Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX

"Me despierto conectada a una máquina después de estar 10 horas unida a ella", así inicia sus mañanas la activista y principal promotora de la Ley Trasciende, Samara Alejandra Martínez Montaño, quien padece de insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Martínez considera que se encuentra a contrarreloj para lograr la aprobación de la eutanasia debido a la falta de voluntad política.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Samara Martínez relató que a diario consume alrededor de 15 medicamentos. A este tratamiento se suman las dificultades cotidianas para comer, caminar, bañarse, dormir e hidratarse, además de la burocracia de reportar su supervivencia mes a mes con el fin de recibir insumos médicos o costearlos por cuenta propia.

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Entre las rutinas médicas que consumen la mitad de sus días, la periodista chihuahuense transformó su diagnóstico en la búsqueda de una garantía de Estado mediante la iniciativa Ley Trasciende. La propuesta, presentada en el Senado y la Cámara de Diputados a finales de 2025 y turnada en agosto de 2026 al Congreso de la Ciudad de México, busca normar el derecho a una muerte digna. En la actualidad, la iniciativa continúa en proceso de análisis y debate legislativo.
El tiempo de los pacientes no es el mismo que el de los legisladores
"Uno de mis sueños es ver la ley construida y trabajada, pero no sé si me alcance la vida", expresó Samara.
Lo último que se ha hecho por la aprobación de la Ley Trasciende es que diputados locales de Morena anunciaron mesas de diálogo con especialistas, para analizar, debatir y construir una legislación sobre muerte digna en la capital del país.
Respecto al estancamiento de la propuesta, la abogada Paola Zavala, redactora de la Ley Trasciende y también consultada por este diario, señala que la falta de dictaminación no responde a un vacío de apoyo ni a la ausencia de mayorías, ya que la iniciativa cuenta con la firma de legisladores de todas las bancadas, salvo la del PAN. Más bien, denuncia que el proyecto se mantiene frenado por la falta de prioridad en la agenda política y la ausencia de una señal clara desde el Poder Ejecutivo; "no ha habido el banderazo presidencial para eso", aseveró.
Zavala detalla las evasivas institucionales recurrentes: "Todos nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo; señalan que es muy importante, pero sugieren diferirlo al siguiente periodo o realizar otro foro. Se han tomado la foto y armado los conversatorios junto con nosotras, pero la iniciativa no se dictamina", señala.
"Me encantaría verdaderamente que el Estado entendiera la urgencia y la necesidad que existe; todos los días las personas mueren en condiciones de mucho dolor, obligadas a esa agonía, porque el Estado no hace su trabajo, porque los legisladores llevan ya un año sin hacer su trabajo, que es dictaminar y legislar, lo que es sencillo comparado con el trabajo que realizamos los pacientes para mantenernos con vida, por el cual no nos pagan como a ellos", señaló Samara.
La exigencia de un marco legal para el buen morir no solo se litiga en los pasillos del Congreso; también avanza en las salas del máximo tribunal del país.
Silvia García, tanatóloga y paciente de cáncer de mama, impulsa un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar que el Estado mexicano reconozca su derecho a decidir sobre el final de su vida.
El Gran Diario de México conversó con Silvia García, quien contó que, tras presenciar el deterioro y fallecimiento de su hermana mayor a causa del cáncer de mama "en medio de mucho dolor y sufrimiento", recibió por primera vez el mismo diagnóstico. La experiencia la motivó a formarse profesionalmente como tanatóloga y dula de fin de vida, dedicándose a brindar apoyo clínico a enfermos terminales.
En 2018, una recaída con un carcinoma mamario más agresivo la enfrentó de nuevo con el dilema de la agonía y la falta de garantías legales en México. Junto con el abogado Alex Méndez Díaz, elaboró un amparo que impugna los preceptos que prohíben y criminalizan la eutanasia. Tres años después de su presentación, la SCJN decidió atraer el caso para estudiar si la legislación actual resulta inconstitucional.
"Los tiempos no son los mismos, tanto de las leyes como de los enfermos. Si en algún momento los tratamientos no tienen el resultado esperado, quiero tener la posibilidad de no llegar hasta el final con dolores que no se me hacen dignos ni para mí ni para mi familia", sostiene Silvia.
"Nada más falta voluntad política, y en el caso de los servidores públicos, que sea un tema de prioridad, para que avance", asevera Martínez Montaño. De acuerdo con Samara, la Ley Trasciende está "atorada" porque la Secretaría de Salud no ha emitido la opinión técnica que necesitan las comisiones para dar el siguiente paso.
La activista considera que se encuentra "contrarreloj", pues el próximo año habrá elecciones y el cabildeo tendría que iniciar desde cero hasta 2028, periodo en el que proyecta carecer de la fuerza y vitalidad actuales. "Marzo 2027 es fecha límite en donde se puede hacer algo. Y si ya no se hizo, pues ya no avanzó; esa es la realidad", afirmó.
¿Qué es la Ley Trasciende?
La abogada Paola Zavala explicó que la iniciativa "busca modificar la Ley General de Salud" para despenalizar y garantizar la muerte asistida sin la complejidad técnica que implicaría una reforma constitucional, y que el Estado provea los insumos médicos necesarios.
La iniciativa plantea eliminar el delito de "homicidio por piedad", el cual se refiere a la eutanasia. A diferencia de otros países, detalla la letrada, el texto legislativo elimina los criterios subjetivos como "padecer un sufrimiento insoportable" para evitar ambigüedades éticas o judiciales y establece dos condiciones objetivas para solicitar el procedimiento: contar con un diagnóstico de enfermedad terminal o padecer una condición crónico-degenerativa, discapacitante o incurable.
Asimismo, establece una serie de requisitos: Que dos médicos facultados confirmen el mismo diagnóstico, así como una certificación de consentimiento/voluntad emitida por un notario, quien deberá revisar los diagnósticos médicos, la cédula de los doctores, que la persona está en pleno uso de sus facultades mentales y es mayor de edad. Cinco días después de emitirse la certificación, quien desea realizar la eutanasia deberá asistir a refrendar su voluntad, para "evitar que se tome una decisión impulsiva".
Si una persona obtiene la autorización legal, pero decide no concretar el procedimiento, no existe fuerza ni figura médica que pueda obligarla a continuar. "El médico no va a decir: 'No, señor, usted dijo que sí'. El paciente mantiene todo el tiempo su capacidad y agencia de poder decir: 'Siempre no'", asegura la defensora legal.
Una vez obtenida la certificación notarial, un espacio de salud pública o privada deberá proporcionar la eutanasia. Asimismo, contempla la objeción de conciencia para el personal de salud, asignando al Estado la responsabilidad de contar con médicos no objetores en el sistema público.
Encuentros y mesas de trabajo con profesionales de la salud han demostrado que la objeción de conciencia no representa una barrera, sino que existe un sector dispuesto a acompañar la muerte asistida: "Hemos hecho ya muchos encuentros con personal médico y hay mucha sensibilización; están de acuerdo y muchos estarían dispuestos a hacerlo", detalla Zavala sobre la recepción del gremio.
La abogada enfatiza además un amplio respaldo ciudadano, recordando que "más del 70% de la población a nivel federal está de acuerdo y a nivel local el 86%", según la encuesta nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016-2022, además de sumar 191 mil 745 firmas verificadas en la plataforma Change.org.
"Esto es por todos, inclusive por los que hoy gozan de buena salud. La salud es este gran privilegio que se puede perder en un abrir y cerrar de ojos... Más vale tener el derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo", enfatiza Samara Martínez.
¿Morir con dignidad es un privilegio de clase?
Las tres mujeres entrevistadas coinciden en que morir con dignidad es un privilegio socioeconómico e incluso una cuestión de género. Detallan que la ausencia de una legislación pública provoca que solo quienes poseen recursos económicos suficientes busquen alternativas en países donde la eutanasia está regulada, como Suiza o España.
Samara rememora haber evaluado un viaje a Suiza para someterse al procedimiento, pero descubrió que "cuesta casi lo mismo que un trasplante de riñón" y además implica "ir a morir a un país que no conoces, que no amas y al que difícilmente te puede acompañar toda tu familia, porque nadie quiere morir solo".
"Las personas que más pierden cuando alguien está en etapa terminal y ya se quiere ir son los pobres", advierte la abogada Paola Zavala, al señalar que las enfermedades generan un desgaste financiero severo por el costo acumulado de medicamentos e insumos. Además, destaca que los hogares vulnerables agotan su patrimonio y delegan la carga del cuidado, mayormente a las mujeres.
Clandestinidad, estafas, suicidio y silencio
Esta barrera económica no solo aplica para quienes buscan opciones en el extranjero, sino para quienes enfrentan enfermedades irreversibles en la nación. Las tres entrevistadas advierten que, ante la vulnerabilidad, la desesperación y la prohibición, surge la clandestinidad, a la que solo acceden quienes poseen la capacidad adquisitiva, no sin exponerse a riesgos sanitarios, extorsiones y fraudes.
"Una conocida pagó 50 mil pesos a un paramédico por una eutanasia sin contarle a nadie y despertó tres días después. O no inyectó la dosis correspondiente o no realizó bien el procedimiento, lo que le ocasionó otra lesión física e impactos emocionales irreparables", relató Samara.
Otro efecto derivado de la prohibición es el temor a la persecución penal por el delito de homicidio por piedad. Martínez recuerda cómo este marco legal ha silenciado el duelo familiar: "He conocido personas que, 15 años después de realizar el proceso en la ilegalidad, finalmente expresan: 'Nosotros ayudamos a nuestro papá a fallecer y nunca lo habíamos podido decir en voz alta por miedo´".
A la par de las estafas y la negligencia médica, la prohibición empuja a decisiones trágicas en soledad. Entre las historias documentadas por Samara Martínez destaca la de un abogado cuyo padre, tras ser diagnosticado con Alzheimer y cáncer, se quitó la vida para evitar el deterioro y dejar de reconocer a su familia.
De adolescente, el hijo escuchó el disparo en su casa. "Él me comentaba: 'Si mi papá hubiera tenido la opción del Estado, nos habríamos acompañado y la narrativa sería totalmente diferente. No es lo mismo sostener su mano hasta el final que presenciar una escena tan traumática´", relata la activista.
Para Martínez Montaño, el caso ejemplifica una crisis desatendida. "La tercera causa de suicidio en México se debe a dolores físicos insoportables. Regular la muerte digna evitaría orillar a las personas a desenlaces tan dolorosos", apunta.
Trasciende
"Si he tenido una buena vida, también aspiro a tener una buena muerte", sintetiza Silvia García. Para la tanatóloga y paciente de cáncer de mama, un fallo favorable de la SCJN no solo resolvería su amparo, sino que sentaría un hito constitucional y un precedente para quien lo requiera en el futuro.
"¿Qué tipo de sociedad tenemos como para no voltear a ver a quien sufre y decir: 'Te ayudo'? ¿Cuál es el propósito o la ganancia de tener a alguien sufriendo durante años y prolongándole algo que no quiere, si al final va a morir? ¿De quién es la decisión? Pareciera que la tienen el Estado, la sociedad o los doctores; todos menos quien la debería tener, que es precisamente, el paciente", son los cuestionamientos de Samara ante la falta de legalización de la eutanasia y la autonomía sobre la vida.