Especial | "Coyotes" operan en el INE desde Ugalde
Las acusaciones contra Taddei reavivan un historial de contratos cuestionados desde el IFE
Fotos: Cuartoscuro para SinEmbargo.mx
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Cuando Guadalupe Taddei Zavala llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) lo hizo con la promesa de austeridad, pero tres años después dejó el cargo en medio de acusaciones por presuntos conflictos de interés, contratos millonarios y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Su salida forma parte de una historia más amplia que comenzó mucho antes de su llegada y que se remonta a las presidencias de Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita en el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), hasta la gestión de Lorenzo Córdova en el INE. Cada una de estas administraciones enfrentó auditorías y denuncias por compras con presuntos sobreprecios, contrataciones cuestionadas, equipos sin acreditar y miles de millones de pesos cuyo manejo ha sido objeto de observaciones.
Este viernes, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, reveló ante la Cámara de Diputados que cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 para suministrar materiales electorales al instituto y a organismos electorales estatales. El contralor advirtió que estas compañías habrían simulado competir entre sí para concentrar las adjudicaciones y elevar artificialmente los precios, mediante un esquema que calificó como un problema histórico y estructural que trasciende la administración de Guadalupe Taddei.
Uno de los primeros grandes escándalos en el Instituto Electoral estalló durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde, en las elecciones de 2006, cuando se revelaron los vínculos comerciales de Hildebrando, empresa de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala y cuñado del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, con proveedores tecnológicos del IFE.
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En ese entonces la firma mantenía una relación comercial con Oracle de México, proveedor de tecnología utilizada en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y con Identix, empresa vinculada a un contrato de 11.3 millones de dólares adjudicado a Sagem para desarrollar un sistema biométrico del padrón electoral.
Las revelaciones alimentaron denuncias sobre posibles conflictos de interés y sospechas de manipulación electoral, aunque el Tribunal Electoral no encontró pruebas de que el padrón hubiera sido utilizado para alterar los resultados. A ello se sumaron observaciones de la ASF sobre un contrato de monitoreo por 50 millones de pesos y deficiencias de fiscalización de un fondo de observación electoral de otros 40 millones.
Ya durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, las irregularidades alcanzaron la compra de un edificio en Acoxpa por 225 millones de pesos, operación por la que la Contraloría señaló un presunto daño patrimonial de 124.6 millones, así como la contratación de un sistema de monitoreo de radio y televisión en el que la ASF detectó una diferencia de 202.9 millones de pesos entre los bienes pagados y los que pudieron acreditarse documentalmente.
Los cuestionamientos continuaron con Lorenzo Córdova, cuya administración destinó 11.6 millones de pesos a una memoria institucional que fue objeto de observaciones del Órgano Interno de Control por contrataciones y pagos insuficientemente justificados. Además, SinEmbargo documentó que el propio organismo fiscalizador cuestionó la transferencia de mil 444 millones de pesos de ahorros presupuestales a un fideicomiso laboral, recursos que, según el auditor, debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Ahora, luego de la salida de Taddei del INE, formalizada este lunes 26 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio sobre el manejo del dinero público en el organismo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las acusaciones el viernes 23 de octubre. "No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", afirmó durante su conferencia matutina, en la que pidió realizar las auditorías necesarias y esclarecer los vínculos entre funcionarios y proveedores.
Cuatro días después, el martes 27 de octubre, Sheinbaum pidió a la ASF revisar los contratos no solamente de la administración de Taddei, sino también de las anteriores. "Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación", señaló, y precisó que la revisión no debe limitarse al último año.
El INE creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que evaluará los perfiles de candidatas y candidatos que participarán en elecciones 2027.
Este viernes, la Presidenta señaló directamente a Lorenzo Córdova por haber mantenido durante su presidencia del INE el esquema de contratación que permitió a un grupo reducido de empresas concentrar la fabricación de materiales electorales. Según la mandataria, los antecedentes de estas prácticas se remontan a 1999 y continuaron incluso después de la Reforma Electoral de 2014, cuando el Consejo General encabezado por Córdova adquirió la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables también de contratar a los proveedores señalados.
Sheinbaum recordó que el propio Córdova había reconocido públicamente la existencia de un grupo de empresas que dominaba las contrataciones de materiales electorales. Sin embargo, cuestionó que no hubiera modificado los criterios bajo los cuales continuaron participando los mismos proveedores. "Él mantuvo los lineamientos de contratación con las mismas empresas", sostuvo la Presidenta, quien también recordó que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del organismo electoral de Sonora en 2014 mediante un nombramiento realizado por el Consejo General del INE encabezado entonces por Córdova.
Sobre las posibles consecuencias penales para Taddei, la Presidenta pidió esperar los resultados de las investigaciones de la ASF y de la Fiscalía General de la República. Precisó que la exconsejera presidenta no enfrentaba, hasta ese viernes, un proceso penal ni una orden de aprehensión, por lo que cualquier responsabilidad tendría que determinarse a partir de las pruebas reunidas por las autoridades competentes.
Una de las primeras decisiones públicas de Guadalupe Taddei cuando llegó al INE fue ajustarse el salario. En mayo de 2023, el instituto informó que recibiría 120 mil 392 pesos netos mensuales, aproximadamente 59 mil 558 pesos menos que su antecesor, Lorenzo Córdova. La diferencia sería reintegrada a la Tesorería de la Federación.
La austeridad no prosperó por mucho tiempo. En marzo de 2026, una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo documentó que el INE había firmado, ya con Taddei, tres contratos de seguros privados por 594 millones de pesos, vigentes hasta 2027. El mayor de ellos, por 471 millones, fue adjudicado a Seguros Atlas para ofrecer gastos médicos mayores al personal de mando medio y superior. La investigación encontró también que al menos 10 consejeras y consejeros recibían una remuneración mensual superior a la de la Presidenta de México.
No obstante, las irregularidades estallaron hace unos días cuando investigaciones periodísticas exhibieron presuntos vínculos personales y administrativos entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Las publicaciones documentaron la presencia de personas vinculadas con estas empresas en el entorno de la Consejera presidenta y cuestionaron que Jesús Octavio García González, quien había actuado como representante jurídico de proveedores, fuera posteriormente designado en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.
La Jornada documentó que las empresas vinculadas con Hernández Casillas habían conseguido, entre 2018 y 2025, al menos 49 contratos por mil 450 millones 443 mil 771 pesos, otorgados tanto por el INE como por distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Cajas Graf concentró contratos por al menos 656.6 millones de pesos y Corporativo Zeg por 123.6 millones. La investigación identificó que la relación comercial comenzó durante la administración de Lorenzo Córdova y continuó en la de Guadalupe Taddei. Estas cantidades representan contratos identificados, no recursos cuyo desvío haya sido demostrado.
Los datos revelados este viernes por el contralor Víctor Hugo Carvente ampliaron el universo de contrataciones bajo sospecha. De acuerdo con su exposición ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Cajas Graf acumuló contratos por mil 72.8 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, por 815.9 millones; Corporativo Zeg, por 278.7 millones; Comercializadora JVLY, por 208.3 millones; y Seriplast de México, por 85.1 millones. En conjunto, estas cinco empresas sumaron aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2014 y 2025.
Carvente Contreras explicó que no se trataba necesariamente de cinco competidores independientes, pues las investigaciones identificaron vínculos entre accionistas, apoderados y representantes legales de las compañías. Entre los nombres mencionados figuró José Alfredo Hernández Casillas y familiares suyos, quienes, según el contralor, aparecen relacionados con varias de las firmas. Este entramado habría permitido presentar ofertas aparentemente distintas en procedimientos de contratación, cuando detrás de ellas existían relaciones empresariales comunes.
El titular del OIC sostuvo que estas prácticas habrían permitido a las compañías actuar como un oligopolio con capacidad para influir en los precios de los materiales electorales. La revisión identificó casos de incrementos de precios de hasta 88 veces entre 2021 y 2024, así como posibles simulaciones de concursos e incumplimientos contractuales. El funcionario advirtió que los señalamientos no se limitan al INE, pues las empresas también abastecieron a organismos electorales de al menos 20 entidades federativas.
Al respecto, el 23 de octubre, la Auditoría anunció una investigación de oficio sobre el uso de recursos públicos en el INE, sus proveedores y los institutos electorales locales. El organismo fiscalizador informó que contaba con indicios de posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores, irregularidades en contrataciones y triangulación de recursos. En respuesta, la presidencia del INE manifestó que colaboraría con la revisión. Antes de renunciar, Taddei había negado que existieran empresas favorecidas por su administración y defendió que los procedimientos de contratación debían evaluarse mediante los mecanismos institucionales.
A estas investigaciones se añadió un reporte del OIC presentado a la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2026, en el cual el órgano de control reportó 16 expedientes de investigación, de los cuales 11 se relacionaban con contrataciones públicas, además de otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones. El documento identificó a por lo menos 15 servidores y exservidores públicos, ocho particulares y 18 empresas. También informó que una auditoría sobre contrataciones realizadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026 generó 45 observaciones preliminares.
Durante su comparecencia de este viernes, Carvente Contreras actualizó el estado de las investigaciones relacionadas con las contrataciones cuestionadas y dio a conocer que el OIC mantiene 18 expedientes abiertos: 13 permanecen en etapa de investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa. En estos últimos, explicó, ya se entregaron citatorios para las audiencias iniciales y se formularon imputaciones a servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con actuar bajo conflicto de interés u ocultar esa condición.
El contralor aclaró que los hallazgos todavía son preliminares y que no existen resoluciones definitivas sobre las responsabilidades investigadas. Por respeto al debido proceso, se reservó los nombres de las personas involucradas y el contenido de las pruebas. Los procedimientos por posibles faltas graves deberán ser resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una vez agotadas las etapas correspondientes.
Si bien, el escándalo protagonizado por Taddei representa uno de los mayores casos de corrupción en el seno del INE, las irregularidades administrativas en el órgano electoral tienen antecedentes que se remontan a la época en que todavía se denominaba Instituto Federal Electoral.
Durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde, en cuya gestión tuvo lugar el fraude electoral de 2006, la contratación de servicios de monitoreo para esas elecciones originó una controversia entre empresas participantes. El 10 de noviembre de 2005, se dio cuenta de las inconformidades de Intélite y Sistemas de Monitoreo Estratégico, que cuestionaron la selección de IBOPE para realizar el monitoreo de las campañas presidenciales, pese a que consideraban que había presentado la propuesta económica más elevada. El IFE defendió la adjudicación con el argumento de que respondía a criterios técnicos y había contado con mecanismos de seguimiento externo.
El contrato también fue examinado posteriormente por la Auditoría Superior de la Federación. En el análisis de la Cuenta Pública 2006 elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, se registró que el IFE había contratado a IBOPE AGB México por 43.6 millones de pesos, más IVA, para un total aproximado de 50 millones, sin que en el contrato se especificara la autorización presupuestaria para cubrir el compromiso. Se trató de una observación administrativa sobre la formalización del gasto.
Otro expediente fue el del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2005-2006. La Secretaría de Gobernación entregó al IFE 40 millones de pesos que fueron administrados mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al revisar estos recursos, la ASF descubrió que no se habían establecido los mecanismos necesarios para que el instituto tuviera acceso a la documentación contable de los gastos realizados por el organismo internacional.
No obstante, el principal escándalo que marcó la presidencia de Ugalde al frente del Instituto Electoral estalló durante las elecciones presidenciales de 2006, cuando se revelaron los vínculos comerciales de Hildebrando, empresa de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala y cuñado del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón.
En abril de ese año, La Jornada expuso que Hildebrando mantenía una alianza comercial con Oracle de México, compañía que proporcionaba soporte tecnológico al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Dos meses después, el periódico reveló que Identix, otra empresa relacionada comercialmente con Hildebrando, participaba con la francesa Sagem Défense Sécurité en el desarrollo de un sistema biométrico para el padrón electoral, mediante un contrato por 11 millones 348 mil dólares. Las revelaciones provocaron acusaciones de posibles conflictos de interés y sospechas sobre el acceso a información electoral, aunque el IFE negó que Hildebrando interviniera en la operación del PREP o que hubiera recibido contratos directos durante esa administración.
La controversia llegó hasta la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. El 19 de junio de 2006, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces integrante de su equipo, presentó públicamente información sobre contratos de Hildebrando con dependencias federales y exhibió documentos de un contrato suscrito con Pemex Internacional en enero de 2004, cuando Felipe Calderón era Secretario de Energía del Gobierno de Vicente Fox. Sheinbaum denunció un presunto tráfico de influencias y acusó al PAN de utilizar bases de datos gubernamentales con fines electorales.
La ahora Presidenta mostró ante periodistas la página de Internet de Hildebrando, donde figuraban referencias comerciales al IFE, Pemex, la Secretaría de Desarrollo Social y otras instituciones públicas, e hizo constar la consulta ante un notario. El IFE sostuvo que una revisión de sus contratos y registros contables no había encontrado pagos a Hildebrando ni a Diego Zavala desde 1996, mientras que las acusaciones sobre una eventual manipulación del PREP no fueron acreditadas.
Durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, los cuestionamientos sobre adquisiciones se concentraron en la compra de un inmueble en la Ciudad de México y la contratación de un sistema tecnológico de monitoreo electoral.
En 2009, el IFE compró un edificio ubicado en avenida Acoxpa por 225 millones de pesos. La adquisición fue objeto de una investigación de la Contraloría General del instituto, encabezada entonces por Gregorio Guerrero Pozas, que encontró actuaciones presuntamente irregulares de funcionarios involucrados en la operación.
En julio de 2013 la investigación concluyó con una sanción económica de alrededor de 124 millones de pesos para Gustavo Orozco Arroyo, exdirector de Recursos Materiales y Servicios, por actuaciones que, según la Contraloría, elevaron el precio final del inmueble en detrimento del patrimonio público.
El expediente también originó denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República. No obstante, el Consejo General del IFE rechazó algunas de las sanciones propuestas contra otros antiguos funcionarios al considerar insuficiente la acreditación del daño patrimonial.
El periodista Álvaro Delgado dio más detalles de ese episodio en SinEmbargo, al revelar cómo Guadalupe Taddei protegió a Miguel Fernando Santos Madrigal, un alto funcionario acusado de este desfalco y a quien dejaron impune Leonardo Valdez Zurita y Edmundo Jacobo Molina, exconsejero presidente y exsecretario ejecutivo del órgano electoral —que ahora militan en el partido político Somos—, y quien actualmente asesora al consejero filomorenista Arturo Chávez López.
Taddei mantuvo a un funcionario acusado de desfalco que ahora asesora a un Consejero
Otros señalamientos en esta gestión tienen que ver con el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), desarrollado para verificar la transmisión de mensajes electorales en radio y televisión después de la reforma electoral de 2007-2008.
El contrato, adjudicado en noviembre de 2008, ascendió a 405 millones 292 mil pesos. La ASF revisó la totalidad de los recursos destinados al sistema y encontró irregularidades en los procesos de contratación, recepción, registro y resguardo de los equipos adquiridos.
En la auditoría 09-0-22100-06-0288, correspondiente a la Cuenta Pública 2009, la dependencia documentó que el IFE había pagado y registrado bienes por 333.7 millones de pesos, cuando los bienes recibidos en almacén ascendían a 130.8 millones. La diferencia, de 202 millones 943 mil pesos, no pudo acreditarse con inventarios, facturas, resguardos o localización física, de acuerdo con la documentación examinada por los auditores.
El informe también identificó un faltante de 300 servidores IBM, valuados en aproximadamente 18.2 millones de pesos, así como pagos en exceso por 4.8 millones debido a la aplicación de tipos de cambio distintos a los establecidos.
La llegada de Lorenzo Córdova a la presidencia del INE en 2014 no puso fin a las controversias sobre el ejercicio presupuestal. Durante su administración surgieron nuevos expedientes relacionados con servicios de asesoría, observación electoral, contrataciones y manejo de fideicomisos.
A estos antecedentes se suma ahora el señalamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la continuidad de un grupo de proveedores que, según denunció este viernes, habría mantenido el control de los contratos de materiales electorales durante la gestión de Córdova. La mandataria sostuvo que la Reforma Electoral de 2014 permitió al Consejo General del INE intervenir directamente en la integración de los organismos electorales estatales, cuyos integrantes continuaron adjudicando contratos a compañías que ya dominaban ese mercado.
Sheinbaum cuestionó especialmente que Córdova hubiera reconocido la existencia de un esquema de concentración de proveedores sin modificar las condiciones que permitieron su permanencia. La Presidenta recordó que el exconsejero admitió que en los organismos electorales locales había un grupo reducido de empresas que prácticamente se repartía el mercado de materiales electorales. A partir de esa declaración, lo responsabilizó políticamente de haber mantenido los lineamientos de contratación con las mismas compañías que actualmente están bajo investigación.
El expresidente del INE, por su parte, rechazó los señalamientos. El 28 de octubre afirmó que durante su administración, de 2014 a 2023, el organismo fue sometido a revisiones constantes de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control. Aseguró que las observaciones fueron atendidas y que no se encontraron irregularidades relevantes que comprometieran su gestión. También se declaró dispuesto a que las autoridades revisaran nuevamente los contratos y las auditorías de su periodo.
Sin embargo, los datos expuestos este viernes por Víctor Hugo Carvente Contreras ante la Cámara de Diputados ampliaron los cuestionamientos sobre las contrataciones realizadas durante esa etapa. El titular del OIC documentó que el grupo de cinco empresas proveedoras de materiales electorales identificado por sus investigaciones recibió contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, un periodo que comprende prácticamente toda la presidencia de Córdova y los primeros años de la administración de Taddei.
Uno de los casos más documentados fue la contratación de una memoria institucional de su gestión. El proyecto, denominado Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, recibió autorización por 11 millones 614 mil 586 pesos.
La auditoría DADE/02/ES/2023 estableció que se habían formalizado tres contratos de asesoría por un total de 10 millones 252 mil 474 pesos, sin que sus objetos estuvieran plenamente alineados con los propósitos del proyecto autorizado.
La revisión identificó entregables por 4 millones 298 mil 748 pesos respecto de los cuales no se proporcionó evidencia suficiente para acreditar que los servicios se habían prestado conforme a lo contratado.
También encontró pagos por 2 millones 147 mil 902 pesos cargados a una partida presupuestaria restringida sin contar con la autorización correspondiente. El OIC había advertido previamente que el INE contaba con áreas y personal capaces de elaborar esos informes sin recurrir necesariamente a asesorías externas.
Los fideicomisos del INE también fueron objeto de una controversia sobre legalidad y austeridad.
El 27 de octubre de 2022, SinEmbargo reveló un informe del propio Órgano Interno de Control, el cual señalaba que, de 2018 a 2021, el Fondo para Atender el Pasivo Laboral recibió mil 444 millones 245 mil 707 pesos procedentes de ahorros y economías del capítulo presupuestario de Servicios Personales, entre ellos recursos generados por plazas vacantes.
El OIC advirtió que el INE había utilizado esas economías para alimentar un fideicomiso cuando debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El INE defendió la legalidad de su administración financiera y sostuvo que las transferencias se habían realizado bajo sus normas internas y dentro de las facultades presupuestales derivadas de su autonomía constitucional.
A su vez, la periodista Nancy Flores publicó el 6 de abril de 2024, en Contralínea, una investigación basada en la auditoría interna DAOC/06/FI/2021, en la cual documentó al menos 24 observaciones que no habían sido solventadas por la administración de Lorenzo Córdova antes de concluir su gestión, relacionadas con convenios de cooperación firmados con organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades para la observación de las elecciones de 2015, 2018 y 2021.
Dos contratistas de INE acaparan 9 mil millones
El titular de la ASF expuso vínculos entre dos empresas y funcionarios
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