UASLP: el agandalle
Después de la tormenta, vino la calma... pero duró poco y regresó la tormenta.
Tras un 2025 tormentoso, en el que enfrentó desgastantes tensiones con el gobierno del estado, dificultades económicas, el amago del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de auditar sus finanzas, el recrudecimiento de los escándalos por acoso sexual en diversos campus, un innecesario litigio mercantil por el fracaso de un acuerdo inmobiliario y protestas estudiantiles, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) empezó el año con relativa calma.
Pero la tranquilidad fue efímera y ahora, la caldera volvió a prender y a la universidad le empieza a subir la presión. Y buena parte de ella viene del interior.
El jueves pasado era el día del rector Alejandro Zermeño Guerra. Ese día, tenía los reflectores encima, pues entregó su segundo informe del periodo 2024-2028.
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Sin embargo, una protesta le empañó el evento, cuando se conoció públicamente una denuncia de los hermanos Luis Felipe y Alfonso Lastras Martínez, hijos nada más y nada menos que del exrector Alfonso Lastras.
Más aún, la hija de su antecesor, la catedrática de la Facultad de Derecho y aspirante a dirigirla, Luz María Lastras, le entregó ese día, al final del evento un escrito en donde se denunciaban una serie de violaciones procesales en la acusación, en las que se involucró a la Oficina de la Abogacía General de la UASLP, a cargo de Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y a la Defensoría de los Derechos Humanos, Olivia Salazar Flores, excolaboradora de aquella.
Ambas, de acuerdo a la acusación, habrían incurrido en inventar supuestos agravios contra los académicos del Instituto de Investigación Óptica de la UASLP, además de no actuar de manera imparcial.
No escapa el detalle que Luz María Lastras sostiene un conflicto con la Defensoría, al grado de que en noviembre pasado, solicitó formalmente la destitución de Salazar Flores, a la que acusa de inacción en una denuncia que realizó la también exfuncionaria por una campaña de desprestigio en Derecho, inscrita en el álgido proceso de selección del nuevo director tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, causada por el escándalo sexual que sacudió a la Facultad el año pasado.
Es decir, hay un ingrediente de revanchismo en este caso.
De los signos de que la Abogacía y la Defensoría están incurriendo en exceso de funciones, el rector Zermeño Guerra no puede decir que los desconoce.
Ni el rector ni el resto de los integrantes del Consejo Directivo Universitario que participaron en la sesión del 30 de enero pasado.
En esa asamblea, en el noveno punto de la orden del día, se dio lectura a un escrito de la académica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Claudia Ruiz Reyna, también secretaria de la Comisión Interinstitucional de Justicia Universitaria del CDU, el órgano técnico creado para dictaminar asuntos que afectan la esfera legal y disciplinaria de la UASLP y con
la atribución de manejar los procesos sancionatorios.
En la misiva, Ruiz Reyna advierte al rector que en el entramado jurídico de la UASLP no se admiten sustituciones ni arreglos informales.
Lo anterior ante el hecho de que todavía entonces, la Comisión de Justicia llevaba meses acéfala tras la renuncia de la catedrática de Derecho Paola de la Rosa Rodríguez. Al no haber un relevo institucional, las controversias y rezagos empezaron a acumularse, a lo que se sumó la presión de algunos involucrados en encontrar resolución a sus litigios.
Ante ese vacío, directores de Facultades, la unidad de Derechos Universitarios y la Abogacía General amagaron con asumir sus funciones, incluyendo las sancionatorias, pretensiones que en su texto, Ruiz Reyna desarmó con exactas referencias a los estatutos universitarios, según se puede leer en el acta de esa sesión.
Ante el intento de desbordar esa "arquitectura" legal, la secretaria de la Comisión de Justicia advirtió que "cuando esta lógica se altera, se erosiona la legalidad interna, se vulnera el debido proceso y se coloca a la comunidad universitaria en estado de inseguridad jurídica".
Ante esos riesgos, la académica pide al rector que termine con la situación "especialmente grave" de que la comisión siguiera acéfala, pues el procesamiento de las controversias se detiene totalmente.
Pero igual o más grave que ese "tapón", advirtió, es que en su pretensión de absorber esas tareas, la Oficina de la Abogacía, corre el riesgo de ir más allá de sus funciones.
"Todo ello no sólo contraviene el Estatuto Orgánico y los reglamentos vigentes, sino que expone a la Universidad a la nulidad de procedimientos y a eventuales responsabilidades institucionales con múltiples amparos que representan un costo a nuestra Universidad", alertó.
Por ello, consideró necesario pedir que se emitiera "una directriz institucional clara" a directores y titulares de la Unidad de Derechos Universitarios y de la Abogacía General en las que se les recordaran los límites de sus atribuciones.
También hubo la solicitud de un nuevo nombramiento, que fue atendida por el rector. En esas misma sesión ordenó el inicio de un proceso de 10 días para que se formularan propuestas para el cargo, que expondría en la siguiente sesión.
En la de febrero se presentaron las propuestas y el CDU eligió a Julián Ruiz Contreras como titular de la comisión.
Hermano del polémico exfiscal José Luis, el nuevo presidente tampoco es ajeno a la controversia, en especial por su actuación en el caso del feminicidio de Karla Pontigo.
Pero al menos en el papel, la intentona cuasigolpista de Urenda Navarro para apoderarse del sistema disciplinario de la UASLP quedó acotado.
Pifia reveladora
Un "error involuntario" exhibió la confesión de un hecho que ha sido evidente desde 2021: la simbiosis que existe entre el Partido Verde Ecologista de México y los programas sociales del gobierno del estado.
Prácticamente, el comité estatal reconoció ante el Instituto Nacional Electoral que incurre en la credencialización como miembros del partido a un millón de beneficiarios de los programas sociales de la administración de Ricardo Gallardo Cardona... aunque posteriormente, intentó retractarse.
También se reveló que en ese esfuerzo, invirtió 4.7 millones de pesos en 2024 para adquirir quipo de credencialización de una empresa con sede en Yucatán.
El revelador gazapo se registró en la respuesta que el comité estatal del Verde, a cargo de Ignacio Segura Morquecho, el primer titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del gobierno gallardista a un requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE dentro del proceso de revisión del informe financiero del comité estatal del ejercicio de 2024.
Al órgano fiscalizador le llamó la atención, al revisar la cuenta de Materiales y suministros, un proyecto del partido en el que "enrolaría" la credencialización de sus simpatizantes con los beneficiarios de los programas sociales en el estado potosino.
Para ello, le dio un contrato por 4.7 millones de pesos de su presupuesto de actividades ordinarias a la empresa WebID S.A. de C.V., asentada en Mérida, Yucatán y enfocada a la impresión de credenciales.
La descripción del proyecto indicaba la contratación de
Un "servicio parcialidad de Plataforma Central de Administración, 15 módulos de enrolamiento móviles, 5 tabletas para base de apoyo social en San Luis Potosí, 15 impresoras de tarjetas en PVC y consumibles para la emisión de 1 millón de credenciales durante 9 meses".
La Unidad Técnica de Fiscalización consideró que ese gasto no se vinculaba con las actividades del partido.
El PVEM envió como respuesta un reporte de actividades del proveedor, WebID, que reveló más de lo que el partido hubiera querido.
En el documento empresarial, el proyecto fue bautizado como "base de enrolamiento de apoyo social en San Luis Potosí" y expuso que el PVEM-SLP tenía la necesidad de "enrolar a un aproximado de 1 millón de beneficiarios de programas sociales en el estado de San Luis Potosí".
Así, sin ambages ni eufemismos. La empresa detalla que se solicitará a los beneficiarios su credencial electoral y una fotografía, con la que se elaborarían dos credenciales de confirmación de enrolamiento.
El sistema debería ser móvil, con capacidad para montarse en los puntos y tiempos definidos por el PVEM.
Igualmente, la herramienta para la lectura de los datos de la credencial y "darles seguimiento a sus beneficios" tendría que ser móvil.
Además de la obvia irregularidad de probar que el Verde usaba para sus propósitos los programas sociales estatales, el INE detectó también inconsistencias sobre el monto a pagar.
Ante el esperado cuestionamiento de la autoridad electoral, el PVEM argumentó un "error involuntario" del proveedor, que incluyó el polémico requerimiento. Detalló que el texto tenía un machote genérico para todos sus clientes, y que "olvidó" adecuarlo a los servicios requeridos por el Verde.
Envió una corrección al párrafo que quedó así: "se tiene la necesidad de enrolar a un aproximado de 1 millón de militantes y simpatizantes". Y agregó el contrato "correcto" con las correcciones necesarias para la aclaración.
Las historias sobre el requerimiento de credenciales de elector a los beneficiarios de los programas sociales de la Sedesore, dependencia que conoce bien Segura Morquecho, han aparecido frecuentemente en medios de comunicación.
De manera involuntaria, esa anomalía fue documentada por el propio responsable.
