Pleito inútil Se alarga litigio
Mientras que la ciudadanía potosina está conmocionada e indignada por el más reciente hecho de violencia delictiva, el asesinato de una mujer en un negocio, ocurrido el sábado y, por tanto, ávida de una respuesta gubernamental que solucione la inseguridad en San Luis; el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona están empeñados en realizar lo que han venido haciendo desde 2021: pelearse.
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Como suele ocurrir, tras la tragedia, no se iniciaron operaciones conjuntas ni se generó una coordinación entre las corporaciones policiacas del municipio y el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, sino que comenzó la repartición de culpas.
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También, como es usual, la más reciente reyerta la comenzó Gallardo Cardona, al criticar que la policía municipal no hacía lo suficiente para dar cobertura policiaca a la entidad y que, en general, la descoordinación y las deficiencias de la Policía Municipal eran factores para que persistieran la inseguridad.
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El presidente municipal reviró con una pregunta punzante: habría colaboración si se conociera la estrategia, dando a entender que el gobierno estatal no la tenía. Y como ejemplo, indicó que las llamadas mesas de paz, las reuniones que organiza el gobierno estatal para vigilar la seguridad en el estado, son inútiles, pues sólo sirven para leer informes.
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Resulta trágico que ambos, Gallardo y Galindo, tengan razón: las dos instancias están incumpliendo con la ciudadanía en la responsabilidad de contener la actividad delictiva.
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La represalia gallardista no tardó en darse, en la forma de un comunicado en el que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) balconeó al alcalde al señalar que no asiste a las citadas sesiones y que quizá, por eso, no conocía la estrategia.
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Y así seguirán. Prefieren seguir enzarzados que ponerse a realizar el trabajo que les corresponde.
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El escándalo de la renta de un predio universitario a la empresa Distribuidora VEM S.A. se va a dirimir en los tribunales, pues la compañía ignoró la propuesta de retornarlo a la UASLP.
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Ante eso, la oficina de la Abogacía General de la Universidad anunció que se irá a litigio, lo que alargará la resolución del problema.
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Y así, la Universidad seguirá enredada en su propio y principal error: permitirse firmar un contrato que iba en contra de sus propios intereses.
