Ellos y su monstruo

La aprehensión anunciada el viernes por la Fiscalía General del Estado (FGE) de dos ciudadanas por delitos que encuadran en el uso malicioso de Inteligencia Artificial en el manejo de imágenes para, presuntamente, agraviar el honor, la reputación pública e integridad moral de la persona denunciante, usando la llamada Ley Serrano, la reforma al Código Penal que posibilitó la criminalización de estas conductas, va más allá del importante debate sobre si esa modificación legal fue diseñada para acallar voces incómodas al poder del grupo dominante en la política estatal, el gallardismo.

El asunto, además, pone bajo los reflectores otro tema igual de relevante: la mutación del periodismo en un arma propagandista contra el rival político; la conversión de una parte de practicantes, reales o sedicentes, de ese oficio en operadores de una industria que, aprovechando el ciberespacio y el anonimato que garantiza, ha arrojado a la ciberplaza pública en una guerra abierta, en la que todo vale, incluyendo las prácticas más opuestas a los valores de la actividad: el respeto a la verdad, el respaldo de un cabezal real y la firma de un profesional a la información o las opiniones que se presentan, la imparcialidad y la objetividad. Sin olvidar que esta industria del clic y la mentira está alimentada por los millones del erario de distintas instancias públicas, renunciando a ofrecer al ciudadano la información que están obligadas a presentar.

No se puede negar la verdad: en el mundo, el país y el estado, los gobiernos han intentado controlar a los medios de comunicación con dinero. Y en muchos casos, lo logran. Pero no siempre.

El surgimiento del internet les dio a los gobernantes la posibilidad de darle la vuelta a los medios y periodistas rejegos, que ejercieron críticamente el oficio sin depender de las facturas.

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Se inventaron sus propios medios. Se aliaron con reporteros, editores, diseñadores o directivos de medios tradicionales que se dieron cuenta que resultaba más lucrativo subirse a una ola que les daba herramientas y tecnología, con una inversión mínima, para fundar sus propios medios, escapando, y aquí hay que admitir otra verdad, de los raquíticos sueldos que esta industria ofrece. La gasolina para esos negocios era la misma que movía a las empresas de las que se independizaron: el presupuesto para publicidad oficial.

La línea editorial se empezó a orientar según el origen del presupuesto. Y luego, la línea fue el presupuesto. Simultáneamente, dejaron de producir información para sustituirla con los boletines del pagador.

Es por eso que vemos medios que, exclusivamente, presentan solo los boletines emitidos por las oficinas de prensa de una o muy pocas dependencias públicas, siempre hablando elogiosamente del puente inaugurado, de las mochilas repartidas, de los espectáculos presentados; sin el contrapunto que cuestionara qué empresa constructora se contrató, cómo se hizo el negocio el proveedor o cuánto se le pagó al artista.    

Propaganda en lugar de información, pues.

La siguiente fase fue la confrontación. Conforme las fuerzas políticas, y la sociedad, se fueron polarizando, la necesidad ahora ya no fue presumir lo que se estaba haciendo, sino denostar lo que hiciera el contrario. Ahora es más fácil. Ya ni siquiera se necesita una dirección web para lanzar lodo. Se puede hacer desde un muro de Facebook, una cuenta de X o una lista de WhatsApp.

La firma del reportero, ya rebasada en muchos medios web, se sustituyó en definitiva con un apodo. Y luego apareció la IA. Una herramienta que permite tergiversar todo: fotos, videos, audio, texto. Esto amplió los alcances de la ofensiva política.

El escenario lo completan las audiencias a modo, los seguidores inexistentes y los detractores que son solo bytes: los bots, un eco falso, que de todos modos cuesta. Y mucho.

No hay inocentes. Desde que se ideó este sistema, gobernantes y políticos de todos colores y siglas partidistas han abrevado de estas aguas.

En el escenario actual de San Luis Potosí, tensado por la ya cercana elección de 2027, dos actores sobresalen: el gobierno del estado y todos los apéndices del movimiento encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, de un lado, y el ayuntamiento capitalino, a cargo de Enrique Galindo Ceballos.

En el pleito también se han incluido aspirantes a la gubernatura, líderes partidistas y obsequiosos de uno y otro lado.

Entre los apéndices gallardistas, destaca el Congreso. La Ley Serrano es una contribución directa a esta batalla mediática.

La iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés, aprobada en noviembre pasado, consiste en incluir en el Código Penal la criminalización del uso de la IA, con la inclusión de dos artículos que penaban la utilización de la herramienta tecnológica en la modificación de imagen o voz de las personas, sin consentimiento de éstas, con fines de afectar dolosamente imagen pública, honor y reputación de las víctimas.

Fue vista con reticencia por periodistas, organismos de defensa del oficio y de derechos humanos, pues anticipaba lo que hoy es una realidad: que iba a ser usada como un arma contra la opinión no complaciente.

Y con razón. En octubre de 2009 fueron derogados del Código Penal del Estado los delitos de calumnia y difamación, para pasar al ámbito civil.

Eran las herramientas favoritas del Poder contra periodistas y opinadores incómodos. Al dejar de ser delitos penales, se les quitó su mayor arma disuasoria: la amenaza de cárcel.       

La iniciativa de Serrano Cortés le devolvió ese poder al Poder. Y ahora lo está ejerciendo con las dos mujeres, madre e hija, cuya detención anunció la FGE el viernes. La segunda aparece como funcionaria del gobierno capitalino, al que pudo haber llegado como regidora, por el extinto PRD, de la planilla galindista, pero una resolución del Tribunal Electoral del Estado lo evitó. Documentos de la actual alcaldía la ubican como coordinadora de Imagen Urbana.

Las aprehensiones han desatado una guerra mediática. Por un lado, quienes las defienden las ubican como "periodistas", a cargo de una revista, Capital, y un muro de Facebook, San Wicho Times, bajo el ataque represor del gallardismo.

Sus detractores las ubican como activistas cercanas al líder de locatarios de Las Vías, Juan Antonio Rodríguez Chessani, protagonistas de episodios violentos y hasta de delitos.

En opinión de este columnista, el entrecomillado del oficio de periodistas para estas personas se justifica por lo explicado líneas arriba: los medios que les son atribuidos son anónimos, no permiten identificar claramente quién está detrás de ellos, uno, la revista, está enteramente dedicado a la promoción del gobierno de Galindo y el otro, el muro de Facebook, solo presenta contenido criticando al gallardismo en sus distintas facetas, usando frecuentemente imágenes con IA. Desde luego, esta es una opinión propia, completamente debatible.

Sin embargo, los derechos a la libertad de expresión y de opinión no son exclusivos del periodismo y es completamente indebido que un ciudadano enfrente represión por ejercer estas garantías, cualquiera que sea su sentido.  

En el debate desatado por estas detenciones, se ha manejado que son más las personas en la mira de la FGE.

Esto se debe a la circulación de un documento de la Fiscalía, relativo a una carpeta de investigación, la CDI/FGE/I/001/37433/25. Se trata de un oficio fechado el 17 de diciembre del año pasado, en el que el agente del Ministerio Público y agente del Fiscal, Rubén González Ramos, solicita a Alejandro Menchaca Sustaita, encargado de la Dirección General de Métodos de Investigación del Estado, la individualización de los acusados que, dentro de un procedimiento penal, es una fase de la etapa de apertura de juicio en el que se establece quiénes son los responsables de un delito imputado. En este caso, a los once integrantes de la lista se les atribuyen hechos posiblemente constitutivos del delito de ejercicio ilícito de funciones públicas. Solo una de ellas, sin embargo, presenta evidencias de ser funcionaria pública, en la alcaldía capitalina. 

Es decir, que por el delito perseguido, distinto al del uso indebido de IA para manipular imágenes, se comprende que son casos diferentes.

viene de la 4B...

La carpeta ofrece indicios de que hubo un intento de actuar penalmente contra un variopinto grupo de ciudadanos que, sin embargo, presentan ciertos rasgos comunes.

En esa lista aparecen también las dos detenidas, responsables de una revista y un portal, de las cuales la hija es la funcionaria pública municipal.

Hay otros nueve nombres, entre los que están personas con actividad informativa, una funcionaria del comité estatal de Morena, un militante panista de Guadalcázar y un encuestador local. 

Un par de nombres de la lista detonaron un hallazgo peculiar. Son empleados de Cuadrangular una empresa que en su página web se presenta como una "consultoría de medios digitales para candidatos y gobiernos" que entre sus habilidades presume comunicación política, activismo digital, diseño de campañas electorales y entornos digitales. También ofrece el servicio de mejora de reputación digital, alerta de crisis y manejo de publicidad pagada.

Al abrir su página web, aparece la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz y de otros políticos morenistas para los que la empresa colaboró en sus campañas.

Cuadrangular es la marca de la empresa, pero su razón social es If Solutions SA de CV, empresa con sede en Monterrey, Nuevo León. fundada en 2012 y con actividades relacionadas al marketing y la publicidad digital.

La empresa no es ajena a la controversia. En junio de 2024, después de la victoria de Claudia Sheinbaum, el portal emeequis publicó un texto (https://emeequis.com/investigaciones/exfuncionario-de-nl-detras-de-proveedora-de-desinformacion-que-fue-contratista-en-campana-de-sheinbaum/) en el que se ubicaba a esta empresa como el mayor contratista de la campaña, con pagos por 28.7 millones de pesos.

Y ubicaba a Cuadrangular como una empresa "relacionada con implementar estrategias de marketing político basadas en desinformación a través de cuentas de Facebook falsas".

El texto remite a otra nota, publicada por El País en 2019 (https://elpais.com/politica/2019/10/31/actualidad/1572541340_906797.html), que señala que Cuadrangular subió, y luego bajó, un video en el que "alardea" de una campaña exitosa del Partido Popular en Andalucía que le permitió ganar una elección un año antes, en la que reconocía haber utilizado cuentas de Facebook falsas que difundían fake news para generar abstencionismo y votos nulos. 

En febrero de 2024, Animal Político también revisó la actuación de Cuadrangular en las campañas morenistas, elevando el monto pagado por el partido guinda a 77 millones de pesos por campañas en los estados (https://grupoanimal.mx/explicaciones/cuadrangular-agencia-campanas-morena).

También menciona el uso de tácticas de desinformación y de fake news entre las estrategias de la agencia.

Se buscó si alguna dependencia pública potosina había dado contratos a Cuadrangular o a If Solutions, pero no se obtuvo ningún resultado en ese sentido.

El documento de la investigación de la FGE no menciona quién denunció a las once personas, ni en qué dependencia se habrían ejercido de manera ilícita funciones públicas. Tampoco el destino de la carpeta, aunque el hecho de que ninguno de los involucrados reclamó una detención a raíz de esta investigación indica que no avanzó por ese camino.

Pero genera la suspicacia sobre si tras la guerra mediática que se está desarrollando actualmente en el estado involucra a una empresa que ha sido señalada por prácticas de desinformación en el ciberespacio.

Y todo lo mencionado anteriormente propicia el temor de que el monstruo que han creado los políticos, incluyendo el brazo represivo de la Ley Serrano, alcance a quienes, de manera legítima y profesional, ejercen el periodismo en San Luis Potosí.