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> Poder limitado > Nueva denuncia

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.

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Ya se tardaban y ahora tienen menos personal. Así es amable lector desde el Poder Judicial nos llega el reporte de que con la conclusión de 49 contratos al cierre de 2025, los órganos jurisdiccionales están operando con la mitad del personal en puestos clave.

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Ya se lo podrá imaginar, el déficit de empleados calificados ha causado un nuevo "cuello de botella" en la atención de los asuntos, lo cual se vienen a sumar al contexto donde todavía hay rezagos considerables y así lo admitió la presidenta de la Corte, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

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Señala la magistrada que además siguen registrándose jubilaciones, pero el impacto fuerte fue la conclusión de los contratos de 49 personas el pasado 31 de diciembre y los cuales, por alguna inexplicable razón no fueron renovados. 

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Admite Zarazúa Martínez que el impacto se refleja directamente en la operación diaria. "Por órgano jurisdiccional, normalmente se trabajaba con dos, y en este momento estamos trabajando con uno", señaló al referirse a los secretarios de acuerdos.

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Reconoció que al inicio de la nueva etapa encontraron rezagos tanto en trámite como en resoluciones, pero señala que los jueces emprendieron un trabajo intensivo para abatirlos y que en gran parte se logró avanzar. Sin embargo, la salida del personal volvió a presionar la estructura interna. "Se nos ha venido un poquito un cuello de botella con esta parte", mencionó.

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La magistrada es clara y asegura que no ha habido despidos, como se ha venido denunciando a través de diverso medios. "Las personas que salieron no fueron despidos, sino fin de sus contratos. Son 49 con exactitud", dijo. 

Explica que tras la reforma judicial, los magistrados ya no tienen facultades para despedir ni proponer la salida de personal, ya que los nombramientos corresponden al Órgano de Administración.

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El Poder Judicial emitió una convocatoria para cubrir las vacantes y actualmente hay 80 aspirantes en el proceso de selección. El ya muy cercano 25 de febrero se aplicará el examen escrito como primer filtro y señala la magistrada que aún no le ha proporcionado el número exacto de plazas disponibles.

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¿Y que le contamos?

De nueva cuenta agentes de la Guardia Civil del Estado (GCE), adscritos a la cabecera municipal de Salinas de Hidalgo, enfrentan una acusación por lo que parece ser fue un cateo ilegal y robo en el interior del restaurante "La Misión".

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Llama la atención el caso porque el negocio en mención es propiedad del exdiputado local Francisco Páez Galván y quien, por cierto, es hermano del actual alcalde de allá, de Salinas, Antonio Páez.

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Dice la denuncia que siete agentes tripulaban la camioneta pick up asignada a la zona e ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior del negocio, entre ellos la hija del político y restaurantero a quien finalmente le robaron su teléfono celular.

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Señala la afectada que tiene miedo de que los policías estatales hagan mal uso de sus datos personales. Los agentes policiales ingresaron, con el pretexto de un reporte de denuncia y a pesar de que en un predio contiguo se encuentra la base operativa de la Guardia Nacional, los elementos asignados a la zona, ni se enteraron de la incursión de los policías de la Guardia Civil del Estado.

Quienes presenciaron los hechos señalan que los policías interrogaron a la gente que ahí se hallaba y presionaban a los presentes y por eso a Páez Galván no le quedo más remedio que contactar a su abogado. Los policías apresuraron la revisión y generaron más destrozos y fue entonces cuando se robaron el teléfono celular de la hija de Páez.

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Cabe señalar que no es la primera queja que surge de la zona en contra del actuar de los agentes estatales y obviamente que resulta indispensable que la corporación aclaré qué fue lo que sucedió.

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¡Hasta mañana!