Rocha Moya se deslinda del caso Ahome

CULIACÁN, Sin., abril 28 (EL UNIVERSAL).- La solicitud de desafuero de funcionarios del ayuntamiento de Ahome, por contratar en arrendamiento 126 patrullas sin licitar, es un asunto que no me incumbe intervenir, ni opinar, ya que es competencia del Poder Legislativo determinar lo que procede, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal aclaró que no puede emitir ningún juicio sobre esta petición que realizó la Fiscalía General del Estado, en base a una denuncia de la Auditoria Superior del Estado.

Solo aclaró que fue la Auditoria Superior del Estado la que presentó la denuncia al determinar que las autoridades de Ahome que preside el alcalde, Gerardo Vargas Landeros, suscribieron un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, por un monto de 171 millones de pesos sin cumplir lo que establece la ley de adquisiciones de haber licitado esta adquisición.

La mañana de este lunes, la sede del Congreso del Estado cerró sus puertas y restringió los accesos, al iniciar una sesión secreta la Comisión Instructora para analizar el dictamen respectivo a la solicitud de iniciar un juicio de procedencia contra el primer edil, Gerardo Vargas Landeros y a los miembros del comité de adquisiciones del ayuntamiento de Ahome.

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El personal de seguridad del Poder Legislativo por primera vez asumió medidas extremas de seguridad para ventilar en secreto, el asunto de la procedencia de desafuero de los funcionarios de este nuevo ayuntamiento, ante la acusación de haber violentado la ley.

A diferencia de las anteriores solicitudes de desafuero de los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y de Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, por acusaciones similares de haber celebrado contratos de arrendamiento de camiones recolectores de basura y compras de lámparas led, en este caso, las restricciones de los accesos fueron excesivas.