> Oscuro anticipo > Abusos consentidos

¿Un anticipo ominoso para el Congreso? Esta legislatura está por cosechar un nuevo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora con la anulación de una reforma al Código Penal hecha en 2024 en la que se suponía se iba a despenalizar la mayor parte de los supuestos del aborto, pero los legisladores hicieron lo contrario al derogar la excepción que libraba de sanciones a las embarazadas que requirieran un aborto terapéutico para salvar la vida.

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Eso fue un despropósito que exhibió un burdo error de técnica legislativa, que fue detectado por el área jurídica de la Presidencia de la República y las comisiones de derechos humanos del estado y la nacional.   

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La respuesta del Congreso fue que no debía verse la derogación de la excepción de forma aislada, sino en un marco más amplio de la reforma que despenalizaba el aborto en general, por lo que los diputados consideraron adecuado derogar la medida.

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Para el magistrado encargado del proyecto de sentencia, Rodrigo García, la explicación no fue satisfactoria y, de todos modos, falló en sentido negativo. Hoy se vota y en los recientes reveses que ha recibido el Congreso potosino, el resultado final suele apoyar a la moción presentada.

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Esta situación cae en un momento delicado para el Congreso, pues la SCJN tiene en fila otra controversia contra la reforma, también al Código Penal, para criminalizar ciertos usos de la inteligencia artificial, presentada por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés. 

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Ante la serie de desatinos por los que los ministros le han corregido la plana al Congreso potosino, y a la serie de fallas que detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue la instancia que presentó la impugnación, no es improbable que tenga el mismo resultado adverso para los legisladores.

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Sobre el modo de referirse a la mencionada reforma, el legislador que la impulsó externó su molestia porque se le maneje como Ley Serrano.

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Sin embargo, se trata de un recurso periodístico válido. En este país se ha manejado al "Ley Döring" para referirse a una reforma de 2011 que buscaba acotar las descargas digitales ilegales, bautizada con el apellido del diputado panista que la propuso; la "Ley Fayad", en la que un senador priista buscaba, casualmente, sancionar delitos informáticos; y la "Ley Kumamoto", mediante la cual, en Jalisco, un diputado independiente logró vincular el financiamiento partidista a los votos reales que consiguieran.     

Las dos primeras naufragaron por impopulares y la tercera prosperó.

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En Estados Unidos, también es frecuente que la prensa se refiera a las reformas legislativas por el apellido de su promotor. La decisión de su uso, en todo caso, corresponde al medio.

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El Colegio de Bachilleres enfrenta la misma situación que la UASLP en materia de abuso. Se repiten los casos graves que afectan a su alumnado, especialmente a las mujeres, contra los que se toman medidas cosméticas que son no sólo inútiles, sino contraproducentes, al grado de que no logran evitar que los casos de abuso se repitan.

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El caso denunciado en esta edición, en la que una alumna enfrentó no a uno, sino a tres docentes acosadores, es indignante y obliga a la dirección del Cobach a abandonar las "soluciones" que sólo protegen a los acosadores y a la institución, y abandonan a la víctima.