FGR cita a Rubén Rocha Moya y otros por acusación en Nueva York
La acusación en Nueva York involucra a funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

Ciudad de México, 23 may (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso.
Acciones de la autoridad
En un comunicado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.
La Fiscalía no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.
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No obstante, precisó que actúa “con plena sujeción al debido proceso” y que seguirá informando “de manera transparente y oportuna” sobre los avances de las investigaciones.
Detalles confirmados
La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.
El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Tras conocerse el caso, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo y afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas”, mientras el Gobierno federal ha insistido en que no extraditará a ninguno de los diez acusados hasta que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas, mientras avanza en su propia investigación del caso.
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