Agentes de la DEA en Nuevo México bajo investigación por fentanilo

WASHINGTON (AP) — El organismo interno de supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes la revisión de una controvertida táctica en la que fuerzas del orden federal permitieron que el fentanilo llegara a las calles para construir mejores casos contra traficantes de drogas.

Departamento de Justicia inicia revisión sobre táctica con fentanilo

La revisión examinará políticas gubernamentales e investigaciones con intervenciones telefónicas en las que la Administración para el Control de Drogas (DEA) pudo haber tenido conocimiento de entregas de fentanilo antes de que ocurrieran, pero decidió no tomar medidas para no poner en riesgo procesamientos de mayor alcance.

Agentes y exagentes señalaron que esa estrategia de investigación —conocida como permitir que las drogas "caminen"— equivale a una apuesta con la seguridad pública y pudo violar normas del Departamento de Justicia que tienen como objetivo proteger a las comunidades de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un "arma de destrucción masiva".

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La revisión se produce menos de dos meses después de que una investigación de The Associated Press encontró que agentes de la DEA dieron seguimiento en repetidas ocasiones —pero no incautaron— importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025. La medida se dio a conocer en un comunicado de prensa del inspector general del Departamento de Justicia, Don Berthiaume, en lo que fue una de sus primeras acciones oficiales después de asumir el cargo el viernes.

Informantes y autoridades estatales denuncian manejo de fentanilo en Nuevo México

La DEA no respondió de momento a una solicitud de comentarios. El administrador de la DEA, Terry Cole, pidió una investigación más acotada por parte del inspector general después de los reportajes de AP, incluida una revisión del manejo que hizo su agencia de una denuncia de un informante presentada por el agente David Howell.

En una declaración anterior, Cole escribió que su solicitud de una investigación externa "no debe interpretarse como un reflejo de falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA".

Howell dijo a la AP que las autoridades federales "envenenaron a nuestra comunidad para armar casos" en Nuevo México. Un informe interno de la DEA revisado por la AP detalló cómo la agencia antidrogas observó y decidió no interceptar una entrega de 74.000 pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles en Albuquerque.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos y mientras la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —"One Pill Can Kill" ("Una pastilla puede matar")— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.

El inspector general indicó que la revisión se centrará en las acciones del Departamento de Justicia durante los últimos dos años. Podría determinar si la DEA permitió que ocurrieran entregas similares de drogas en otras ciudades.

Howell afirmó que espera que la revisión muestre que las autoridades federales "pusieron en peligro al público mediante una inacción deliberada".

"Damos la bienvenida a una revisión de terceros sobre las tácticas que la DEA y la fiscalía federal en Nuevo México emplearon para poner de forma innecesaria a los estadounidenses en riesgo de exposición al fentanilo", declaró Tristan Leavitt, presidente de Empower Oversight —un grupo de defensa de denunciantes que representa a Howell.

Leavitt ha pedido al Departamento de Justicia que retome su política de 2017, la cual instaba a los agentes a "incautar o impedir la distribución" de fentanilo "tan pronto como sea posible". El departamento reescribió esas normas en 2024 para otorgar a las fuerzas del orden mucha más discreción al momento de tomar medidas para la prevención del tráfico de fentanilo, argumentando "los beneficios que se lograrán al preservar la investigación".

La nueva revisión se produce mientras las autoridades de Nuevo México siguen investigando si agentes de la DEA violaron la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque. El fiscal general Raúl Torrez, demócrata, amenazó recientemente con demandar al Departamento de Justicia después de que este se negó a proporcionar una lista de registros que él solicitó. La DEA tampoco ha permitido que Howell sea entrevistado por las autoridades estatales.

"El estado está soportando los daños sociales y financieros de una afluencia de fentanilo a sus comunidades", escribió Torrez en una carta a las autoridades federales a principios de este mes.

En las últimas semanas, otros dos informantes de la DEA en Nuevo México se han presentado, incluido uno que dijo que sus colegas allí no incautaron 350.000 pastillas de fentanilo de las que se enteraron durante la primera llamada que interceptaron en una escucha telefónica de 2024. Ese envío formaba parte de una investigación que resultó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA. Los registros judiciales muestran que los agentes tuvieron la oportunidad de incautar miles de pastillas de fentanilo, pero permitieron que el tráfico continuara durante meses mientras investigaban.

El otro informante presentó una denuncia este mes en la que alega que sus colegas monitorearon —pero no arrestaron— a un mensajero de drogas que realizó entregas repetidas de fentanilo desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023. Los agentes estimaron que cada entrega contenía entre 50.000 y 100.000 pastillas de fentanilo que no fueron incautadas.