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Personas en prisión preventiva no votarán en elección judicial, determina TEPJF

Perteneces A.C. y Litigio Estratégico habían impugnado esa resolución del INE

Por Ana Paula Vázquez

Abril 29, 2025 03:01 p.m.

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La organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) les negó la posibilidad de participar en la elección judicial.

La impugnación se centró en el acuerdo INE/CG64/2025, emitido por el Consejo General del INE, en el que se declara inviable implementar el voto de personas en prisión preventiva para dicha elección.

En la demanda, las organizaciones argumentaron que esta medida viola el principio de progresividad de los Derechos Humanos, cuando ya había sido ejercido con anterioridad.

También señalaron que el acuerdo es incompatible con la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que reconoce el derecho de la ciudadanía a elegir directamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

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Subrayan que impedir el voto a personas en prisión preventiva en este contexto es especialmente grave, ya que se trata de una elección que impacta directamente en sus posibilidades de recuperar la libertad.

Las organizaciones sostuvieron que el INE no puede alegar obstáculos técnicos o financieros para restringir el ejercicio de un derecho fundamental y afirmaron que el Instituto está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho al voto.

La Sala Superior del TEPJF, también declaró infundados los planteamientos de las organizaciones, pues argumentó que el INE sí reconoce el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero justificó que la implementación del voto debe ser gradual y acorde a las capacidades operativas y financieras del Instituto.

Para las organizaciones promoventes, esta resolución constituye una denegación de justicia, ya que pospone sin justificación válida el ejercicio de un derecho previamente reconocido y perpetúa la exclusión de un grupo en situación de vulnerabilidad.