Denuncia de violencia política de género entre Miguel Alfonso Meza y Silvia Delgado
El presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, bajo investigación del IEE Chihuahua por presuntos lazos con la familia Guzmán Loera.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la organización Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, informó el martes 19 de0 agosto que fue denunciado por presunta violencia política de género por la jueza electa Silvia Delgado, quien ha sido señalada como exabogada del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
Además, de acuerdo con el activista, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua inició una investigación de 848 páginas en su contra y solicitó a Meta, a TikTok, al SAT y a su compañía telefónica (que prefiere no mencionar abiertamente) la entrega de sus datos personales.
Miguel Meza explicó a EL UNIVERSAL que el SAT y su compañía telefónica se negaron a entregar la información porque, según su respuesta, es confidencial y el órgano electoral no puede exigirla. Sin embargo, reportó que Meta sí brindó datos como número de celular y correo personal, información que fue otorgada al IEE Chihuahua y "a varios pariculares", incluida la abogada Silvia Delgado.
"Entiendo que la abogada de 'El Chapo'' presente esta denuncia. Entiendo, incluso, que le hayan dado trámite. Lo que a mí me parece grave es que como parte de su investigación estén requiriendo información confidencial mía", comentó en entrevista.
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La segunda situación de riesgo, subrayó, es que ni siquiera se le notificó personalmente la denuncia en su contra. Por el contrario, se enteró por un abogado, quien le comunicó hace un par de semanas el proceso penal.
Para el presidente Defensorxs, Silvia Delgado era una candidata "peligrosa" en la primera elección del Poder Judicial de la Federación en México por sus probables vínculos personales con la familia Guzmán Loera.
"En ningún momento he dicho que ella sea narcotraficante o algo por el estilo. Simplemente decimos que es una candidata riesgosa porque tiene vínculos con un cártel y ninguna autoridad revisó cuál es la profundidad de esos vínculos", expuso.
Por lo anterior, considera que una aspirante al Poder Judicial así representaba, inevitablemente, un riesgo a la impartición de justicia en el país.
Para él, no hay violencia política en razón de género en denunciar presuntos nexos con cárteles del crimen organizado:
"Siempre he sido muy cuidadoso sobre nuestras publicaciones. Nunca la hemos desacreditado ni de sus capacidades como abogada ni hemos hecho referencia a algo relacionado con el hecho de que es mujer".
Lo alarmante con la jueza electa Delgado, puntualiza, es que formó parte de la defensa legal de "El Chapo" en México en varios amparos.
Sobre esto, diferenció que hay defensores legales de delincuentes que sostienen una relación "abogado-cliente". Sin embargo, detalló que en otros casos a veces los abogados reciben paga con efectivo no declarado y "en los peores casos" son empleados del crimen organizado voluntaria o involuntariamente.
Defensorxs monitoreó las candidaturas judiciales antes, durante y después de las campañas. Según Miguel Alfonso Meza, se llegó a la consideración de existe "una relación personal" entre Silvia Delgado y la familia Guzmán Loera.
"Revisamos sus redes sociales y para ella era una cuestión de orgullo ser la defensa de 'El Chapo'. Los acompañó a la audiencia del 'Chapo' en Estados Unidos. De hecho, hay una hay un dibujo de ella sentada en audiencia al lado de Emma Coronel [...] Eso ya trasciende la relación estrictamente personal".
Asimismo, recordó que la jueza, además de ser abogada, participó en el documental "Los narcoabogados de los cárteles de México y Colombia" por lo que, indicó, ella misma se prestó a ser catalogada como "narcoabogada".
Sobre esto, aseguró que como abogada ha emitido declaraciones "preocupantes" como que Joaquín Guzmán Loera "es una persona muy ignorante que no tiene capacidad para cometer los delitos que se le acusan, que en realidad el caso en su contra es una fabricación mediática dirigida desde Estados Unidos".
"Estoy tranquilo de que en realidad las publicaciones nunca hacen referencia a que es mujer ni menosprecian su capacidad profesional. Pero aun así el Instituto Electoral de Chihuahua dio nuestros datos e hizo toda esta investigación", condenó.
El hecho de abrir una investigación arbitraria por revisar perfiles de candidatos a un cargo público y fiscalizar dichas conductas por parte del INE es en sí mismo violatorio de la libertad de expresión, consideró Miguel Alfonso Meza.
De acuerdo con él, esto vulnera el periodismo, la crítica ciudadana e inhibe el ejercicio de la libertad opinativa, como en el caso de Karla Estrella, mujer que fue obligada a disculparse públicamente durante 30 días con la diputada Diana Karina Barreras tras cuestionar un presunto nepotismo en la red social X.
Por otro lado, condenó que pedir información confidencial de ciudadanos que hacen labor periodística atenta contra los derechos a la privacidad.
"Un tercer punto, y el más grave, es que compartan esta información confidencial con personas que incluso podrían poner en riesgo la integridad de los ciudadanos que están siendo denunciados", dijo.
El presidente de Defensorxs detalló que desde la organización se denunció, con más de 100 pruebas, una precampaña anticipada de "las ministras del oficialismo" Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Sin embargo, no se abrió ninguna investigación por ese caso.
Por tanto, criticó el "doble estándar" de las autoridades: "Para mí la señal que esto manda es que algunos ciudadanos van a ser fiscalizados de manera abusiva, y que hay personas protegidas por el paraguas del oficialismo. Estas personas no sólo no van a ser sancionadas, sino que tienen un fuero electoral que impide se revise su actuar", condenó.
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