EU revive fusilamiento en protocolos de pena de muerte

El Departamento de Justicia de EU ordenó a la Oficina de Prisiones que ampliara los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

"Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte. Estas medidas son cruciales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos que han sobrevivido", indica el Departamento en un comunicado que acompaña al informe "Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal".

"El Departamento ha revocado la moratoria Biden-Garland sobre las ejecuciones federales y ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra 44 acusados. El fiscal general interino (Todd) Blanche ya ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra nueve de estos acusados, incluidos tres miembros de la MS-13, dos de los cuales son inmigrantes indocumentados, acusados del asesinato de un testigo federal", menciona el Departamento.

En el informe se añade que "el Departamento debería considerar ofrecer legislación para corregir vacíos y deficiencias en la autorización del castigo capital para los crímenes más atroces, incluyendo, entre otros, asesinatos de oficiales de la ley; asesinatos por extranjeros ilegalmente en los Estados Unidos; y asesinatos que constituyan o sean cometidos en la comisión de crímenes de odio, acecho, apoyo material al terrorismo o violencia doméstica".

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En el reporte se menciona que "el 20 de enero de 2025, el presidente Trump ordenó al Departamento que volviera a aplicar fielmente las leyes que autorizan la pena capital. En la Orden Ejecutiva 14164, el presidente reconoció que la pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses".

Blanche mencionó que "la administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías (...) Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas".

El Departamento también busca "agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte" y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.

En el reporte se indica que "actualmente, el Código de los Estados Unidos y el Código de Regulaciones Federales estipulan que las ejecuciones federales se lleven a cabo mediante inyección letal o de la forma que determine el estado que impone la sentencia. Dado que muchos estados solo permiten la ejecución mediante inyección letal, las ejecuciones federales podrían retrasarse si un recluso impugna su uso. Asimismo, los problemas de suministro podrían impedir que el gobierno obtenga los fármacos necesarios, lo que retrasaría indefinidamente las ejecuciones. La limitación a los métodos de ejecución autorizados por el estado también genera litigios innecesarios cuando Estados Unidos obtiene una sentencia de muerte en un estado que no autoriza la pena capital".

Por lo que destaca que "la legislación federal vigente limita la discreción del Fiscal General para determinar el método de ejecución. El Departamento debería considerar la posibilidad de proponer una enmienda al artículo 3596 del Título 18 del Código de los Estados Unidos para otorgar al Fiscal General una mayor discreción en cuanto a los métodos de ejecución de las sentencias de muerte federales y permitir explícitamente otros métodos, desvinculando así las ejecuciones federales de la legislación estatal".

En el informe concluye que "el Departamento debería retomar su práctica de larga data de solicitar e implementar penas capitales en los casos apropiados, de conformidad con la Octava Enmienda, la ley federal y la voluntad del pueblo estadounidense. La Oficina de Prisiones debería readoptar el Protocolo de Pentobarbital, ya que la administración de un protocolo de pentobarbital con un solo fármaco cumple con la Octava Enmienda.

"El Departamento también debería considerar métodos alternativos de ejecución cuando sea apropiado, para lograr rápidamente la firmeza de las sentencias en los casos de pena de muerte. Finalmente, el Departamento debería adoptar mejoras en sus políticas internas y proponer legislación para fortalecer la pena de muerte federal y proteger los derechos de las víctimas. El Departamento debe reafirmar su compromiso de ejecutar fielmente las leyes y cumplir con su "responsabilidad más solemne" de proteger a los ciudadanos estadounidenses y exigir responsabilidades a los criminales más atroces".