Se entrega presunto implicado en atentado contra Miguel Uribe Turbay

BOGOTÁ (AP) — Un hombre se entregó a las autoridades colombianas por su presunta implicación en el atentado contra el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece en cuidados intensivos tras ser baleado, informó el viernes la fiscalía.

La persona, que no fue identificada por las autoridades, se entregó cuando investigadores revisaban una vivienda en el sur de Bogotá durante una diligencia de allanamiento "donde fueron incautados elementos que lo vincularían en la investigación", explicó la fiscalía.

Uribe Turbay, uno de los más notables opositores al gobierno de Gustavo Petro, fue baleado en la cabeza y la pierna el 7 de junio cuando daba un discurso de campaña en un parque del occidente de Bogotá. Su pronóstico neurológico es reservado.

Las autoridades han detenido a cinco presuntos implicados en la planeación y ejecución del ataque —incluido el tirador—, pero buscan a los autores intelectuales.

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El nuevo presunto vinculado había sido designado para sacar de los alrededores del parque al señalado tirador, un menor de edad que fue capturado cuando emprendió la huida.

La fiscalía indicó que será imputado por los delitos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

ONU insta a erradicar violencia política

El enviado especial de las Naciones Unidas para Colombia aseguró el viernes que urge erradicar la violencia en el ejercicio de la política en el país sudamericano tras el reciente atentado a Uribe Turbay.

"El atentado... además de ser un hecho grave y repudiable, generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana. El atentado evocó episodios de violencia del pasado en el ámbito político", afirmó Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York.

Ruiz Massieu subrayó que lograr un ejercicio de la política sin violencia es un objetivo explícito del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante la sesión en la que el Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la aplicación del acuerdo de paz, Ruiz Massieu aseguró que el pacto con las FARC ha contribuido de "manera decisiva" a la apertura de un espacio político en el país e indicó que existe un rechazo generalizado a la violencia política. Instó a que líderes y partidos políticos cumplan una serie de compromisos firmados para lograr un proceso electoral en paz.

Colombia está a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales en las que se elegirá un sucesor de Petro, el primer presidente izquierdista en el país.

La embajadora del Reino Unido, Dame Barbara Woodward, dijo en la sesión que celebra que el gobierno esté implementando un programa de protección a políticos y precandidatos para hacer frente a los niveles de violencia. Agregó que con las elecciones a la vista, esperan que el gobierno actual continúe apoyando la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

También rechazaron el atentado e instaron a un proceso electoral pacífico los representantes de China, Sierra Leona, Panamá, Grecia, Estados Unidos y Rusia.

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, aseguró que el presidente Petro reafirma su compromiso en ofrecer garantías políticas y proteger los derechos "sin importar ideologías y posturas", por lo que nuevamente condenó el atentado contra Uribe Turbay y expresó su gratitud por los mensajes de solidaridad de la comunidad internacional.

Violencia afecta a comunidades y firmantes de paz

Ruiz Massieu explicó que aunque Colombia es un país muy distinto al que era antes de la firma del acuerdo de paz en cuanto a indicadores de violencia, continúa la afectación a la vida de comunidades, excombatientes y líderes sociales y políticos.

Lamentó que desde 2016 se hayan documentado 474 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, por lo que pidió redoblar su protección y "asegurarse de que estos crímenes no queden en la impunidad".

Otros grupos armados se disputan el control de los territorios y economías ilícitas que dominaban las FARC, incluidos grupos disidentes.

La estatal Defensoría del Pueblo pidió el viernes la liberación de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca, departamento al suroeste del país, que fueron secuestrados y estarían en manos de una facción disidente de las antiguas FARC.

Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió el viernes que 11 familias de la comunidad indígena Nukak enfrentan desplazamiento forzado por combates armados.

Al menos 67.800 personas han sufrido desplazamiento forzado entre enero y junio, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), un aumento del 107 % con respecto al año anterior.