Fuera de lugar

Para los políticos en campaña, el Mundial de futbol fue un platillo irresistible para montarse y promocionar su imagen entre la ciudadanía.

Y Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona son políticos. El presidente municipal se impulsa a sí mismo para la elección de gobernador y el mandatario lo hace, no por él, sino por su esposa, la senadora Ruth González Silva.

Así que, desde antes de que rodara el balón en el juego inaugural en el Azteca, ambos gobiernos adelantaron que organizarían sus propias transmisiones de los juegos en pantallas gigantes.

En la competencia por el balón, fue inevitable el choque entre las dos corrientes convertidas en autoridad y la disputa se centró en una cancha: la plaza Fundadores.

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Ambos la querían para montar sus transmisiones por las ventajas que ofrecía: es un espacio céntrico, popular y simbólico.

La alcaldía aprovechó la ley de la ventaja y ejerció su derecho de mano. Pero la administración gallardista contraatacó alegando que la multitud esperada violaría las normas de protección civil en materia de concentración de multitudes y pondría en riesgo la integridad de la plancha.

El gobierno al que no le importó concentrar a cientos de miles de personas en un espacio limitado en los conciertos del Teatro del Pueblo de la Fenapo en 2025 (y al que no le importará volver a hacerlo este año), esgrimió la carta de la seguridad para bloquear al rival político de sus figuras principales.

El ayuntamiento aguantó el gol en contra y trasladó su fiesta futbolera a la plaza del Carmen, de menor aforo.

El gobierno gallardista, fiel a su estrategia de avasallamiento, optó por el estadio Lastras (los acuerdos comerciales para cambiar los nombres de los estadios no aplican en esta columna). Ninguna administración iba a llevar más asistentes a los juegos.

Pero el gobierno estatal topó con un problema: ¿cómo llenar un recinto de entre 25 mil y 27 mil asistentes? 

El primer escándalo con relación a la presentación de los juegos mundialistas en espacios públicos estalló cuando se denunció que la Oficialía Mayor, con amenazas de represalias laborales, obligó a los burócratas estatales a asistir, y a llevar con ellos a más personas, al juego inaugural de México. Las medidas de movilización usualmente utilizadas para llenar eventos políticos y mítines del PVEM también se utilizaron.   

El segundo escándalo, muy previsiblemente, fue el dinero. Se sabía que no iba a ser barato, pero lo que se conoció rebasó las expectativas.

El primer atisbo lo reveló Ciudadanos Observando. El 15 de junio, cuatro días después de iniciado el campeonato, la organización reveló que el ayuntamiento capitalino erogó 14.3 millones de pesos por la transmisión de los partidos. De ellos, 406 mil pesos fueron pagados a la empresa Tracción en Publicidad SA de CV  por el "servicio integral de preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales e imágenes para la campaña de promoción del Mundial 2026 en San Luis Potosí capital".  

Al Grupo Manufacturero Unido del Valle SA de CV, la alcaldía destinó 13.9 millones de pesos por "la organización y producción de eventos públicos para la transmisión de hasta 52 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.".

Adicionalmente, la alcaldía erogó 4 millones de pesos por inflables desplegados por la compañía Juegos Orientados a la Venta de Impacto SA de CV.

La organización vigilante del ejercicio de los recursos públicos encontró esos datos en los reportes de egresos que el gobierno de Galindo Ceballes publicó en la Plataforma Estatal de Transparencia.

El ayuntamiento capitalino derrochó millones en sus eventos futboleros, pero al menos lo hizo público.

Con el gobierno estatal, cuyo entusiasmo por la opacidad iguala a su pasión futbolera, la historia fue distinta.

Como era de esperarse, la administración gallardista no reveló de manera voluntaria la inversión que realizó para transmitir los partidos.

El 16 de junio, fue Pulso el que reveló que el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), había pagado 67.8 millones de pesos por la emisión de los partidos.

Las empresas beneficiadas fueron las mismas que contrató la alcaldía, de acuerdo con las cuatro facturas conseguidas por este diario.

Al Grupo Manufacturero Unido del Valle SA de CV, el Inpode le pagó 40 millones de pesos por la transmisión de los partidos; y a Tracción en Publicidad SA de CV le destinó 27.8 millones de pesos por "la organización y producción de eventos públicos de transmisión de partidos".

La reacción inicial corrió a cargo del gobernador, que tajante rechazó la veracidad de la información al señalar que era un dato "totalmente erróneo".

De manera no muy clara, el mandatario sugirió que las facturas expuestas públicamente habían sido reemplazadas por otras de un monto distinto, que no precisó. Pero insistió en que no era el monto expuesto en la nota.

Lo que sí reveló fue que el gobierno estatal usó la señal contratada del Lastras para difundirla también en Soledad, Valles y Rioverde. Pura alcaldía aliada. La panista Matehuala, en contraste, fue excluida.

Y, de nuevo sin mucha claridad, Gallardo Cardona indicó que el monto revelado en la nota no era el preciso porque la empresa contratada (a pesar de que en los casos estatal y municipal habían sido dos) ofreció un precio estándar por el servicio para todas las entidades, que habrían pagado la misma suma,  lo que, a juicio del gobernador, hacía imposible que se pudiera dar el monto que decían las facturas.

"Deben sacar la información completa y no estar mintiendo", sentenció el mandatario.

Y entonces surgió la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tumbó por los suelos la defensa del gobernador.

Ese mismo día, Pulso publicó que la herramienta de verificación de comprobantes fiscales digitales de la página web del SAT validó la existencia de las facturas reveladas un día antes y confirmó todos los datos como el número de factura, la parte que la generó y el cliente que la recibió y, más importante, comprobó que el monto de 67.8 millones de pesos era el correcto.

Al quite entró la Secretaría de Finanzas que confirmó las operaciones, pero informó de un monto menor: 34.4 millones de pesos. Exactamente la mitad de lo que dicen las facturas.

La danza de cifras descuadra la versión gallardista de un precio estandarizado por parte de la empresa que comercia la señal.

Están los 67.8 millones de pesos de las facturas reveladas y los 34.4 millones de pesos que reconoce la Sefin por una transmisión compartida por 4 municipios. 

El ayuntamiento, por su parte, informó que había pagado 13.9 millones de pesos por su evento en el Carmen.

El 19 de junio, el diario Reforma publicó que el gobierno de la CDMX erogó 135 millones de pesos por los derechos de transmisión de los juegos en 16 "festivales futboleros" montados en la metrópoli. 

En Hidalgo, la administración estatal difundió que un catálogo de precios cobrados para la transmisión de 8 días de juegos, que oscilaban entre los 10 y los 50.2 millones de pesos, dependiendo del aforo del sitio.

En Mérida, Yucatán, el cobro fue de 6 millones de pesos, pero el gobierno estatal rechazó pagar tal suma.

Es decir, que la supuesta homogeneidad de precios resultó ser una falacia.

El gobierno del estado tenía una salida muy fácil de aclarar el enredo: en lugar de declaraciones confusas y contradictorias, podría haber ofrecido evidencia documental de los pagos, del proceso mismo de la contratación y los alcances de la misma.

Desde luego que la transparencia no es un rasgo del ADN gallardista. Y de eso hay pruebas.

Desde el 22 de junio, se realizaron al Inpode y a la Secretaría de Finanzas sendas solicitudes de información, que quedaron registradas en la Plataforma Estatal de Transparencia, que quedaron registradas bajo los folios 240469226000011 y 24047052600086, respectivamente.

En ellas se pedían copias de los contratos y anexos firmados con las dos empresas involucradas en la difusión de los juegos mundialistas en San Luis, la documentación relativa al proceso de selección de ambas compañías y las facturas derivadas de esta operación.

Ambas dependencias debían entregar la información a más tardar, el seis de julio pasado. Ha pasado casi una semana del vencimiento del plazo y ninguna dependencia ha respondido, ganándose el círculo rojo de un trámite "fuera de tiempo" en la PET.

Se presentaron las quejas respectivas de incumplimiento ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Pero la CEGAIP está en un proceso de mal morir, en el que el cumplimiento de responsabilidades es lo último que pasa por la mente de la tripulación de ese barco destinado al naufragio.

El evento mundialista fue un pretexto para que ambas administraciones destinaran una suma obscena de dinero enfocada a inflar la imagen pública del alcalde y el gobernador.

En un estado y en una ciudad que tienen problemas mucho más graves, ese derroche es insultante.