En la cancha de la FGE Litigio en ciernes
El problema del litigio entre la UASLP y la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. por el contrato de arrendamiento de un predio universitario ya es también un problema de la Fiscalía General del Estado.
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La dependencia que dirige Manuela García Cázares tiene ahora la responsabilidad de dilucidar si hubo o no algún delito de los que acusa el demandante, Fabián Espinosa Díaz de León, a autoridades universitarias y directivos y miembros de un medio de comunicación.
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Cualquiera que sea la decisión que tome la FGE, no escapará de la polémica. Sin embargo, tiene la responsabilidad de que ningún interés externo influya en ella.
Y hablando de intereses, sería interesante que la Oficina de la Abogacía General de la UASLP fuera más precisa en señalar qué “actores políticos ajenos” tratan de contaminar el asunto y dañar a la Universidad.
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Sí existen, no pasa nada en señalarlos abiertamente; a menos, claro, que sea una estrategia para desviar el foco de la atención pública.
El Congreso estatal se podría meter en un terreno pantanoso del que, dictan experiencias anteriores, no ha salido bien librado.
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No han sido pocas las ocasiones en que otras Legislaturas han intentado establecer reformas que afectan la autonomía municipal, especialmente la financiera, y se ha visto obligada a recular por fallos adversos de la Suprema Corte.
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Hacía allá se perfila una iniciativa presentada por el diputado del PVEM Fernando Gámez, para hacer que un programa social que los municipios desarrollen durante al menos dos años consecutivos, sea obligatorio para las administraciones siguientes.
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Se trata de la adición del artículo 38 bis de la Ley de Desarrollo Social que haría intervenir en la Sedesore, una instancia estatal, en la definición de prioridades del gasto social municipal.
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Sin embargo, no se menciona nada en torno a si la propuesta choca con el artículo 115 constitucional.
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El pasado 30 de abril llegó a las oficinas de Mival una carta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la que señala tener “el fin de aclarar cierta información publicada en la columna “De todos” de su periódico, relacionada con la supuesta relación laboral o de prestación de servicios profesionales entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el señor Antonio Sola.
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“Al respecto, le informo que dicha relación no existe. Por lo tanto, le solicito amablemente que publique una aclaración a sus lectores para rectificar la información proporcionada.
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Se refería al texto en el que se adelantaba el cambio de imagen del gobierno estatal, con un nuevo emblema y el lema “Potosí sin límites”.
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La columna informó de la celebración de una reunión entre personal de las áreas de Comunicación Social de las dependencias estatales, en las que se les dio a conocer las nuevas disposiciones en cuestión de imagen institucional.
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“La reunión fue presidida por un equipo de una de las empresas de comunicación política del español Antonio Sola, quien ha asesorado al gobernador desde la campaña”, se señaló.
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El texto del gobernador se refiere a la persona de Antonio Sola, pero el texto periodístico no afirmó que el español, en persona estuviera en el encuentro. Tampoco extiende la negación a alguna persona moral, como se ve, quedó establecido en el texto.
