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Bolsonaro declara ante el Supremo por presunto plan de golpe

Juicio en curso en Brasil por acusaciones de intento de golpe de Estado. Bolsonaro y aliados enfrentan interrogatorio del Supremo.

Por AP

Junio 10, 2025 02:55 p.m.

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RÍO DE JANEIRO (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó su participación en un presunto complot para permanecer en el poder y anular el resultado de las elecciones de 2022 mientras testificaba el martes por primera vez ante el Supremo Tribunal sobre los cargos.

Bolsonaro y siete aliados cercanos están siendo interrogados por un panel de jueces superiores como parte de un juicio sobre acusaciones de que idearon un plan de varios pasos para mantener a Bolsonaro en el cargo a pesar de su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nunca hubo ninguna conversación sobre un golpe. Un golpe es algo abominable... Brasil no podría pasar por una experiencia así. Y nunca hubo siquiera la posibilidad de un golpe en mi gobierno", declaró Bolsonaro.

Los acusados están siendo juzgados por cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daño agravado y deterioro del patrimonio catalogado.

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Una condena por golpe de Estado conlleva una sentencia de hasta 12 años. Cuando se combinan con los otros cargos, los acusados podrían ser sentenciados a décadas tras las rejas.

El político de extrema derecha subió al estrado poco después de las 2:30 p.m. hora local. Cuando el juez Alexandre de Moraes le preguntó al inicio del interrogatorio si la acusación era cierta, Bolsonaro respondió que no.

"La acusación no se sostiene, Su Excelencia", afirmó Bolsonaro. El expresidente ha negado repetidamente las acusaciones y ha dicho que es víctima de una persecución política.

Los ocho acusados supuestamente fueron los principales arquitectos del plan. Los jueces también están interrogando al excompañero de fórmula de Bolsonaro y ministro de defensa Walter Braga Netto, a los exministros Anderson Torres y Augusto Heleno y al exedecán Mauro Cid, entre otros.

Los jueces escucharán a otros 26 acusados en una fecha posterior. El tribunal ya ha escuchado a docenas de testigos en audiencias que comenzaron a mediados de mayo.

Cid, quien ha firmado un acuerdo de culpabilidad con la policía federal, dijo al tribunal el lunes que Bolsonaro leyó y editó un documento que tenía como objetivo cancelar el resultado electoral.

Cid también afirmó que Bolsonaro se negó a intervenir respecto a los campamentos de simpatizantes que se instalaron frente a instalaciones del ejército pidiendo una intervención militar después de que el entonces presidente perdió las elecciones.

Muchos de esos seguidores fueron posteriormente parte del motín del 8 de enero de 2023, cuando el Supremo Tribunal, el Congreso y el palacio presidencial en Brasilia, la capital, fueron saqueados. La policía dice que el levantamiento —que ocurrió después de que Lula asumiera el cargo— fue un intento de forzar una intervención militar y derrocar al nuevo presidente.

El fiscal general Paulo Gonet alega que el motín fue parte de un amplio esquema antidemocrático para anular el resultado electoral. Parte de ese complot supuestamente incluía un plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes. El plan no se llevó a cabo a último momento porque los alzados no lograron obtener el apoyo del comandante del ejército, según Gonet.

Bolsonaro, un exoficial militar conocido por expresar nostalgia por la dictadura pasada del país, desafió abiertamente el sistema judicial de Brasil durante su mandato de 2019 a 2022.

Ya ha sido inhabilitado por el máximo tribunal electoral para postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad, calificó el juicio de histórico.

"Es la primera vez que vemos a personas acusadas de un intento de golpe de Estado siendo sometidas a un juicio penal, con las garantías del debido proceso penal — pudiendo defenderse pero respondiendo por estas acusaciones", dijo.