Xolol, la decadencia del sistema penitenciario
Aunque el discurso oficial sostiene que el penal femenil ha mejorado, las condiciones para las internas cada vez están peor
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El Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Xolol, ubicado en el municipio de Tancanhuitz de Santos, obtuvo en 2025 la calificación más baja de los últimos cinco años dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
En el último año de la administración de Juan Manuel Carreras López, es decir, en 2021 el penal logró el mejor posicionamiento con 6.72 puntos de 10 posibles, según precisó el estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre los mejores indicadores destacaron entonces el garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas internas y grupos de personas con necesidades específicas.
Ya en el primer año de la gestión de Ricardo Gallardo Cardona comenzó con la hecatombe de la cárcel huasteca, pues registró una caída de 1.07 puntos para establecerse en 5.65 de un total de 10, de los cuales presentó deficiencias en cinco rubros.
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La CNDH identificó deficiencias en la atención en condiciones de aislamiento, en los servicios de salud, en la alimentación, en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias y en la separación entre procesadas y sentenciadas.
Lo mismo se detectó en insuficiencia de programas para la prevención, atención de incidentes violentos, de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y de personal de seguridad y custodia, además de presencia de actividades ilícitas.
Y VIENE LO PEOR
Para el 2023 la situación se agravó al llegar a una evaluación de 5.33 puntos, donde se repitieron los mismos problemas, pero se incorporaron otros como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Un año después mejoró la calificación al obtener 5.52 puntos, sin embargo, la semaforización se mantuvo en color rojo o reprobatoria. Las irregularidades se replicaron en el 2024, pero la CNDH también detectó inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, y deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas.
A mediados de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomó la decisión de modificar el Cereso para que fuera exclusivo para mujeres y por ello, hasta principios de 2025 se formalizó este modelo de operatividad.
El cambio suponía una mejora, sin embargo, fue todo lo contrario, dado que en 2025 el Diagnóstico Nacional reveló que el penal femenino registró una calificación de 5.04 puntos, la más baja en los últimos cinco años.
Como sucedió en el primer año del nuevo gobierno, la investigación advirtió la presencia de actividades ilícitas, deficiencias en los servicios de salud y en la supervisión del funcionamiento del centro por parte de su titular.
De forma general, expuso omisiones en la atención a personas con discapacidad, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+ y quienes viven con VIH o SIDA, además de insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
DESDE EL OFICIALISMO
A pesar de la problemática sistemática documentada por la CNDH en el penal femenil, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostiene que en la actualidad la cárcel ha logrado grandes avances en la atención de las mujeres internas.
Presume que en el Cereso de Tancanhuitz se lleva a cabo el proceso de certificación, por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) de los Estados Unidos.
"Acabamos de tener la última supervisión, donde vino un supervisor americano y un supervisor mexicano y pasamos el 100 por ciento de los estándares. Son más de 100 estándares que tienen que ver con la actuación general de los centros penitenciarios, de profesionalización, de respeto a los Derechos Humanos, de seguimiento a los expedientes de las personas privadas de la Libertad y diversos estándares", describe el funcionario estatal.
A la espera de obtener la certificación del organismo internacional especializado, Juárez Hernández remarca que el año pasado el complejo carcelario obtuvo más de 10 millones de pesos, correspondientes al Socorro de Ley, es decir, subsidio federalizado otorgado a las entidades para la alimentación, manutención y atención de los internos procesados y sentenciados por delitos del fuero federal que se encuentran recluidos en Cereso´s estatales.
En tanto el gabinete de seguridad afirma hacer todo lo posible por revertir las condiciones expuestas por la CNDH, en los hechos las mujeres privadas de la libertad viven otra realidad muy diferente a la del discurso oficial.
Recibió gobierno estatal 12 mdp para manutención de las PPL
El titular de la SSPC explicó que los recursos se aplicaron en el Cereso femenil de Xolol
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