Cámara de Diputados debate reducir edad penal a 14 años en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados argentina debatía el jueves un proyecto del gobierno de Javier Milei que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como el homicidio, su medida más defendida en materia de seguridad ante una sociedad conmocionada por la violencia de los delincuentes juveniles.

La iniciativa establece, además, una pena máxima de hasta 15 años de prisión para quienes cometan asesinatos u otros delitos graves como abuso sexual y secuestro.

Envalentonado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre —que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso— y luego de conseguir la víspera que el Senado diera media sanción a su ambiciosa reforma laboral, Milei impulsa ahora una legislación que, según el gobierno, responde a la acuciante demanda de una sociedad harta de ser víctima de delincuentes cada vez más jóvenes.

Una de las promesas de Milei en la campaña que lo condujo a la presidencia a fines de 2023 fue el combate frontal a la delincuencia, que está entre las principales preocupaciones de los argentinos en las encuestas. El mandatario ha advertido en varias ocasiones que los que cometen crímenes ya no viven en "la Argentina de la impunidad".

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El proyecto de Régimen Penal Juvenil pretende reemplazar al de 1980 y obtendría un respaldo mayoritario en la cámara baja gracias al apoyo de bloques aliados como el conservador PRO y la Unión Cívica Radical. De ser aprobado en una sesión que se estima que será maratónica, la iniciativa pasará al Senado, donde el gobierno contaría con el respaldo necesario para su sanción.

Entre sus principales oponentes están el peronismo y los partidos de izquierda, que acusan al mandatario de ultraderecha de fomentar el poder punitivo del Estado con legislaciones que no logran la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos.

La iniciativa prevé que, en los casos de delitos que contemplen penas de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de castigos antes de llegar a la privación de la libertad.

El confinamiento puede cumplirse en un domicilio, un instituto especializado de detención o en una sección de un establecimiento penitenciario que esté separada de adultos presos.

El régimen actual establece que los menores de 16 años no son punibles y que entre esa edad y los 18, cuando se alcanza la mayoría de edad, tienen una responsabilidad penal limitada, dependiendo de la gravedad del delito y en el marco de un sistema especial.

Homicidios que conmocionaron

Varios casos de asesinatos atribuidos a adolescentes han conmocionado últimamente a la sociedad. En 2024, Bruno Bussanich, empleado en una gasolinera, fue asesinado por un chico de 15 años en una ola de ataques narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado de más de 20 puñaladas por tres menores en diciembre en ese mismo distrito. Una chica de 16 años está detenida con prisión preventiva acusada del hecho y dos varones de 14 y 15 años fueron imputados, pero permanecen en libertad por ser no punibles.

Recordando ese caso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro —aliado de Milei en materia de seguridad— rechazó las políticas garantistas "que tanto daño han hecho... una ideología defendida por el kirchnerismo (peronismo de centroizquierda) y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel".

Argumentos a favor y en contra

La oficialista Laura Rodríguez Machado criticó la actual legislación porque "no previene (el delito), no resocializa al menor y tampoco repara a las víctimas".

Indicó que "especialistas en desarrollo cognitivo" expusieron ante legisladores que "a partir de los 12, 13 o 14 años aproximadamente un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley".

La legisladora acotó que el proyecto prevé que "la función final de los establecimientos" de confinamiento "sea resocializar al menor".

La diputada Victoria Tolosa Paz, del bloque peronista Unión por la Patria, reconoció que el régimen actual "es vetusto y atrasa 100 años", pero calificó la iniciativa oficial como "a la derecha" de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, apuntó que la participación de menores en los delitos es minoritaria. "No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad...de un gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado".

Otros opositores cuestionaron que el proyecto contempla un régimen donde no hay jueces ni fiscales especializados y carece de un presupuesto adecuado, además de considerarlo inconstitucional por no respetar tratados internacionales que exigen un régimen diferenciado para menores, con medidas de revinculación social y educativa.

Qué pasa en otros países de la región

El Salvador reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, los menores con 16 años cumplidos podrán recibir hasta 20 años de prisión y los que ya tengan 12 años pueden ser sentenciados con 10 años de prisión.

En Venezuela, la ley establece responsabilidad penal desde los 14 años y las sanciones pueden ser medidas socioeducativas y, en casos excepcionales, privativas de libertad. Hay tribunales especiales que abordan este tipo de casos.

En Colombia rige la misma edad mínima de imputabilidad. Desde los 14 y hasta los 18 años los menores pueden ser privados de la libertad, recibiendo un tratamiento especial. El menor de 15 años que disparó el año pasado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue sancionado a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes.

En Paraguay, la edad mínima de imputabilidad es de 14 años solo cuando al cometer el delito el menor "tenga suficiente madurez psicosocial para reconocer la antijuridicidad del hecho realizado". En caso de necesitar privarlo de libertad, es ubicado en un establecimiento especial que fomenta su inserción en la comunidad.