Grave fuga Coladera de datos

Uno de los vicios más arraigados en el servicio público, no sólo en SLP, sino en todo el país, es la incapacidad de cualquier autoridad de reconocer un fallo.

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En una mala interpretación de la imagen pública, las dependencias son capaces de los extremos más ignominiosos para evitar "dañarla" con la admisión de un error.

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Es lo que está ocurriendo actualmente con el Poder Judicial del Estado (PJE) y el hackeo a sus sistemas informáticos.

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Mientras que 78 gigabytes de información derivada de casos tramitados por el STJE están, literalmente, al alcance de cualquier teclado, la dependencia se resiste tajantemente a reconocer que salieron de las carpetas de sus archiveros digitales. 

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El escenario es pasmoso: más de 200 mil documentos de procesos jurídicos llevados por el STJE están disponibles en una cuenta de una popular aplicación de mensajería. Y mientras que en muchos episodios de hackeo, el hecho de que la información fuera puesta a la venta obstaculizaba en alguna medida la dispersión de los documentos, en el caso del PJE, el acceso es totalmente gratuito. Nada detendría a alguien que pretendiera bajarla.

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En tanto, el Poder Judicial afirma, insiste y reitera que no se registró ningún hackeo y que sus sistemas no fueron vulnerados. Pero ¿de dónde más pudieron haber salido los documentos filtrados? ¿Qué funcionarios estaban a cargo de su resguardo? ¿Qué sistemas, presuntamente, debieron protegerlos?

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Al mismo tiempo, el boquete cibernético en el Poder Judicial ha crecido de un modo desmesurado a un ritmo acelerado.  En cuatro días, la información fugada pasó de 11 a 78 gigabytes y de 27 mil a 200 mil documentos. 

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Es decir, que una institución afirma con toda seriedad que no existe un problema cuando, en realidad, se estaba agravando.

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La presidenta del SCJN, Lourdes Zarazúa, que ayer insistió en negar la intervención al sistema cibernético, está entre dos extremos insostenibles: o de veras cree que los archivos del PJE son inexpugnables, lo que habla de incompetencia; o pese a saberlo, insiste en que no, por lo que incurriría en mala fe.           

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La inseguridad cibernética es una realidad innegable. No sólo el PJE enfrenta ese problema ahora, la UASLP, en pleno inicio de ciclo, está lidiando con las consecuencias de un ataque.  La Fiscalía General del Estado, instituciones educativas y alcaldías también han sido afectados.

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No es, tampoco, un problema potosino. El hacker que irrumpió en las redes del PJE también presenta en su cuenta un amplio abanico de autoridades invadidas: los poderes judiciales de Jalisco y Zacatecas, el instituto electoral de Oaxaca, la instancia de transparencia de la CDMX, las secretarías de Educación de Guanajuato y Querétaro, el organismo de agua potable de León, escuelas, hospitales y empresas. Nadie está a salvo.  

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Pero nadie asume responsabilidades, tampoco. La respuesta casi unánime de las autoridades es negar los hechos.

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Resulta una cruel ironía que la propia autoridad, que hoy impulsa un draconiano registro telefónico presuntamente para evitar filtraciones, sea, por otro lado, la más grande coladera de datos públicos y privados

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Y peor, que no quiera admitir su responsabilidad.