Grosero ocultamiento

El tema de los políticos oficialistas puestos en la mira de la administración de Donald Trump revivió en las últimas horas con la desconcertante carta que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió al presidente de Estados Unidos para reclamarle el retiro de la visa para poder entrar al vecino país.

El lance fue oro molido para la opinocracia anti4T por los torpes y ridículos términos que empleó el vástago tabasqueño para reprocharle al hombre naranja el atrevimiento.

Dejando de lado las extrañas formas, el episodio vino a recordar que los políticos morenistas y sus aliados siguen bajo las sombras de las represalias estadounidenses. 

Es en ese escenario en el que una decisión de la Secretaría de Desarrollo Económico vuelve a levantar las suspicacias sobre los propósitos de la polémica contratación de dos despachos de Estados Unidos para proporcionarle servicios de consultoría.

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Breve recordatorio: el asunto lo destapó Reforma el 30 de junio en una nota de portada que cabeceó "Ficha SLP a consultor de Trump: ¿busca impunidad?" No hacía falta mencionar quién.

La nota revelaba que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona firmó, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de un recién nombrado Mario García Valdés, sendos contratos con dos consultoras de Estados Unidos. 

El 4 de junio signó un trato con la consultora London Global Strategies, liderada por la cabildera conservadora Diana London, especialista en relaciones mediáticas.

Y el 10 de ese mismo mes le tocó el turno a Drake Ventures, propiedad de un "tiburón" del cabildeo político: Roger Stone, amigo de Donald Trump, agresivo y no siempre respetuoso de las normas y destacado en una actividad muy específica: conseguir indultos presidenciales para clientes metidos en líos legales.

No era el caso, al menos eso decían los papeles, de la Sedeco, pues con ambos despachos, el motivo del contrato era asesoría en relaciones públicas y con instancias gubernamentales enfocadas a labores comerciales, aunque, en el caso de Drake, había una cláusula que permitía al gobierno gallardista "modificar la naturaleza de los servicios".

Los acuerdos tenían una duración de seis meses y a ambas empresas se les pagó la misma suma: 375 mil dólares, es decir, 750 mil dólares, que equivalían a  14 millones de pesos.

La fuente de  la información no fue ninguna de las dos partes, sino el gobierno estadounidense, que obliga a las empresas de ese país, a través de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, a hacer pública la información de tratas con instancias no estadounidenses. 

El reporte de Reforma destacó en los párrafos iniciales de su extensa nota que "la contratación de uno de los más cercanos confidentes de Trump por parte del gobierno estatal de Ricardo Gallardo Cardona ocurre justo al tiempo que el diario The New York Times diera a conocer que EU indaga nexos de políticos mexicanos -incluyendo gobernadores de los estados- con cárteles del narcotráfico."

La respuesta del mandatario fue inmediata y, probablemente por ello, errática. En sus redes sociales, afirmó que era falso que él hubiera firmado algún contrato, algo que ni Reforma ni nadie había dicho.

Sí acertó en atribuir una naturaleza de los contratos a la promoción económica y atracción de inversiones.

Luego atribuyó la revelación de "un intento de dañar la imagen y tratar de cambiar las tendencias electorales rumbo a 2027".

Más tarde, ese día, García Valdés indicó que se contrató a las cabilderas para promover la inversión minera en el estado.

Este extenso recordatorio sirve de contexto la siguiente parte de la historia. El 30 de junio, es decir, el mismo día en que se publicó la información, se presentó a la Sedeco, vía la Plataforma Estatal de Transparencia, la solicitud de copias de ambos contratos y si había contratos previos de esta naturaleza signados en años anteriores. A la solicitud se le dio el folio 240470126000037.

Luego se inició el burocrático proceso de respuesta. 

Al cumplirse el plazo de respuesta, el 14 de julio, la Sedeco informó que requería una prórroga de 10 días hábiles para contestar debido a que estaba en pleno proceso de entrega-recepción. Las vacaciones veraniegas también se atravesaron y la entrega de la respuesta se pasaba hasta el 11 de agosto.

Se llegó esa fecha y el oficio SDE/UT/068/2026 de la Sedeco reveló lo que este tecleador ya esperaba: declaraba en reserva los contratos.

La decisión la manifestó el director general de Desarrollo y Promoción Industrial de la Sedeco, Ernesto Muñoz Galván quien manifestó que "la información solicitada sobre los contratos... y el expediente técnico de contratación... es de clasificación reservada".

El oficio agregaba que la decisión se formalizó en el acuerdo de reserva AR/01/2026, del que no se reveló fecha de celebración, y, más relevante, no fundamentaba los motivos de la reserva, la afectación que podría generar que se hicieran públicos los datos ni el periodo de la mencionada reserva.

La respuesta evidenciaba la torpeza metodológica de la Unidad de Transparencia de la Sedeco, a cargo de Cristina Rivera Castro y, en última instancia, de toda la Sedeco.

Aunque agonizante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado sigue vigente. Igual el procedimiento que marca para establecer la reserva de la información.

El artículo 128 ordena que para formalizar un acuerdo de reserva, éste debe fundamentar y motivar la decisión, citando la legislación específica que apoye las razones jurídicas para reservar un documento; tampoco detalla la o las partes de los documentos que se declaran reservadas. Ocultarlo "en bloque", es decir, completo, no está permitido. Para eso existen las versiones públicas, dato que la Sedeco y su Unidad de Transparencia parecen ignorar.

El acuerdo también omite señalar el tiempo por el cual los contratos se reservarán.       

Y la Sedeco tampoco presenta la "prueba de daño", un requisito vital para justificar la reserva de un dato público y que consiste en argumentar técnica y legalmente por qué revelar esa información causaría un daño grave. 

Con ello, la dependencia dirigida por García Valdés omitió probar que la divulgación de los contratos amenaza el interés público, qué existe un daño presente, probable y específico y que el perjuicio sl hacer públicos los documentos es mayor que el interés público por conocerlo.

La burda maniobra de la Sedeco  refleja una práctica común en las dependencias estatales de esta administración, pero irregular: intentar clasificar contrataciones gubernamentales en bloque, con un oficio escueto que omite la prueba de daño. 

Tan mal está realizado el documento, que no resistiría un recurso de revisión presentado ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información Pública... si ésta de verss cumpliera su trabajo.

Pero si en condiciones normales, las deficiencias de la comisión lo impedirían, ahora que está en estado terminal, es poco probable que diera resultados positivos. De cualquier modo, se presentará el recurso de revisión correspondiente.  

Lo más ridículo de la actuación de la Sedeco es que casi toda la información sustancial de los contratos ya se conoce, gracias a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros del gobierno estadounidense. 

Fechas, montos, propósitos, vigencias, obligaciones y otra información ya es conocida gracias a que un gobierno, y no lamentablemente no el de Gallardo Cardona, sí garantiza el derecho a la información pública de sus ciudadanos, aunque no los potosinos.

Y aquí es donde cobra importancia la cláusula del cambio del tipo de servicios contratados.

El grosero ocultamiento de los contratos en que incurre la Sedeco podría ser un intento de ocultar la naturaleza de esa modificación de servicios por otros más relacionados con la defensa jurídica de uno o varios funcionarios potosinos ante situaciones como las que enfrentan gobernadores como  Rubén Rocha Moya, este con licencia, Marina del Pilar Ávila o el recién incluido en la lista, Andy López Beltrán.