* Focos rojos * El deudor
Mientras se debate si existe o no una estrategia de seguridad pública en el estado o si las mesas de paz tienen o no alguna utilidad, algunos delitos en San Luis están fuera de control.
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El narcomenudeo tiene años siendo el delito de mayor incidencia en el estado desde hace años. Y las carreteras potosinas también tienen largo tiempo siendo un escenario de terror para los conductores y para las empresas transportistas para las que trabajan por la frecuencia con que son asaltados.
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Esto no ha pasado desapercibido para las organizaciones ciudadanas interesadas en el tema de la inseguridad, como México Evalúa, que argumentó con estadísticas para señalar que en San Luis, estas dos actividades delictivas presentan “un balance muy negativo”.
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No pasa desapercibido que se trata de delitos cuya responsabilidad de su combate es, mayoritariamente, federal.
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Pero eso no exime a las alcaldías y al gobierno del estado de tener también un dejo de culpa del alto crecimiento de estos delitos.
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El señalamiento está ahí y no podrán escapar las autoridades de sus señalamientos, por más que insistan que más denuncias registradas es una situación positiva porque es una muestra de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
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En ningún modo, quieren hacer creer, esto implica que la delincuencia está ganando terreno en el estado.
Ese cuento ya está muy trillado. Quizá pudiera ser más efectivo ponerse a trabajar, de manera eficiente y coordinada, para reducir esta incidencia.
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La crisis financiera del Interapas se agrava, en buena medida porque el gobierno estatal no termina de pagar las cuotas de un acuerdo anual en que se fijan las aportaciones estatal y federal.
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Hace unos días, este medio publicó que la UASLP tenía un déficit de las aportaciones del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona por 102 millones de pesos, con corte a abril.
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Ayer, el rector Alejandro Zermeño señaló que un mes después, el pendiente se duplicó, pues habló de que el pendiente se disparó a más de 200 millones de pesos.
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El tema es sensible para la UASLP, que ha pugnado desde hace años que se concrete la autonomía financiera de la universidad, para garantizar un ingreso que le permita, precisamente, evitar las penurias que ahora enfrenta.
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Sin embargo, se enfrenta al incumplimiento estatal, que quién sabe en qué proporción es generado por la falta de recursos y qué tanta en una negativa abierta y consciente, con el propósito de generar problemas a una institución que aún está fuera de su esfera.