Gasolina para la corrupción Enojo opositor
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De manera subrepticia, el tráfico ilegal de combustible, especialmente en la modalidad de evasión de impuestos, se está convirtiendo en una de las mayores actividades delictivas de la entidad.
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El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal que emite anualmente el instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en 2025, el volumen del decomiso de hidrocarburos se disparó más de 600 por ciento en comparación de las cifras de 2024.
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La diferencia, de medio millón de litros a más de cuatro millones en un año hacen pensar en la posibilidad de un subregistro de las incautaciones realizadas el año antepasado.
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Aun así, la estadística de 2025 es desconcertante. Prácticamente, pone al estado en uno de los cuatro centros neurálgicos más importantes de este delito en San Luis Potosí.
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Ahora, el huachicol ha dejado de ser en San Luis una actividad escondida y se ha hecho más evidente. Especialmente en el último mes, en donde se han destapado decomisos de cantidades ingentes de hidrocarburos, hallazgo de instalaciones completas de procesamiento, levantadas en lugares muy cercanos a la capital y detenciones de figuras clave en empresas que forman parte de redes más grandes dedicadas a esta actividad.
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El que se trate de un delito federal, que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República propicia que a nivel local, ni autoridades ni sectores sociales evadan el tema.
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Pero eso no implica que parte de los miles de millones de pesos que genera esta actividad delictiva circule en el estado, implicando en la corrupción a quienes, en el sector público o el privado, los reciben.
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El Partido Acción Nacional y Morena parecieron acordarse de que son oposición y coincidieron en criticar el recorte a las precampañas políticas recientemente aprobado por el Congreso.
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Verónica Rodríguez, dirigente blanquiazul y que podría ser afectada por la medida en caso de que logre alguna candidatura, amagó incluso con esmprender acciones legales para impugnar la decisión legislativa.
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Y Rita Ozalia Rodríguez cuestionó el procedimiento realizado por el Poder Legislativo, especialmente por la premura con que se desarrolló. Al igual que su contraparte panista, la dirigente guinda también podría verse afectada por el recorte en una eventual campaña.
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En ese sentido, la dirigente estatal fue congruente con la decisión de la bancada de su partido, que votó en contra.
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El reclamo no es sorpresivo. Una precampaña de 20 días tiene inconvenientes logísticos evidentes, pero la verdadera naturaleza de la inconformidad es que los aspirantes a un cargo, especialmente en referencia a la gubernatura, estarían en desventaja ante una rival que lleva meses de exposición pública, irregular, desde luego: la senadora del ]PVEM Ruth González Silva.
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Habrá que ver si en los próximos días, esa actitud se mantiene y si esa inconformidad se traduce en alguna acción que busque impugnar la decisión de los diputados.
