Señaló que "nuestro sustento" es lo que señala el Código Civil. La UASLP trabaja, indicó, recabando las pruebas demostrativas, pero "no podemos enseñarles todavía cuáles son".    

En otra parte de su intervención, Navarro Sánchez señaló que el convenio preveía 20 años de arrendamiento, pero indicó que el Código civil prevé que un contrato de esa naturaleza no puede durar ese lapso, sino 15 años, lo que sería "una de las condiciones que afecta de nulidad al contrato".

CONSEJEROS CUESTIONAN

De los consejeros asistentes a la sesión, un par tomó la palabra para hacer cuestionamientos.

Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, declarándose inexperta en materia legal, preguntó sobre las implicaciones que tendría la rescisión del contrato y si en el contrato se establecían claramente las causas de rescisión.

En su respuesta, Urenda Navarro admitió que el documento no estipula ninguna cláusula de rescisión ni las causas que justificarían un rompimiento.

"No hay cláusula que hable sobre la rescisión, la única cláusula que prevé una posible terminación anticipada del contrato se refiere a que puede ser por voluntad de las partes".

Sin embargo, Navarro Sánchez acotó que esa norma tiene una "redacción bastante ambigua" que podría llegar, en caso de litigio, a tener que someterse a la interpretación de un juez para dirimir si la ruptura podría darse simplemente con la manifestación de la voluntad de alguna de las partes.

Y es que señala que en párrafos anteriores en esa misma cláusula, se señala que la rescisión estaría sujeta a un convenio entre las partes, es decir, que sea manifestación de la UASLP y de la empresa.

La abogada de la UASLP manifestó al respecto que el contrato está "deficientemente construido".

Sobre los escenarios en caso de irse a litigio, la abogada dijo que, de ganar, la UASLP lograría la ruptura del contrato y el pago de costas a cargo de la empresa.

Pero en caso contrario, la contraparte podrá exigirle a la UASLP el cumplimiento del contrato o una indemnización y el pago de costas legales.

Señaló que la institución puede buscar una conciliación con la empresa, pero recordó que "el clausulado no está favorable a la institución" y afirmó que "hay otros pormenores que afectan de nulidad al propio contrato". 

El consejero Daniel Zavala, de la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades preguntó también si había certeza de que los integrantes del CDU cumplían las condiciones jurídicas para votar la rescisión.

Esto porque Pedroza Gaitán y Urenda Navarro señalaron que el consejo había aprobado un año antes el contrato y ahora le correspondía aprobar si la UASLP iba por la rescisión.

Zavala Medina insistió en que si ya se había tomado una decisión "y no prosperó", tenía dudas de si los consejeros universitarios tenían los elementos jurídicos necesarios para tomar "una decisión tan fuerte".

Sin embargo, no recibió una respuesta concreta, pues el rector señaló que la solicitud era que se aprobara facultar a la Oficina del Abogado General a que siguiera el proceso, evaluando si era posible continuarlo o era necesario rescindirlo y luego informar de sus conclusiones al CDU.

El rector sometió al voto la propuesta, sin que fuera revelada la estrategia legal que seguiría la UASLP, que fue aprobada por unanimidad por los consejeros.