Como por arte de magia
Primero lo escondieron, luego, por arte de magia, lo desaparecieron. La Dirección General de Pensiones y la Secretaría de Finanzas del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona tardaron un año para dar por saldada una deuda de casi cinco mil millones de pesos, uno de los pasivos más pesados que, sí, eran una de las más pesadas cargas dejadas por los gobiernos del PAN y del PRI, pero que la administración del PVEM venía empeorando.
Pero una deuda de 10 cifras y sus dos respectivos decimales no se esconde fácilmente y siempre es posible encontrar sus rastros.
Cada mes, la Junta Directiva de la Dirección General de Pensiones celebra una sesión. El organismo está integrado por el director de la dependencia, Arturo Coronado Puente, a cargo desde mayo de 2023, y los representantes del sector Burócrata y de las dos secciones, 26 y 52, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
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Se supone que deberían asistir representantes del gobernador y de la Secretaría de Finanzas, pero han sido más las veces que han faltado en los últimos doce meses.
En esos encuentros, solían discutirse el monto de lo que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, adeudaba al fondo de retiro de los burócratas y maestros de la entidad, cifra que quedaba consignada en el acta respectiva.
En esos documentos también se registraban los reclamos de los delegados de los tres sectores afectados por el incumplimiento estatal, la defensa del director de una dependencia autónoma en el papel pero que usualmente se ponía del lado gubernamental y los pretextos de los representantes estatales para justificar el no pago.
Y es que quedaba claro que el gobierno gallardista continuó con una nefasta tradición de sus despreciados antecesores: negarse a entregar al fondo no sólo las aportaciones que le correspondían como patrón, sino el monto de las aportaciones descontadas a la burocracia y al magisterio de su nómina, dinero que era obvio que no pertenecía al gobierno.
Pero la difusión de las cifras paró en mayo de 2024, cuando el adeudo del gobierno del estado ascendía a cuatro mil 843.5 millones de pesos. De ellos, mil 196.7 millones de pesos provenía de los sexenios pasados anteriores, y tres mil 646 los había acumulado el gobierno de Ricardo Gallardo en sólo 33 meses que habían transcurrido de su gobierno hasta ese mes. El 75.29% del adeudo era su responsabilidad.
Obviamente, cada que se difundían los documentos, la Dirección gallardista y el gobierno estatal afrontaban la exhibida por la creciente deuda que se acumulaba en tan poco tiempo.
Y el mejor modo que encontraron de evitarse ese mal trago mensual fue dejar de informar el monto del adeudo. Así, en el acta de la sesión de junio del año pasado, en lugar del reporte de las cifras, apareció lo siguiente: "a petición del CP. Omar Valadez Macías (en ese entonces, representante de la Secretaría de Finanzas, dependencia que luego encabezaría) no se analiza el tema del informe de adeudo y reporte de pagos efectuados hasta que se concluya la revisión de los informes y la conciliación de cifras entre la Dirección de Pensiones y la Secretaría de Finanzas, petición apoyada por la totalidad de los Consejeros de esta Junta Directiva".
Arturo Coronado, señalaba el documento, ponía "a disposición al personal a su cargo para coadyuvar con la revisión y conciliación"
Y a partir de ahí, reinó la opacidad. En julio, Pensiones anunciaba que proseguía la "conciliación de cifras", pero daba esperanzas de que "en breve se informará sobre el resultado del proceso".
Obviamente que esa comparación entre los números de las dos dependencias fue vista como un intento de bajar, por quién sabe qué métodos, el monto de la deuda.
En septiembre, se hablaba de que las cifras actualizadas se darían en el "corto plazo", tras comparar los números de la Dirección General de Pensiones presenta y los existentes en la base de datos de la Secretaría de Finanzas, lo que apuntaba a que había diferencias, una sutil forma de establecer que el gobierno no reconocería el adeudo.
Esto pareció confirmarse en octubre. Según el acta de ese mes. La conciliación avanzaba, pero aún no terminaba. El enviado de Finanzas, en una de sus pocas apariciones en las sesiones, indicó que "únicamente está pendiente por revisar el tema de los pagos y adeudos de la Secretaría de Educación, así como determinar el mecanismo para aquellos adeudos que no están registrados en la Secretaría de Finanzas derivados de la insuficiencia presupuestal que en su momento impidió la conclusión del proceso de compromiso de recursos".
Es decir, Finanzas señalaba que no contaba con la información completa de los adeudos no pagados cuando no había dinero lo que impidió "la conclusión del proceso de compromiso de recursos" lo que sea que signifique ese galimatías.
¿Y si no los tenía registrados esos adeudos, Finanzas reconocería la obligación de pagarlos? Fue algo que nunca quedó establecido, aunque la postura del director de Pensiones de "que todo el adeudo esté debidamente registrado para que pueda ser procedente su pago" apuntaba a que no.
En febrero de este año, el tono en que se trataba el tema cambió. Coronado Puente ya puntualizaba que se pagaba "en tiempo y forma", si bien persistían "algunas obligaciones pendientes de pago". En abril se continuó pagando.
Pero en todo este tiempo, Pensiones volvió a publicar, como lo hacía hasta el año anterior, un reporte pormenorizado de la evolución de la deuda. Si todo iba bien, ¿por qué no demostrarlo?
Y en mayo, la tierra prometida, de acuerdo al acta más reciente que se conoce. El anuncio no lo hicieron los representantes gubernamentales, que para variar, no asistieron, sino el propio Coronado Puente, quien señaló que "se realiza un trabajo coordinado con la Secretaría de Finanzas para la entrega de recursos de forma puntual para cumplir con la obligación de pago a los pensionados. Esto, ha llevado a que al día de hoy no existan obligaciones pendientes", salvo el bono de permanencia de abril.
A falta de cifras, lo que se entiende de la declaración es que en un año, de ese adeudo de 4 mil 843 millones de pesos no quedaba nada.
De ser cierto, resultaría muy meritorio, pero este mismo gobierno mantenía, al primer trimestre del año, pasivos por casi doce mil millones de pesos.
Además de eso, el espacio para la duda se amplia cuando se revisan otros documentos de la propia Dirección General de Pensiones que apuntan a que la deuda gubernamental está lejos de haberse extinguido.
Mensualmente, las dependencias públicas publican sus estados financieros y Pensiones no es la excepción. Aunque quién sabe si después de esta publicación, decidan hacer lo mismo que con el reporte de pasivos: ocultarlos.
La versión más reciente disponible del informe financiero de Pensiones es la publicada en abril de este año. En el desfile de conceptos contables que presenta, está el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes, que a su vez, contiene el concepto de cuentas por cobrar a corto plazo que incluye los ingresos que percibe pensiones por la renta de su estacionamiento, de oficinas de su edificio y las "aportaciones que recibe la Dirección por parte de la Tesorería del Estado".
Al cuarto mes del año, 30 días antes de que el director declarara que ya "no existan obligaciones pendientes", la dependencia tenía una cuenta por cobrar de cuotas a la Dirección de Pensiones por tres mil 403.7 millones de pesos y un registro de la Secretaría de Finanzas en la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo por 83.5 millones de pesos.
Es decir, apenas 159.6 millones de pesos menos de lo que ascendía la deuda de la administración gallardista en mayo de 2024. Como se mencionó, algo muy lejano a dejar en ceros la cuenta.
A menos que en un mes, el gobierno estatal haya liquidado entre abril y mayo pasados una suma multimillonaria, la historia de éxito que difunde Pensiones parece más bien una obra de ficción gubernamental.
