La máquina de gastar
El pasado día 15, el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre de este año.
Como el cuarto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona está previsto para la última semana de septiembre, y el próximo reporte financiero de la administración, correspondiente al tercer trimestre, se hará público hasta la primera quincena de octubre, el reporte de junio es la herramienta más accesible para analizar cómo llega esta administración al primer tramo de su segunda y última mitad.
El resumen corto es que este gobierno ha mejorado su recaudación y dispone de más dinero que el año pasado, pero paradójicamente, eso no ha impedido que recaiga en el hábito del endeudamiento, lo que se refleja en un aumento en la morosidad con proveedores y contratistas y un mayor apetito por la deuda de corto plazo, esa arma de doble filo que son los préstamos quirografarios.
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No es un buen balance. Y de eso ya se dio cuenta una de las tres consultorías que califican las finanzas públicas y que, por primera vez desde hace 16 años, le redujeron la calificación al gobierno potosino. Las otras dos emitirán sus reportes en los próximos meses, por lo que habrá que esperar si el reporte negativo es una excepción o se vuelve tendencia.
En números gruesos, a la mitad de este año generó ingresos, entre los propios y los otorgados por la Federación, por 36 mil 511.7 millones de pesos. Al primer semestre de 2024, la suma fue de 34 mil 203 millones de pesos.
Es decir, la captación se incrementó en dos mil 307 millones de pesos.
Pero los egresos aumentaron también, incluso un poco más. En junio de 2024, las erogaciones estatales sumaron 30 mil 484.8 millones de pesos. A la mitad de este año, los gastos crecieron a 32 mil 897.6, dos mil 412.8 millones de incremento.
En el papel, el balance de este año, es decir, la resta de los egresos a los ingresos, es positivo, pero inferior al del año anterior: en junio del año pasado, fue de tres mil 719.1. Para el de esta anualidad, de tres mil 614.1 millones de pesos.
Sobre la recaudación, hay aumentos tanto en los ingresos propios como los federales. Y aunque las participaciones y aportaciones federales siguen superando con mucho a los ingresos generados localmente, 31 mil 880.7 millones de pesos contra cuatro mil 587.1 millones de pesos, la recaudación local logró, proporcionalmente, reducir la dependencia con respecto a los ingresos federales.
En junio de 2024, el 10% de los ingresos potosinos tuvo procedencia local. Para este año, el indicador avanzó al 12.5 por ciento.
¿En qué se cimentó ese avance? Cuando se descubrieron, a principios de año, los incrementos en diversas tarifas vinculadas al control vehicular, desde el gobierno del estado se justificó que no era una medida recaudatoria. Seis meses después, con un incremento del 64 por ciento por la renovación de la tarjeta de circulación y de placas, éste resultó el concepto que mejor desempeño tuvo en la batería tributaria estatal.
Incrementos menores, pero significativos se registraron también dieron en el impuesto a la nómina y en el hospedaje.
En el documento de la cuenta pública, la Secretaría de Finanzas no ocultó su satisfacción por estos resultados: “al cierre del segundo trimestre del año, se observa un cumplimiento de las metas planteadas en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2025 y un incremento sustancial en la recaudación en comparación con el mismo periodo del año 2024.”
Y anticipa tiempos mejores aún: “la expectativa de recaudación que se tiene para el tercer trimestre es positiva, incrementando la recaudación mediante la implementación de programas de estímulos en cuanto a los ingresos locales y acorde con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a los rubros de ingresos federales de Participaciones y Aportaciones”.
Pero parece que Finanzas frenó su propio entusiasmo en otra parte del reporte. Sucede cuando habla del ahorro o desahorro logrado en lo que va del ejercicio, es decir, la relación entre los ingresos y los gastos. Si es positiva, como es el caso, hay ahorro; lo contrario, es decir, números rojos, implica una pérdida.
El resultado de la operación implica un ahorro de tres mil 614 millones de pesos. Sin embargo, la Sefin advierte que “el superávit que se presenta en los estados financieros al 30 de junio de 2025 no representa necesariamente un excedente de recursos.
Es decir, no se debe a dinero “nuevo” sino a la disponibilidad de recursos en bancos al cierre del periodo, etiquetados previamente para otras obligaciones. Y comprometidos para el pago de gasto operativo, inversión pública, transferencias a municipios, así como ejecución de programas con financiamiento federal y estatal.
La secretaría enfría el entusiasmo que pudieran causar los números al señalar que “el superávit observado debe interpretarse como una situación temporal de liquidez y no como recursos excedentes disponibles libremente”.
Y no olvida cumplir con la práctica toral del gobierno gallardista: echarle la culpa a sus antecesores.
“La situación financiera heredada desde el inicio de la administración ha exigido que cada inicio de año se concluya con las obligaciones del año fiscal anterior adicionalmente se está atendiendo la problemática del sistema de pensiones que son referidos en los riesgos relevantes citados en la Ley de presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales 2024 y 2025”.
Y de ese foco amarillo, pasamos a la alerta roja del incremento de los pasivos.
En septiembre de 2021, el odiado gobierno anterior dejó pasivos totales, que incluyen los pasivos de corto plazo y los créditos bancarios de largo aliento, por ocho mil 645.6 millones de pesos.
A partir de ahí, se pueden identificar tres momentos sobre cómo el gobierno de Ricardo Gallardo ha manejado su capacidad de endeudarse.
El tramo de arranque reflejó las dificultades que el anterior gobierno le dejó, teniendo que incrementar la deuda hasta casi los 12 mil millones de pesos que sumó a mediados de 2022.
Al cierre del año, la deuda se hizo más manejable, con un notorio descenso, que tuvo su punto más bajo en el segundo trimestre del año, cuando por primera y única vez en lo que va del sexenio, el gobierno gallardista logró disminuir sus pasivos por debajo de los heredados. El momento fue breve, pues al tercer trimestre del año, empezó un nuevo despegue en los indicadores.
A partir de ahí, las obligaciones financieras del gobierno gallardista alcanzaron las once cifras y, en el primer trimestre de 2024, el mayor grado de endeudamiento que hubiera alcanzado cualquier administración en San Luis Potosí: 13 mil 703.6 millones de pesos.
Sin bajar de esos niveles, el registro de pasivos estatales entró en un zigzagueo, con picos y valles en los trimestres subsiguientes que, en junio de este año, se ubicó en un nuevo repunte, que llegó a niveles cercanos al récord del año anterior: 13 mil 484.3 millones de pesos.
En tres años y medio de gestión, el gobierno gallardista ha sumado 4 mil 838.7 millones de pesos a los pasivos estatales, es decir, un incremento de 55.9 por ciento.
Los pilares de ese crecimiento deudor son dos: lo que ha dejado de pagar a proveedores y contratistas, por un lado, y los créditos quirografarios, de corto plazo y altos réditos, a los que generalmente se recurre en emergencias financieras y de liquidez.
Sobre las cuentas por pagar de corto plazo, Juan Manuel Carreras dejó el rubro en cuatro mil 796.7 millones de pesos. A mediados de este año, va en siete mil 361.5 millones de pesos, un alza del 53.4 por ciento. Las deudas con sus proveedores y contratistas representa más de la mitad de sus pasivos totales.
Luego están los créditos quirografarios. La pasada administración no presentaba saldo entonces. Si recurrió a ellos, el gobierno carrerista los liquidó antes de pasar la estafeta.
Pasados 42 meses, la cuenta gallardista en este rubro sumaba dos mil 907 millones de pesos. Y eso que suma dos trimestres a la baja después del punto máximo alcanzado al cierre del año pasado, cuando se alcanzaron los tres mil 634 millones de pesos.
La deuda bancaria de largo plazo es, generalmente, el rubro más presumido por las administraciones debido a que, al estar comprometido su pago con las participaciones federales y, salvo un desastre, el abono se hace de manera automática, siempre va a la baja
Aunque no tanto. En septiembre de 2021, el saldo era de tres mil 609.2 millones de pesos y en junio pasado se había reducido a tres mil 127.2 millones de pesos, una baja de 13.3 por ciento.
Al respecto de sus pasivos, Finanzas no hace mayor comentario, salvo anotar la existencia de un pasivo contingente, en la figura de un litigio abierto por el SAT contra un adeudo de mil 615.1 millones de pesos heredado por el gobierno anterior debido a la omisión en el pago del ISR.
Usualmente, los gobiernos presumen en las cuentas públicas las calificaciones que les otorgan consultoras financieras a sus finanzas, porque casi siempre son halagüeñas (El que paga, manda).
En el caso del gobierno gallardista, tiene contrato con tres. En el reporte se señala que dos de ellas, Valorum y Fitch Ratings, confirmaron las calificaciones previas, con buena evaluación y perspectivas positivas.
La tercera, sin embargo, no es tan optimista. Por primera vez desde 2016, HR Ratings modificó a la baja la calificación crediticia de un gobierno potosino. El reporte de Finanzas sólo se limita a mencionar el hecho.
El informe de la empresa, emitido el 30 de mayo pasado, en cambio, tiene más fondo.
Con una calificación previa de HR A+, es decir, un emisor de deuda que ofrecía seguridad aceptable en el pago de su deuda, además de bajo riesgo crediticio en escenarios adversos, la evaluadora degradó a HR A la calificación potosina.
“La baja en la calificación de la Entidad obedece principalmente al crecimiento del uso de financiamiento de corto plazo. Al
cierre del 2024, se observó un importante aumento en este tipo de financiamiento, derivado de presiones financieras extraordinarias que impactaron en la posición de liquidez del Estado”. Los quirografarios le están costando al gobierno gallardista algo más que los altos impuestos que paga por ellos.
Verum publica su próximo reporte sobre San Luis este mes, en unos días, y Fitch Ratings, durante la primera semana de agosto.
Ambos, antes del cuarto informe. Se vera ya para entonces si confirman que el saldo financiero de la administración gallardista en su cuarto año, tiene más sombras que luces.
